Primer trimestre: la economía ordena ¿la política define?

Inflación, reservas y actividad en un trimestre clave para anclar expectativas

El primer trimestre del año encuentra al gobierno de Javier Milei frente a un escenario económico y financiero desafiante, marcado por la propia dinámica de un proceso de estabilización que busca corregir desequilibrios macroeconómicos acumulados. Desde una perspectiva estrictamente técnica, este período inicial se caracteriza por la necesidad de ordenar variables clave en un contexto de elevada incertidumbre, donde la consistencia del programa económico resulta central para la formación de expectativas de los agentes económicos.

Uno de los principales focos de atención está vinculado al calendario de vencimientos de la deuda pública, en particular en moneda local. La elevada concentración de obligaciones de corto plazo obliga al Tesoro a sostener niveles elevados de refinanciamiento, lo que convierte cada licitación en una prueba de confianza del mercado. En este sentido, la mayor parte de los vencimientos se concentra en instrumentos de tasa fija en pesos, principalmente LECAP de corto plazo, lo que expone al esquema financiero a una fuerte dependencia del rollover. A ello se suma un calendario exigente en moneda extranjera, con vencimientos de BOPREAL estimados en torno a los USD 1.000 millones durante febrero, mientras que en marzo se observa una mayor concentración de instrumentos indexados por CER. “La sostenibilidad del esquema depende no solo de la liquidez disponible, sino también de la credibilidad del ajuste fiscal”.

El frente externo de financiamiento continúa condicionado por el nivel del riesgo país, que funciona como un indicador sintético de la percepción de sostenibilidad macroeconómica. En este trimestre, uno de los objetivos implícitos del Gobierno es lograr una compresión del riesgo país hacia la zona de 450/400 puntos básicos, lo que permitiría mejorar el acceso al financiamiento externo y reducir el costo de endeudamiento en los mercados internacionales. Sin embargo, el nivel actual del indicador refleja que los inversores aún demandan señales claras y persistentes de equilibrio fiscal, acumulación de reservas y estabilidad institucional. Un riesgo país elevado no solo limita el crédito soberano, sino que también encarece el financiamiento del sector privado.

La política de tasas de interés constituye otro eje central del trimestre, dado su impacto sobre la estabilidad financiera, la demanda de pesos y el nivel de actividad. En el corto plazo, el mercado descuenta que las tasas de referencia del sistema financiero, como BADLAR y TAMAR, se mantendrían en un rango estimado de entre 25% y 35% anual para los próximos 90 días. La estrategia oficial apunta a sostener tasas reales positivas como ancla nominal, con el objetivo de desalentar la dolarización de carteras y contribuir al proceso de desinflación. No obstante, tasas elevadas implican un mayor costo de financiamiento para el sector público y privado, profundizando las tensiones sobre la actividad económica, lo que vuelve particularmente delicado el equilibrio entre estabilidad monetaria y crecimiento.

El nivel de actividad económica muestra señales de desaceleración durante el inicio del año, en línea con el ajuste fiscal, la caída del salario real y la recomposición de precios relativos. Los sectores más vinculados al consumo interno y a la obra pública presentan una contracción más marcada, mientras que algunas actividades orientadas a la exportación exhiben una mayor resiliencia relativa. Desde el punto de vista macroeconómico, esta dinámica resulta consistente con un proceso de corrección de desequilibrios, aunque plantea interrogantes sobre la magnitud del impacto en el corto plazo y la velocidad de una eventual recuperación.

La evolución del empleo y del ingreso disponible será clave para evaluar el desempeño económico a lo largo del año. Si bien existen proyecciones que contemplan la posibilidad de un crecimiento de la economía en términos agregados, persisten riesgos significativos en sectores que continúan rezagados desde el inicio de la gestión, como el sector textil, automotriz, plástico, metalúrgico y la construcción, todos ellos intensivos en empleo y sensibles al ciclo económico. En contraposición, las expectativas de inversión resultan más favorables en sectores como hidrocarburos, minería, energía y el sistema financiero, donde los flujos de capital dependen en mayor medida de condiciones macroeconómicas y regulatorias que de la demanda interna.

El sector externo constituye uno de los pilares del programa económico, dado que la acumulación de reservas internacionales es un factor clave para reducir la vulnerabilidad financiera. En este contexto, el éxito de la acumulación de reservas depende en gran medida de la evolución de los precios internacionales de los commodities, particularmente de los productos primarios como la soja, el maíz, el trigo y el girasol, que explican una parte sustancial de las exportaciones argentinas. Si bien en el corto plazo la contracción de la actividad tiende a moderar la demanda de importaciones y mejora el saldo comercial de manera transitoria, la sostenibilidad del frente externo está estrechamente vinculada al desempeño del complejo agroexportador y a las condiciones del mercado internacional. Pero la meta de alcanzar el nivel de USD 50.000 millones de reservas brutas es un objetivo razonable para el corto plazo.

El desafío consiste en evitar que el superávit comercial sea exclusivamente el resultado de una economía en recesión. Para ello, resulta necesario avanzar en políticas que promuevan la competitividad externa, reduzcan costos logísticos y faciliten el acceso a mercados, sin introducir distorsiones que afecten la asignación de recursos. La evolución del comercio exterior durante el primer trimestre ofrecerá señales relevantes sobre la capacidad del esquema económico para generar dólares genuinos.

