En democracia, el poder no se hereda ni se adueña: se transita, se administra y se entrega. El mandato político no es un privilegio personal, sino una responsabilidad pública. Por eso, cuando un sistema permite que los mismos se perpetúen en sus cargos, deja de ser una democracia funcional para convertirse en una maquinaria de poder.
Eso es, ni más ni menos, lo que está en juego hoy en la Provincia de Buenos Aires.
En 2016, con amplio consenso, se sancionó la Ley 14.836. Esta norma estableció un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Fue una conquista institucional que frenó los liderazgos eternos, promovió la alternancia y obligó a la dirigencia a formar equipos, abrir la participación y rendir cuentas.
Hoy, el oficialismo bonaerense —referenciado en Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner— quiere retroceder. Se presentaron proyectos para habilitar la reelección indefinida. Si la ley se mantiene, más de 100 intendentes y legisladores quedarían fuera en 2027. A eso se suman cientos de concejales en los 135 municipios de la Provincia. No es por vos este proyecto. Es por ellos.
Mientras la Provincia arrastra niveles históricos de pobreza, con escuelas que no abren por falta de gas, hospitales saturados, trenes que descarrilan y vecinos inseguros, la única urgencia del oficialismo parece ser su permanencia.
Y no lo hacen gratis: el sueldo promedio de un legislador bonaerense hoy supera los 4.500.000 pesos en mano. ¿Cuántos bonaerenses tienen ese ingreso? ¿Cuántos pueden jubilarse con ese monto tras ocho años de gestión? ¿Cuántos viven con mucho menos, sin certezas ni representación?
El contraste es brutal. La política, en su forma más perversa, aparece cuando quienes ocupan cargos públicos se desconectan de la realidad que dicen representar.
Esto no es una discusión partidaria. Es un debate sobre el corazón mismo del sistema republicano. Países como Estados Unidos, Alemania, Chile, Uruguay o Colombia limitan el poder por diseño. En cambio, quienes lo concentran sin controles —como Venezuela, Rusia o Nicaragua— son modelos que la historia ya nos enseñó a evitar.
Hace unos meses, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. Lo hizo por razones simples: porque va contra el principio republicano de gobierno. Porque no hay democracia sin alternancia. Porque no hay república sin límites.
Como dirigente del PRO, como republicana, voy a seguir levantando esta bandera. No es un capricho: es un principio. La política necesita saber irse. Los cargos representativos deben tener principio y fin.
No alcanza con estar en contra. Necesitamos dirigentes que se animen a decirlo y ciudadanos que lo exijan. Porque si nadie se anima a incomodar al poder, nada cambia. Y sin alternancia, no hay república posible.
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