Hace casi veinte años, el homicidio de Nora Dalmasso dejó de ser un hecho aislado para transformarse en un termómetro del funcionamiento del sistema penal argentino. Hoy, con un jury que revisa la actuación de fiscales que dirigieron la pesquisa, la discusión ya no es sólo quién fue el autor: es cómo se investiga, qué prioridades se adoptan y qué responsabilidad se asumen cuando la investigación falla.
Que tres fiscales —Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro— enfrenten un proceso por presunta negligencia es, en términos institucionales, una señal ineludible. No se trata únicamente de determinar culpas individuales; es reconocer que el problema excede a las personas y apunta a las prácticas arraigadas en la administración de justicia criminal.
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Cuando la hipótesis sustituye a la prueba
Una lección central que deja este caso es elemental y, sin embargo, se reiteró con costes devastadores: la investigación penal no puede fundarse en conjeturas. En el caso Dalmasso, la investigación privilegió durante años una hipótesis centrada en el círculo íntimo de la víctima, mientras otras líneas de trabajo fueron postergadas o ignoradas. Ese desplazamiento no es menor: vulneró la dignidad de personas sometidas a escrutinio injustificado y, sobre todo, diluyó recursos y tiempos que, en la investigación criminal, son irrecuperables.
La tardanza en incorporar pruebas técnicas, entre ellas análisis genéticos que terminaron aportando información relevante, ilustra otro error estructural. Cuando la ciencia llega tarde, a veces la ley del tiempo —prescripción, pérdida de trazabilidad— termina por neutralizar la eficacia de la prueba misma.
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El valor del ADN y la profesionalización parcial
No todo fue inercia. En las últimas dos décadas el sistema incorporó herramientas imprescindibles: la centralidad de la prueba científica, el fortalecimiento de la cadena de custodia y la gradual profesionalización de peritajes e investigación. El ADN dejó de ser un elemento más para constituirse en un parámetro de certidumbre que orienta, corrige y limita hipótesis erróneas.
También se avanzó —aunque de forma desigual— en protocolos que intentan prevenir sesgos cognitivos: reconocer que la hipótesis inicial puede condicionar decisiones es un paso necesario para mejorar prácticas.
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En ese sentido, la existencia misma del jury sobre fiscales revela una institucionalidad que, al menos formalmente -y tarde-, admite revisar y sancionar desempeños deficientes.
Los vicios que persisten
Pero las transformaciones son incompletas. Persisten vicios que desnaturalizan la investigación penal. Primero, el sesgo investigativo: la tendencia a construir culpables a partir de intuiciones y no a reconstruir hechos con método.
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Segundo, la presión mediática, que muchas veces impone plazos y expectativas incompatibles con una pesquisa rigurosa. Tercero, la escasa incidencia de consecuencias reales por decisiones erróneas: durante años, decisiones defectuosas no tuvieron castigo efectivo, lo que alimenta la repetición de prácticas permeables al error.
El saldo es tangible: a casi 20 años, no sabemos la verdad, hay un homicidio sin condena firme, tramos de la causa alcanzados por la prescripción y una percepción social de fracaso del sistema que erosionó confianza pública en el derecho penal.
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El significado del juicio a fiscales
El jury que se abre no debe limitarse a una lógica sancionadora de manual. Tiene que servir como instancia de revisión profunda de metodologías, protocolos y responsabilidades institucionales.
Juzgar a tres fiscales sin interrogar las prácticas que habilitaron esos errores sería un gesto incompleto: la sanción individual es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de reformas concretas en el modo de investigar.
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La enseñanza es clara para quienes ejercemos el derecho: la Justicia no sólo debe hallar culpables, sino construir verdad con procedimientos que respeten garantías y eficacia probatoria. Cuando la investigación falla, el daño no es sólo a las víctimas y sus familias; es al propio sistema de justicia, que pierde legitimidad y capacidad de respuesta.
Si hay una obligación ética y técnica ineludible, es aprender institucionalmente de estos fracasos. No alcanza con buscar responsables: hay que transformar prácticas. Y eso exige voluntad, formación, protocolos claros y mecanismos reales de control y reparación. Sóllo así la palabra “justicia” recuperará su sentido frente a casos como el de Nora Dalmasso.
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