En diciembre de 2015, publiqué un artículo en el que en el que planteaba que el sistema de educación dual alemán podía ser una herramienta poderosa para que beneficiarios de planes sociales adquiriesen el capital humano necesario para reinsertarse en la sociedad productiva.
Hoy, 10 años más tarde, la realidad si en algo difiere, es en la mayor cantidad de argentinos que subsisten gracias al asistencialismo del Estado; una realidad difícil de sostener en términos fiscales y cuestionable desde el punto de vista ético. Por ello esta nota revisita y profundiza la propuesta.
Es claro que muchos beneficiarios de planes sociales no cuentan con capital humano; en ese contexto, el sistema dual alemán —que combina clases en instituciones educativas con entrenamiento remunerado en empresas— ofrece lecciones valiosas. Los participantes alternan de manera planificada períodos de formación teórica en un centro educativo con períodos de práctica en un entorno laboral, bajo la supervisión de instructores de la empresa. La enseñanza en el aula se concentra en los fundamentos técnicos, normativos y conceptuales del oficio, mientras que el entrenamiento en la empresa permite aplicar esos conocimientos a situaciones concretas, resolver problemas reales y desarrollar competencias interpersonales y organizacionales. De este modo, la teoría y la práctica avanzan de forma paralela, retroalimentándose para acelerar el aprendizaje y aumentar la empleabilidad.
En Alemania, cerca del 90% de los jóvenes que egresan del sistema dual consigue empleo en el año posterior a su finalización, y más del 60% es contratado por la misma empresa donde realizó la práctica. Aunque estos datos corresponden principalmente a jóvenes, muestran la capacidad del modelo para vincular capacitación y empleo, lo que en Argentina podría implementarse para beneficiar a adultos que hoy dependen de un plan social.
¿Por qué no pensar en una adaptación del sistema dual adecuada a nuestra realidad para incentivar a beneficiarios de planes sociales, ya no tan sólo a incorporarse a la sociedad productiva, como se podría lograr mediante incentivos fiscales y previsionales para las empresas contratantes, sino para que también adquieran el capital humano que les permita acceder a otra calidad de vida?
¿Por qué no pensar en un esquema donde puedan formarse en oficios y competencias demandadas por el mercado, mientras realizan prácticas remuneradas en empresas? De esta forma, la inserción laboral efectiva estaría favorecida por la experiencia adquirida; la asistencia se transformaría en inversión formativa; las certificaciones obtenidas tendrían valor real para el mercado; y la necesaria coordinación entre Estado, empresas y centros de formación garantizaría que la capacitación responda a las demandas concretas de la economía.
Por supuesto, un programa de estas características requeriría adaptar la duración, los contenidos y los incentivos a nuestra realidad, pero no así su espíritu: integrar la capacitación con la práctica y garantizar que cada hora de formación sea un paso real hacia la autonomía económica.
De este modo, la ayuda dejaría de ser un mero subsidio para convertirse en una herramienta concreta de formación y trabajo. Sería la llave para que miles de familias rompan definitivamente el círculo vicioso del asistencialismo y puedan construir, con esfuerzo propio, un futuro de dignidad y oportunidades para ellos y para sus hijos.
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