En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ambos organismos, aunque con roles distintos, son pilares fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La UIF es el organismo nacional encargado de recibir, analizar y transmitir información financiera para prevenir e impedir delitos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su función principal es la inteligencia financiera, colaborando estrechamente con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Por su parte, el GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. A través de sus Recomendaciones, el GAFI guía a los países en la implementación de medidas efectivas para enfrentar estos delitos. Estas recomendaciones no son meras sugerencias: son estándares que los países miembros, incluida Argentina, se comprometen a cumplir. La UIF, como organismo nacional, tiene la responsabilidad de adaptar y aplicar estos estándares a nuestra realidad local.
Así, la UIF y el GAFI están intrínsecamente vinculados. El GAFI evalúa periódicamente a sus miembros para asegurar el cumplimiento de sus recomendaciones. En este contexto, la UIF desempeña un papel crucial al implementar políticas y procedimientos que alinean a Argentina con los estándares internacionales
El GAFI ejerce una influencia significativa a través de sus recomendaciones, que abarcan desde la criminalización del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hasta medidas preventivas para el sector financiero y requisitos de transparencia sobre beneficiarios finales de personas jurídicas.
Estas recomendaciones son monitoreadas mediante evaluaciones periódicas que determinan el grado de cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas implementados por cada país.
La relación entre la UIF y el GAFI ha sido y seguirá siendo esencial para fortalecer el sistema de prevención y combate del lavado de activos en Argentina. La reciente evaluación positiva del GAFI y la redefinición del rol de la UIF son indicativos del compromiso de nuestro país con la transparencia y la integridad financiera.
En octubre de 2024, Argentina superó con éxito la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI. El informe destacó mejoras significativas en nuestro marco legal e institucional, así como en la cooperación interinstitucional. Nuestro país evitó ser incluido en la “lista gris”, lo que refuerza nuestra posición en el sistema financiero internacional. Se destacaron el aumento de condenas por lavado de dinero y la mejora en los mecanismos de cooperación internacional.
En esa ocasión, tuve el honor de formar parte -como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- de la delegación argentina encabezada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio y el entonces presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci.
Como mencionáramos, un factor determinante en estas evaluaciones positivas ha sido el incremento de condenas por lavado de dinero. Este aumento fue considerado clave en el examen del GAFI, lo que demuestra que el sistema judicial argentino ha mejorado su capacidad para perseguir y sancionar estos delitos.
No debe pasar desapercibido que el lavado de activos es el escalón final de estructuras delictivas mucho más complejas. Detrás de cada operación de lavado se oculta un delito precedente: narcotráfico, evasión fiscal, cibercrimen, trata de personas, contrabando, terrorismo, entre otros. Por eso, combatir el lavado de dinero es proteger el sistema financiero y enfrentar al crimen organizado en todas sus formas.
En un acierto institucional, el Poder Ejecutivo dispuso mediante Decreto 274/25 que la UIF dejara de actuar como parte querellante, reafirmando su naturaleza como organismo de información financiera. Esta decisión permite a la UIF enfocarse en su función esencial: el análisis de datos y la colaboración con la justicia, sin asumir un rol procesal.
Esta medida, además, evita la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal y fortalece la autonomía e independencia operativa de la UIF, en línea con las recomendaciones del GAFI. Como organismo de información financiera, su misión principal debe ser la prevención y detección, dejando la persecución penal en manos de los órganos especializados del sistema judicial, lo que garantiza mayor eficiencia y especialización en las funciones de cada institución.
Desde mi experiencia como parte de la delegación, la redefinición del rol de la UIF se centra en reafirmar su función principal de inteligencia financiera; sin perjuicio de que podrá colaborar con las autoridades judiciales, proporcionando información valiosa para la investigación y persecución de delitos financieros.
El desafío hacia adelante será mantener este rumbo, fortaleciendo la cooperación entre los distintos organismos y continuando con la profesionalización de todos los actores involucrados en la lucha contra estos delitos complejos.
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