La dictadura de Nicolás Maduro sigue empecinada en no reconocer la victoria electoral del presidente electo Edmundo González Urrutia, tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en abierta contravención con la Constitución de Venezuela y el Acuerdo de Barbados que hizo posible la celebración de los comicios. A los efectos de respaldar el contundente pronunciamiento democrático del pueblo venezolano, es de esperar que la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados se pronuncie reconociendo el resultado electoral y exigiendo que se produzca una transición ordenada y pacífica el próximo 10 de enero de 2025, que es la fecha prevista en la Constitución para la toma de posesión del presidente electo.
Una declaración de esta naturaleza sería concordante con la Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia (1998) y lo dispuesto por el Protocolo de Montevideo sobre el compromiso con la democracia (2011), que remarca la obligación del bloque en la defensa de las instituciones democráticas y en particular que se haga valer la voluntad de los votantes. También sería coincidente con la decisión que suspendió a Venezuela del Mercosur (en 2017, por segunda vez) y que asumió el compromiso colectivo de trabajar por el restablecimiento del orden democrático venezolano (la primera suspensión fue en diciembre del 2016 por incumplimiento de obligaciones comerciales).
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) ha sido claro en el mismo sentido, como lo refleja la manifestación adoptada en agosto del 2024, en la que se exhorta a respetar la soberanía popular y el cese de las persecuciones políticas. Tanto el Parlasur como observadores internacionales a los comicios venezolanos han solicitado la publicación de las actas electorales. El Centro Carter, ante la demora oficial venezolana, ha adelantado datos concretos en los que consta un amplio triunfo del embajador Edmundo González Urrutia (coalición Plataforma Unitaria) con un 67% de los sufragios, contra 31% de Nicolas Maduro.
Las cifras no dejan dudas sobre el grado del fraude cometido por el Consejo Nacional Electoral del régimen chavista. También avalan con claridad la victoria electoral de González Urrutia. A diferencia de Juan Guaido, que fue designado presidente interino por la Asamblea Nacional (2019), el respaldo de las urnas a Edmundo González Urrutia es inequívoco y el Mercosur debería reclamar que el gobierno venezolano cumpla con los procedimientos para la transferencia del mando presidencial, conforme lo indica la Constitución de Venezuela.
La continuidad de la dictadura de Nicolás Maduro es una afrenta a las normas constitutivas del Mercosur, de la Organización de Estados Americanos, además de constituir una violación a la Carta Democrática Interamericana. Ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha abierto una investigación ante el intento de legitimación del engaño electoral en Venezuela.
A un mes de la fecha del traspaso presidencial (10 de enero de 2025), existe aún tiempo suficiente para que el régimen de Maduro deponga su actitud antidemocrática y cumpla con el resultado electoral para que Venezuela pueda regresar a la institucionalidad democrática y a ser admitido como miembro pleno del Mercosur. La presión de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados podría ser un factor clave en ese sentido.
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