Pocas dudas caben sobre el atraso cambiario. Pero es menester dejar claro que tal atraso lo es en términos históricos o, al menos, en relación a la historia de las últimas décadas.
Ello no quiere decir que, en el marco de la situación actual, el tipo de cambio se halle claramente atrasado. Al referirme a la situación actual, me permito diferenciarla de la de años anteriores. Ahora es muy distinto. Hay equilibrio macroeconómico, hay superávits gemelos y el balance del Banco Central ha mejorado notablemente.
En 2024, el saldo de la balanza comercial argentina fue superavitario en un nivel próximo a USD 19.000 millones. Queda patente la reversión del marcado déficit que había tenido el intercambio comercial con el mundo un año antes.
Respecto a la cuenta corriente de este año, debemos recordar que existe una enorme cantidad de soja aún sin liquidar. Al 22 de enero, las ventas de soja 2023/24 llegaban 37,1 millones de toneladas, cerca del 74% de la cosecha total.
En vista del régimen de reducción temporaria de las alícuotas de derechos de exportación, es muy probable que, a lo largo de febrero, marzo y abril, se vendan cerca 6 millones de toneladas de soja y 5 millones de maíz. En tal caso habría un ingreso próximo a 4.000 millones de dólares.
Mientas tanto, corre el tiempo y el tipo de cambio se desgasta. He acá el desafío más complejo, dada la constante apreciación del tipo de cambio real. Lo positivo es que, en 2025, las reservas seguirán en aumento a consecuencia del ingreso de dólares a través de la cuenta financiera, de la cosecha (aunque de moderado volumen por la sequía) y el superávit energético.
Urge, entonces, reducir el famoso “costo argentino” lo que significa, fundamentalmente, disminuir en forma drástica los costos de transacción. Cualquier intercambio resulta costoso, pues se debe usar tiempo y recursos en la búsqueda de información, en la realización del propio intercambio y en la verificación de su cumplimiento.
La historia argentina sufre costos artificialmente altos como consecuencia de reglamentaciones gubernamentales y de cambios en las reglas de juego, que promueven actividades informales. El esquema impositivo debe bajar su presión y para ello es imprescindible fortalecer el equilibrio fiscal.
Leyes erróneas, en términos del interés común, causan aumentos de costos de transacción y operan en contra de la producción, excepto de los productores informales, a costa de los productores formales. Así, ellas permiten que la oferta informal se expanda mientras que la oferta formal se contrae.
Una publicación del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y Oxford University Press, expresa: “Todos los países que ocupan los primeros lugares aplican regulaciones, pero lo hacen de maneras menos costosas y engorrosas… Cuando las regulaciones que rigen la apertura de una actividad empresarial son onerosas, pocas empresas se toman la molestia de inscribirse. Por el contrario, optan por operar en la economía informal”.
Los costos de transacción que, a lo largo de las últimas décadas, fueron convirtiéndose en terribles obstáculos al comercio interno y externo, deben reducirse. Son costos que “chupan” las ganancias de la especialización y la división del trabajo. El Estado es todavía responsable, por ejemplo, el sistema impositivo que todavía permanece.
El tipo de cambio se va acercando gradualmente a un nivel crítico. Es cierto. Pero, si se continúa con la estrategia de bajar costos y aumentar la productividad, toda devaluación es contraproducente.
El autor es economista
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