Una conquista institucional

Que brutalidad decir que la condena a CFK judicializa la política.

En estos días hemos escuchado, una vez más, voces que pretenden relativizar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, escudándose en un argumento tan cínico como peligroso: la supuesta “judicialización de la política”. Es la repetida excusa de quienes no quieren enfrentar las consecuencias jurídicas de haber convertido al Estado en una maquinaria de saqueo sistemático.

Es inadmisible —y profundamente contradictorio— que alguien pueda, en la misma frase, sostener que la corrupción debe ser combatida, y al mismo tiempo lamentar que la Justicia haya condenado a quien lideró durante más de una década un esquema estructural de apropiación de fondos públicos. No se judicializa la política cuando se persigue la corrupción: se hace cumplir la ley, que es el límite que separa el poder legítimo del abuso criminal.

La causa Vialidad demostró con pruebas abrumadoras cómo, desde 2003 hasta 2015, el kirchnerismo montó una red para desviar miles de millones de pesos del presupuesto nacional hacia bolsillos privados. No fue una discusión de “política pública” sobre infraestructura o la obra pública. Fue un plan premeditado, sostenido desde la cúspide del poder, para enriquecer a los Kirchner y sus socios, disfrazado de desarrollo federal. Esa trama fue expuesta y comprobada por jueces, fiscales, peritos y testigos que enfrentaron presiones, amenazas, hostigamientos y hasta persecuciones del aparato estatal que pretendía garantizar la impunidad de sus jefes.

Quienes hoy denuncian una supuesta “injerencia judicial en la política” ofenden a quienes, sin miedo, colaboraron con la causa. Es un agravio a los valientes arrepentidos que rompieron el pacto de silencio. Es una burla a quienes sufrimos las consecuencias de enfrentar al kirchnerismo desde adentro del sistema, pagando con persecución, escarnio y campañas de desprestigio el precio de no mirar para otro lado.

Pero también es un insulto para las agencias judiciales, fiscales y técnicas que jamás desistieron. Durante 17 años, más de 15 jueces y 5 fiscales atravesaron con firmeza institucional una de las investigaciones más relevantes de la historia democrática argentina. El fallo que hoy confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner no es una revancha ni es proscripción: es una victoria de la ley, de principio de igualdad, de la verdad y de la República.

Decir que los hechos por los que fue condenada Cristina Kirchner no merecían ser judicializados y recibir una condena, también es un insulto a los millones de argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza, especialmente en el conurbano bonaerense, donde la miseria estructural convive con el recuerdo de la “década ganada” que fue, en realidad, una década robada. Esa corrupción tuvo víctimas concretas: niños sin escuelas ni agua potable, sin cloacas, con hospitales colapsados, con rutas nunca construidas, con caminos rurales intransitables y con barrios que siguen siendo símbolo de la exclusión y la marginalidad. Allí Cristina Kirchner pretendía volver a presentarse, como si su condena fuera apenas un traspié técnico y no el testimonio penal de una traición al pueblo que dice defender.

El rechazo del Recurso de Queja por parte de la Corte Suprema, confirmando la condena impuesta por el Tribunal Oral y la Casación Federal, es una conquista institucional de magnitud extraordinaria. Es una señal de que la ley puede más que el poder, y de que la Argentina, aunque con demoras alarmantes, todavía da señales de orden republicano, afirmando que hay justicia y nadie está por encima del Código Penal.

La ejemplar condena a Cristina Kirchner, quien debe cumplirla sin privilegios en una cárcel federal, además de devolver los miles de millones extraídos a los más pobres, otorga un poco de credibilidad en la Justicia y fortalece el futuro que tenemos como Nación, sin el acecho de otra corrupta populista de izquierda admirada por Maduro y Morales.