Violencia de género y adolescencia

La adolescencia es una etapa decisiva del desarrollo humano. Es el momento en que las y los jóvenes comienzan a construir su identidad, explorar vínculos afectivos y adquirir habilidades para resolver conflictos. También atraviesan la maduración sexual y empiezan a tomar decisiones sobre su salud en general. En este proceso, el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva (SSR) es fundamental, pero múltiples factores psicosociales (normas culturales y de género, estigmas, presiones sociales, dinámicas familiares y creencias individuales) suelen dificultarlo.

Las creencias, actitudes y prácticas de los adolescentes no se forman en el vacío: están moldeadas por los contextos donde crecen y se desarrollan. Y es allí donde la violencia en los vínculos aparece como un problema grave, persistente y muchas veces silenciado. Sus consecuencias, como el embarazo no intencional, aborto inseguro, lesiones, depresión y ansiedad, pueden condicionar de manera significativa las oportunidades educativas y laborales futuras de quienes la sufren, y por lo tanto, de su desarrollo integral. La magnitud del problema subraya la urgencia de desarrollar políticas e intervenciones tempranas basadas en evidencia.

Un estudio reciente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), institución académica independiente afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, identificó importantes vacíos en las políticas públicas de salud sexual, reproductiva y materna en América Latina y el Caribe, especialmente en poblaciones vulnerables. En el caso de adolescentes, se destacan barreras geográficas y culturales; discriminación y estigmatización; criminalización; escasa formación del personal de salud en género y derechos humanos; y dificultades de acceso a servicios esenciales, incluida la educación sexual integral (ESI) y el aborto legal. Además, se destaca la urgencia de ofrecer información y orientación concreta sobre qué hacer y dónde acudir para recibir contención y asistencia, junto con intervenciones que aborden las causas profundas de la violencia y brinden a mujeres y adolescentes herramientas que fortalezcan su autonomía.

En otra investigación llamada “La mente importa”, liderada por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), orientada a mejorar el acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva y a promover su bienestar emocional, se llevaron a cabo en la Ciudad de Tandil, entrevistas con docentes, personal de salud y los propios jóvenes. Entre los hallazgos, los participantes señalaron la presencia de vínculos entre pares atravesados por conductas de control, especialmente mediadas por las redes sociales: revisión de teléfonos, monitoreo de conversaciones y celos naturalizados. Estos comportamientos, descritos por los entrevistados como “tóxicos”, consolidan dinámicas de violencia que comienzan a manifestarse a edades cada vez más tempranas.

Estos hallazgos locales se alinean con investigaciones internacionales. Un estudio recientemente publicado en The Lancet presentó por primera vez estimaciones nacionales comparables a nivel global sobre violencia física o sexual ejercida por parejas íntimas contra adolescentes de 15 a 19 años en 161 países. El análisis, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recopilados entre 2000 y 2018, mostró que el 24% de las adolescentes que han tenido alguna relación (alrededor de 19 millones de jóvenes) fueron víctimas de violencia por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años.

En Argentina, según datos de UNFPA, se registran más de 8.000 denuncias anuales de violencia de género entre jóvenes. Más del 17% de las víctimas tiene entre 15 y 24 años, y el 83% ha sufrido violencia durante uno a cinco años. En 8 de cada 10 casos, el agresor es la pareja o expareja. El extremo más dramático de esta problemática es el femicidio: de acuerdo con el Observatorio MuMaLa, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 229 femicidios, lo que equivale a uno cada 34 horas. Más de 150 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos, y al menos 22 de las víctimas eran niñas o adolescentes.

Garantizar que las y los adolescentes cuenten con información confiable, recursos accesibles y acompañamiento adecuado es darles herramientas que fortalezcan su capacidad de agencia y de acción, algo indispensable para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su salud reproductiva y construir relaciones libres de violencia y estereotipos. Para ello es imprescindible una articulación real entre los sistemas de salud, educación y justicia; el fortalecimiento de políticas nacionales y subnacionales; y la inclusión activa de adolescentes en la identificación de problemas y soluciones.

La salud pública es profundamente política: define qué problemas se reconocen como prioritarios y cuáles quedan relegados. Minimizar o negar la dimensión de género en las violencias que sufren mujeres y diversidades, incluidas las jóvenes, impide transformar prácticas arraigadas y reproduce desigualdades estructurales. Incorporar perspectiva de género al análisis de datos y políticas no se trata solamente de sensibilizar, asistir o sancionar. Implica comprometerse con el diseño de intervenciones basadas en evidencia que busquen transformar conductas y modificar el status quo de las relaciones de poder subyacentes en la sociedad.

*Investigadora en el CIIPS (IECS),Licenciada en Ciencia Política (UBA), Maestría en Ciencia Política (UTDT) y Maestría en Efectividad Clínica (IECS-UBA)