Se abre una oportunidad para promover reformas estructurales ambiciosas

El resultado de las elecciones del 26 de octubre representa un avance para el funcionamiento de la economía. En los días previos a los comicios, la fuerte tensión financiera afectaba a la economía real, una situación que solo se mitigó parcialmente gracias al respaldo del gobierno de Estados Unidos.

Las elevadas tasas de interés en pesos no lograban impedir que el tipo de cambio tocara el límite superior de la banda de flotación, lo que repercutía tanto en la actividad como en las decisiones de consumo.

Esa menor probabilidad de un retorno al populismo podría favorecer la reactivación de inversiones.

El riesgo político venía en aumento tras los resultados de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, así como por las consecuencias de ciertos errores de política económica.

El desenlace de los comicios del domingo 26 de octubre permitió al Gobierno sumar más respaldo del esperado en el Congreso, lo que facilitaría la puesta en marcha de reformas más profundas y redujo sensiblemente la posibilidad de que, a fines de 2027, retorne al poder una fuerza política que aún sostiene la necesidad de otro default y no reconoce sus decisiones que llevaron a déficits fiscales financiados con emisión y, por ende, a tasas de inflación astronómicas.

Una probabilidad menor de regresar a esas políticas podría motorizar inversiones, ya que nadie coloca capital significativo en una economía en la que espera cambios arbitrarios en las reglas de juego.

Los congelamientos de tarifas, los cambios en la libre disponibilidad de divisas avalada por ley y las alteraciones de la estabilidad tributaria ilustran el comportamiento oportunista del populismo local en años recientes.

La nueva configuración legislativa debería facilitar la puesta en marcha de reformas estructurales de mayor alcance.

En el plano laboral, persisten desafíos relacionados con la rigidez de los contratos, los altos costos de despido, la litigiosidad y la carga impositiva y parafiscal. Las dificultades no se limitan a la negociación colectiva, que impone condiciones homogéneas en provincias con realidades distintas.

En Argentina se observa una baja flexibilidad para celebrar contratos a tiempo parcial o temporario, y la indemnización por despido equivale a un mes de salario por cada año de antigüedad, un nivel elevado en la comparación internacional que la justicia laboral y los riesgos del trabajo incrementan aún más. Una opción es unificar el fuero laboral con el comercial, aunque es imprescindible que las provincias aborden los conflictos de su jurisdicción.

Además, se requiere definir criterios más precisos para acotar los márgenes de interpretación de la ley. El país registra la mayor brecha entre el costo laboral y el salario neto de la región, pero cerrar esa distancia demanda fuentes fiscales alternativas.

Los sindicatos perciben ingresos excepcionalmente altos, sin que esto implique beneficios claros para los trabajadores. Corregir este “impuesto con recaudación privatizada” debería constituir un eje prioritario.

Las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, que disminuyen la presión tributaria, no reducen los costos de las empresas, bajan la recaudación y afectan la capacidad distributiva del tributo.

El resultado electoral ha disminuido de forma significativa el riesgo político. Sin embargo, la economía debe retornar a los niveles de tasas de interés previos al 15 de julio. Esa normalización no necesariamente se traducirá en un tipo de cambio más depreciado si solo se consideran los flujos privados de divisas.

Resta mejorar las reservas del BCRA, lo cual exige que -tal como establece el acuerdo con el FMI- la autoridad monetaria compre divisas dentro del margen de flotación. La ventaja radica en que existe espacio para aumentar la cantidad de dinero circulante partiendo de un nivel muy bajo.

Los desafíos continúan siendo relevantes, aunque el Gobierno parece haber aprendido de algunos desaciertos previos.

El cuadro adjunto compara agregados monetarios como porcentaje del PBI para los meses de inflación igual o menor al 2% desde 2003, registros de un período sin cepo y la situación actual. Se observa que hay margen para aumentar la base monetaria, lo cual permitiría sumar reservas sin neutralizar su impacto monetario.

Por otro lado, las compras de divisas para pagos de deuda podrían limitarse o, incluso, dejar de ser necesarias en caso de lograr acceso a los mercados de capitales, una opción ahora factible por la asistencia estadounidense.

En materia fiscal, los obstáculos que afectan la competitividad surgen de impuestos a transacciones financieras, retenciones, ingresos brutos, sellos y tasas de seguridad e higiene. En su conjunto, estos tributos aportan cerca del 7% del PBI y participan los tres niveles del Estado. Reducir el número de impuestos no constituye una reforma relevante: lo esencial no es la cantidad, sino las distorsiones que provocan. El sistema fiscal argentino se agravarían si todos los tributos fueran reemplazados por “un gran impuesto a los ingresos brutos”.

En ese contexto, las alternativas serían avanzar hacia una flotación sin bandas, sin reservas netas, utilizando el swap convenido con el gobierno estadounidense como solución provisional a la debilidad de los activos del BCRA, o bien ajustar las bandas, elevando principalmente el piso, para evitar una apreciación prematura del peso antes de una llegada masiva de exportaciones e inversiones.

En definitiva, si bien los desafíos continúan, el Gobierno parece haber capitalizado lecciones recientes. El 26 de octubre pudo haber sido el punto de partida para comenzar a recuperar el terreno perdido.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 680 de FIEL