Perón y la Standard Oil: ¿un espejo para Venezuela?

Juan Domingo Perón obtuvo su reelección presidencial para el período 1952-1958 en noviembre de 1951, tras lograr poco más del 63 por ciento de los votos. Superó a la fórmula integrada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, que alcanzó el 32 por ciento de los sufragios. Aquella elección fue la primera vez en que las mujeres argentinas ejercieron su derecho al voto.

En julio de 1952 falleció Eva Duarte. Tres meses antes, el presidente Perón había anunciado la puesta en marcha del Segundo Plan Quinquenal (1952-1957), que tenía como objetivo fundamental “consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política”, postulados básicos de la doctrina justicialista de entonces.

El nuevo programa económico contemplaba que el Poder Ejecutivo Nacional destinara recursos públicos para el desarrollo de las fábricas estatales y mixtas en sectores clave como los de la siderurgia, la petroquímica y la maquinaria agrícola. Además, se otorgarían subsidios y créditos preferenciales para empresas privadas que invirtieran en sustitución de importaciones, como tractores y bienes durables.

Durante la primera presidencia de Perón (1946-1952), la relación bilateral con Estados Unidos, gobernado por el demócrata Harry Truman, estuvo caracterizada por los constantes cortocircuitos mantenidos con los funcionarios más destacados del Departamento de Estado y, especialmente, con su embajador en Buenos Aires, Spruille Braden, quien había operado fuerte para impedir el acceso de Perón al poder en 1945, a quien acusaba de extrema simpatía con las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Tanto el gobierno estadounidense como varios mandatarios europeos hicieron públicas sus críticas a la filosofía económica establecida por el peronismo en la reforma de la Constitución Nacional de 1949, que también habilitó la reelección presidencial.

El artículo 40 de la nueva carta magna enumeraba una serie de postulados en asuntos de energía que alejaron el interés de las empresas extranjeras para invertir en petróleo y minería. La norma estableció que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

El republicano Dwight Eisenhower sucedió a Truman al frente de la Casa Blanca a partir de enero de 1953. Al poco tiempo designó como enviado especial para América Latina a su hermano Milton, quien explicó entonces que su misión consistía en “estudiar las condiciones del continente y sugerir cambios en políticas y programas que fortalezcan los lazos de amistad entre Estados Unidos y sus vecinos del Sur”. En julio de ese año, el diplomático viajó a Buenos Aires y se entrevistó con Perón.

Poco tiempo después, con el visto bueno del gobierno estadounidense, fue sancionada la ley 14.222 de Inversiones Extranjeras dirigida a capitales foráneos que se incorporasen al país para invertir en la industria y en sectores energéticos y de minería, ya sea instalando plantas nuevas o asociándose con existentes para su expansión y modernización tecnológica. La norma establecía que para el ingreso de divisas del exterior o de bienes productivos (maquinarias, equipos) se necesitaba la aprobación previa del Poder Ejecutivo, en sintonía con los lineamientos del Segundo Plan Quinquenal.

En abril de 1955, el segundo gobierno peronista enfrentaba una preocupante crisis económica. Con un índice de inflación creciente, escasas reservas internacionales en el Banco Central y un deficitario cuadro en la balanza energética, el líder del justicialismo decidió encarar una riesgosa jugada política que no solo sorprendió a todo el arco opositor a su gobierno, sino también a los gobiernos de Estados Unidos y de varios países europeos.

En ese contexto es que en el mes de mayo Perón anunció la firma del contrato del gobierno con la empresa California Argentina de Petróleo S.A., filial de la Standard Oil of California (SOCAL). Su objeto principal era el otorgamiento a la compañía estadounidense (en la que tenía participación el ex embajador Braden) del control para la exploración y explotación de grandes áreas en la provincia de Santa Cruz durante 40 años.

La empresa se comprometía a una inversión inicial que rondaba los 13 millones de dólares. El decreto fue enviado al parlamento nacional, pero no alcanzó a ser convertido en ley por el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955.

En 1954, cuando se desempeñaba como diputado nacional, Arturo Frondizi había publicado el libro Petróleo y política, reivindicando, entre otras cosas, la capacidad de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para lograr el autoabastecimiento de petróleo sin ayuda de empresas extranjeras del sector energético. Un año después calificó a los contratos petroleros de Juan Domingo Perón como “una ancha franja colonial cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje”.

En mayo de 1958, Frondizi llegó a la presidencia de la Nación y, dejando de lado sus fuertes críticas a Perón, auspició una política petrolera asociada a las principales empresas extranjeras del sector.

En su análisis de los años peronistas (1943-1955), el sociólogo Juan Carlos Torre señaló que “el contrato con la Standard se convirtió en la víctima propiciatoria para una heterogénea oposición que atravesaba todo el espectro político, pero fue utilizado en especial por los tradicionales adversarios radicales, socialistas y conservadores de Perón para apelar a la sensibilidad de aquellos cuya misión era defender esa soberanía, las Fuerzas Armadas”.

“A la luz de su ulterior disposición a aceptar la inversión extranjera en la industria petrolífera, es lícito preguntarse si el contrato firmado por el gobierno de Perón fue una causa real o solo un pretexto para las medidas tomadas por los militares en 1955 a fin de expulsarlo del poder”, completó Torre su análisis.