El “costo argentino” y la falta de transparencia que pagamos todos

¿Sabemos realmente cuánto pagamos en impuestos? ¿Y qué parte de ese esfuerzo se destina a financiar servicios públicos de calidad? Me arriesgo a decir que la mayoría de los argentinos respondería que no. Nuestro sistema tributario se caracteriza por una alta presión fiscal combinada con poca transparencia, lo que desalienta la inversión, reduce la formalidad y encarece los bienes y servicios que consumimos a diario.

Muchos ciudadanos desconocen que una parte importante del precio que pagan se debe a tributos “invisibles”, que no se perciben de manera directa pero que impactan de forma significativa en su economía cotidiana.

Existen numerosos ejemplos de impuestos que se esconden en los precios finales. Entre los de mayor impacto están el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales que, aunque técnicamente no son impuestos, en la práctica operan como tales.

Estos gravámenes encarecen cada etapa del proceso productivo y se trasladan al consumidor final con un efecto cascada: a mayor grado de elaboración del producto, mayor carga impositiva. Por ejemplo, un alimento industrializado puede terminar pagando impuestos en cada etapa: producción, transporte, almacenamiento y comercialización, lo que eleva su precio significativamente antes de llegar al mostrador.

A esto se suma la superposición de gravámenes sobre una misma base imponible y capacidad contributiva. A nivel nacional se aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en algunos casos, impuestos internos. Sobre esa misma base, las provincias agregan Ingresos Brutos, y los municipios imponen tasas como la de inspección, seguridad e higiene.

Estas últimas, en general, no están asociadas a una contraprestación real ni a la provisión efectiva de servicios. Muchas veces se calculan sobre la facturación de las empresas, funcionando en los hechos como una alícuota adicional disfrazada. El resultado es un sistema que penaliza la producción y desincentiva la formalización de las actividades económicas.

En la Argentina, la presión tributaria medida como porcentaje del PBI no refleja la realidad. La evasión y la informalidad provocan que la carga recaiga de manera desproporcionada sobre el sector formal. Quienes cumplen con sus obligaciones terminan soportando una presión efectiva mucho más alta, mientras que una parte importante de la economía queda al margen del sistema, generando inequidad y distorsiones que afectan a todos los consumidores.

En este contexto, valoramos la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a que los tickets de compra informen el detalle de los impuestos nacionales y provinciales que inciden en el precio final. Sin embargo, su implementación aún es parcial y limitada. Hoy los tickets reflejan apenas los tributos nacionales, sin mostrar el peso real de los impuestos provinciales —como Ingresos Brutos— ni las tasas municipales. Según datos de la organización Lógica, solo Chubut adhirió formalmente al régimen, otras cuatro provincias están en proceso y el resto no da señales concretas.

Coincidimos con el pedido de Lógica para que todas las provincias se sumen al régimen. Exponer con mayor claridad los tributos locales ante los ciudadanos generaría conciencia fiscal y podría impulsar una demanda social para aliviar la carga impositiva y revisar el gasto público. La transparencia no solo permite conocer los costos reales, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones y facilita decisiones de consumo más informadas.

Sin dudas, la transparencia fiscal es un avance necesario, pero por sí sola no alcanza. Sin una reducción de los impuestos distorsivos y sin reformas profundas que simplifiquen y racionalicen el sistema, el “costo argentino” seguirá siendo una carga para los consumidores y una traba para la competitividad. Solo una combinación de educación fiscal, claridad tributaria y simplificación normativa permitirá que los impuestos cumplan su función de financiar servicios públicos de calidad sin castigar la actividad económica ni la inversión.

El autor es presidente de IDEA