
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su rechazo a una propuesta legislativa para reducir ₡8,048 millones (aproximadamente USD 17.7 millones) del financiamiento de las universidades públicas y solicitó valorar la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, al considerar que la medida compromete recursos previamente acordados con el Gobierno.
La posición fue adoptada mediante un acuerdo firme durante la sesión ordinaria número 7038, celebrada el 27 de octubre de 2026, en respuesta a las iniciativas impulsadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
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Los recursos en discusión corresponden al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y forman parte de compromisos adquiridos en noviembre de 2025 para recuperar montos pendientes de los años 2020 y 2021.
Aunque el recorte de ₡8,048 millones ya fue incorporado al proyecto de presupuesto nacional de 2027 durante su trámite en comisión, todavía debe superar la discusión legislativa correspondiente para convertirse en una decisión definitiva.
UCR advierte consecuencias para estudiantes e investigación
En su pronunciamiento, las autoridades universitarias señalaron que una reducción de estos recursos podría afectar el funcionamiento y la planificación de las instituciones de educación superior.
Entre las principales preocupaciones figuran las oportunidades de acceso y permanencia estudiantil, el fortalecimiento de sedes regionales, la investigación científica y tecnológica y los programas de acción social.
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El Consejo Universitario considera que estos fondos son necesarios para mantener proyectos que benefician tanto a los estudiantes como a las comunidades costarricenses.
Además, recordó que los recursos habían sido comprometidos mediante un acuerdo alcanzado el 20 de noviembre de 2025, durante una reunión de la Comisión de Enlace, integrada por representantes gubernamentales y universitarios.
Según la UCR, modificar los compromisos establecidos genera incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para desarrollar proyectos institucionales.
Por su parte, representantes de las cinco universidades estatales han advertido que las reducciones presupuestarias podrían afectar becas, residencias estudiantiles, servicios de alimentación, atención de salud y programas académicos, particularmente en comunidades alejadas de la Gran Área Metropolitana.
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Piden a diputados detener la reducción de recursos
El acuerdo universitario solicita expresamente al Plenario de la Asamblea Legislativa que impida la aprobación definitiva del recorte y garantice la asignación de los fondos comprometidos.
La institución fundamenta su posición en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica, que establecen garantías relacionadas con la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior pública.
El Consejo Universitario sostiene que estas disposiciones deben considerarse al momento de aprobar modificaciones presupuestarias que involucren recursos de las universidades estatales.
La moción que redujo los ₡8,048 millones fue impulsada por el oficialismo durante el análisis del presupuesto nacional de 2027.
Los recursos fueron trasladados dentro del proyecto presupuestario hacia el Ministerio de Educación Pública (MEP), para financiar contribuciones patronales destinadas a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
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La redistribución fue incorporada mediante la moción número 16 del expediente legislativo 25,754 y permanece sujeta al trámite del presupuesto en el Congreso.

Universidad solicita valorar una acción de inconstitucionalidad
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional para cuestionar las disposiciones presupuestarias.
El Consejo Universitario solicitó a las instancias competentes de la UCR que, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), analicen la procedencia de presentar una acción de inconstitucionalidad.
El objetivo sería determinar si las modificaciones propuestas respetan las garantías establecidas en la Constitución y los compromisos de financiamiento adquiridos por el Estado.
Sin embargo, la UCR no anunció la presentación de una acción judicial, sino que pidió estudiar esa posibilidad antes de adoptar una decisión.
Paralelamente, diputados del Frente Amplio ya presentaron una consulta de constitucionalidad contra el recorte, al considerar que podría contradecir las disposiciones que protegen el financiamiento universitario.
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