Por qué urge reformar las funciones y la autonomía del Banco Central

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció a través de un posteo en X: “En el marco de los anuncios realizados por el BCRA con el objetivo de absorber los pesos excedentes en el mercado, la Secretaría de Finanzas anuncia una licitación fuera de calendario para este próximo lunes 18 de agosto”.

Este anuncio evidencia que la política monetaria, cuya dirección corresponde al BCRA, actualmente se gestiona de manera compartida entre esa entidad y la Secretaría de Finanzas. Esto implica una gran desprolijidad en la administración de la política monetaria, ya que definir la liquidez del mercado no es una función atribuida a la Secretaría de Finanzas.

En su sitio web, este organismo detalla veintidós objetivos, sin mencionar entre ellos intervención alguna en la liquidez del sistema financiero.

Durante la campaña electoral, Javier Milei sostuvo que se dolarizaría la economía y se disolvería el BCRA. Hasta el momento, no solo no se avanzó en ese esquema ni en la denominada “dolarización endógena”, sino que hoy el Banco Central se percibe como un apéndice del poder político, sujeto a fuertes regulaciones en el mercado monetario. La propuesta de banca Simons quedó relegada sin proyectos de ley vigentes ni discusión pública al respecto.

El carácter subordinado del BCRA resulta evidente: en la cadena nacional del 8 de agosto, Milei presentó su política económica junto al presidente del Banco Central sentado a su izquierda. Para un país que aspire a una moneda fuerte, contar con un Banco Central independiente del poder político constituye el requisito mínimo. Las señales institucionales explícitas son determinantes.

Actualmente, el BCRA opera con dinámicas similares a las observadas durante el kirchnerismo y otros períodos recientes, funcionando como una dependencia más del Poder Ejecutivo. El aumento de las tasas de interés para contener el tipo de cambio y mostrar un IPC inferior en contexto preelectoral produce múltiples distorsiones.

Por un lado, se genera un efecto perjudicial en la economía: empresas que priorizan la obtención de altas tasas sobre el pago a proveedores, replicando escenarios donde la rentabilidad financiera superaba a la operativa. Esta demora en los pagos genera problemas para los proveedores y fractura la cadena de pagos, afectando la actividad económica.

Además, el alza de tasas termina incrementando el gasto público en intereses. Cuando la economía se desacelera, caen los ingresos tributarios, pero aumentan las erogaciones por deuda, lo que desemboca en un deterioro del frente fiscal.

Un caso concreto: en la licitación del 13 de agosto, la Secretaría de Finanzas ofreció USD 15 billones en letras y bonos; el mercado presentó ofertas por USD 9,98 billones y el Tesoro terminó adjudicando USD 9,15 billones a tasas que alcanzaron el 69%. Esta respuesta evidencia que el mercado perdió interés en acumular instrumentos de deuda del Tesoro, señalando que el problema trasciende lo meramente cuantitativo y se concentra en el volumen de deuda que se está dispuesto a asumir.

La política monetaria resultó errática, especialmente tras la cancelación de las LEFI. El Tesoro esperaba absorber toda la liquidez mediante Lecap, pero no lo logró. Ante el bajo nivel de absorción, se lanzó una licitación extraordinaria que tampoco obtuvo el resultado esperado.

De manera simultánea, el BCRA aumentó los encajes bancarios y habilitó una ventanilla de liquidez para bancos a través de LECAPs, debiendo estos comprarlas al Tesoro. Es relevante destacar que la última tasa abonada por las LEFIS era del 29% y escaló hasta el 69%, más que duplicándose.

Resulta claro que no existe una política monetaria definida ni previsible. La sensación es que las medidas se improvisan día a día, tanto en el plano cambiario como monetario.

Al haber transferido los pasivos remunerados del BCRA al Tesoro, corresponde que el Ejecutivo impulse un proyecto de ley para una nueva carta orgánica del Banco Central. La función prioritaria debe ser la preservación del valor de la moneda, con una prohibición taxativa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, incluso por transferencias de utilidades. Si se desean transferir utilidades, el BCRA debería vender activos, nunca emitir para ese fin.

La nueva carta orgánica debe excluir como función la preservación del nivel de actividad, ya que dicha variable depende de la macroeconomía general y no del manejo de la tasa de interés, la cual debe fijar el mercado, al igual que el tipo de cambio.

Un debate sobre la renovación de la Carta Orgánica del BCRA es, al menos, impostergable. De su contenido depende evitar la construcción de estrategias financieras como el carry trade y otras prácticas que generan volatilidad. Sin previsibilidad en las reglas monetarias y cambiarias, la economía carece de bases sólidas.

La estabilidad debe ser el primer objetivo. Recién entonces será posible avanzar con reformas estructurales cuando se aprueben las leyes de reforma laboral, previsional e impositiva. Contar rápidamente con una nueva carta orgánica para el BCRA es esencial para brindar previsibilidad en los campos monetario y cambiario.