La inflación continúa siendo la variable más sensible desde el punto de vista económico y social. Tras un ajuste inicial asociado a la corrección de precios relativos, el Gobierno apuesta a una desaceleración gradual del ritmo inflacionario, sustentada en el equilibrio fiscal y la restricción monetaria. Entre las herramientas complementarias para contener la inflación se encuentra la apertura de importaciones, que introduce mayor competencia en el mercado interno y contribuye a moderar los precios. No obstante, esta estrategia plantea desafíos relevantes para las pequeñas y medianas empresas locales, que enfrentan mayores niveles de competencia externa en un contexto de costos financieros elevados y demanda interna debilitada.

Desde una mirada técnica, la trayectoria de la inflación dependerá del grado de coordinación entre las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, así como de la capacidad de anclar expectativas en una economía con altos niveles de indexación. La credibilidad del proceso desinflacionario se construye a partir de resultados consistentes en el tiempo y no únicamente de anuncios de política económica, por lo que los datos del primer trimestre serán observados atentamente por el mercado, las empresas y los hogares.

En conjunto, los desafíos económicos y financieros del primer trimestre reflejan una etapa de transición en la que la consistencia del programa macroeconómico resulta determinante. La sostenibilidad fiscal, la previsibilidad monetaria y la capacidad de generar confianza aparecen como los ejes centrales para atravesar esta fase inicial. Si bien el corto plazo presenta tensiones inevitables, el comportamiento de las principales variables durante estos primeros meses permitirá extraer señales relevantes sobre la dirección y coherencia del rumbo económico, sin que ello habilite aún conclusiones definitivas sobre sus resultados en el mediano plazo.

Desafíos políticos y sociales para sostener el plan económico

Más allá de la consistencia técnica del programa, el primer trimestre abre un frente decisivo: la capacidad política para sostener reglas, coordinar decisiones y administrar costos en un contexto de incertidumbre alta.

En un esquema donde la credibilidad es un insumo central para anclar expectativas, cualquier señal de improvisación o conflicto interno puede amplificar la volatilidad financiera y erosionar la eficacia de las anclas nominales. Por eso, el desafío no es solo qué medidas se toman, sino cómo se gobierna su implementación: con qué coherencia, con qué respaldo y con qué disciplina de ejecución.

En materia de deuda y financiamiento, la necesidad de refinanciar vencimientos de corto plazo vuelve a cada licitación una prueba de confianza que trasciende lo financiero. Políticamente, eso exige ordenar vocerías, evitar disputas públicas entre áreas económicas y sostener una coordinación creíble entre Tesoro y Banco Central. La estabilidad del esquema depende de transmitir una hoja de ruta consistente y de reducir el margen para interpretaciones de “plan en revisión”. “Los inversores leen equilibrio fiscal y reservas, pero también capacidad de construir gobernabilidad, previsibilidad normativa y un marco político que reduzca el riesgo de reversión”.

En el plano monetario, sostener tasas reales positivas como ancla puede contribuir a la demanda de pesos y a la desinflación, pero abre un frente político clásico: el conflicto distributivo. Tasas altas encarecen el crédito, tensan el financiamiento del sector privado y empujan reclamos desde sectores productivos y provincias; al mismo tiempo, relajar demasiado rápido puede reabrir la dolarización de carteras y golpear expectativas. Gobernar ese equilibrio requiere administrar presiones cruzadas, priorizar secuencias y sostener una narrativa pública clara sobre costos y objetivos.

El frente social también condiciona. Con caída del salario real, ajuste fiscal y desaceleración de la actividad, especialmente en sectores intensivos en empleo y ligados al mercado interno; la pregunta política es cómo contener conflictividad y preservar legitimidad mientras se busca estabilizar. En ese marco, la estrategia antiinflacionaria vía mayor competencia importadora agrega tensión: puede ayudar a moderar precios, pero expone a las pymes a un shock competitivo en un momento de demanda débil y costos financieros altos. El diseño de compensaciones, gradualismos o esquemas de transición se vuelve, entonces, un problema político tanto como económico.

Por último, la acumulación de reservas y la generación de “dólares genuinos” obligan a gestionar coaliciones de interés: complejos exportadores, provincias, cadenas logísticas y sectores estratégicos. Evitar que el superávit comercial sea únicamente un efecto de recesión implica avanzar en competitividad, infraestructura y reglas de juego, un terreno donde aparecen disputas por ganadores y perdedores, además de negociaciones con actores federales. “El trimestre no sólo pone a prueba variables macro: pone a prueba capacidad de coordinación estatal, construcción de apoyo político y manejo del conflicto”, condiciones necesarias para que la estabilización sea sostenible.

En el fondo, el experimento del primer trimestre del 2026 se define en un triángulo de poder: mercado, Congreso y calle. La desinflación le da aire (INDEC marcó 2,8% en diciembre 2025 y 31,5% anual), pero ese aire se paga con tensión social: salarios apretados, actividad frágil y sindicatos ya en modo confrontación frente a la reforma laboral. Y mientras el Gobierno muestra “control” renovando vencimientos también admite que la calma cuesta cara: tasas altas, margen político finito y una gobernabilidad que se mide semana a semana.

Si no logra convertir la épica del ajuste en una coalición mínima de sostén, el programa queda expuesto al peor escenario: que cada licitación, cada votación y cada protesta funcionen como un plebiscito permanente y la Argentina vuelva a hacer lo que mejor sabe: renegociar las reglas cuando el partido ya va por el segundo tiempo.