En el año 2019, de acuerdo con un reporte de UNICEF, en América Latina y el Caribe ya existían 14 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. El informe menciona como principales causas de esta falta de acceso a la educación, los eventos naturales o inducidos por el cambio climático, los conflictos armados y los desplazamientos forzados de personas. Ese mismo año, se dio a conocer otro estudio elaborado por Save the Children, en el cual se señala que alrededor de 420 millones de los niños y niñas en todo el mundo, es decir, una quinta parte, viven en una zona de conflicto. Esta cifra representa un aumento de casi 30 millones entre 2016 y 2019.
A la memoria todavía fresca de este período traumático en el que se hizo evidente el impacto negativo que pueden tener las crisis en los sistemas educativos por la pandemia, se suma la afirmación de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, según la cual se prevé que el número de sucesos catastróficos entre 2015 y 2030 será del 40%. De ahí la relevancia que adquiere el planeamiento educativo.
Estas cifras hablan de un futuro oscuro para las sociedades en general y para la educación en particular, a menos que se desarrollen acciones deliberadas que integren el concepto de riesgo desde el inicio. Para esto, es necesario basarse en la recurrencia de tipos y frecuencia de eventos naturales o inducidos por el cambio climático, así como de riesgos derivados de la situación de inestabilidad política y económica, conflicto armado, violencia callejera y grupos armados, entre otros. Estas acciones deliberadas, que llamamos “planificación” son clave para prevenir y/o aminorar estos sucesos catastróficos desarrollando capacidades institucionales, organizacionales e individuales en los sistemas educativos.
En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres es importante reflexionar sobre la imperiosa necesidad de extender un abordaje del planeamiento sensible a las crisis, fundamentalmente porque estas suelen afectar en mayor medida a los grupos vulnerables, planteando así un dilema ético vinculado a la equidad.
Sin un planeamiento educativo estratégico es imposible anticiparse a estos potenciales escenarios. Y menos aún, lograr mitigar el impacto y sus efectos negativos en los procesos de aprendizaje y en la implementación de políticas educativas sobre la marcha. Los gobiernos no están sólos en esta tarea. En la próxima edición del Foro Regional de Política Educativa 2024 –organizado por IIPE UNESCO junto a la OEI y la CEPAL con formato híbrido e inscripción gratuita– abordaremos este tema y buscaremos debatir, intercambiar ideas y trabajar haciendo sinergia entre todos los actos de la educación de América Latina y el Caribe.
En un mundo en el que los desastres naturales y conflictos bélicos desafían cada vez más a los sistemas educativos, resulta fundamental trabajar en una planificación sensible a las crisis. Los Estados de nuestra región tienen un gran desafío por delante: unir los esfuerzos para analizar y gestionar las causas de los desastres y contextos de emergencias; para luego desarrollar e integrar proyectos y actividades estratégicas destinados a la reducción del riesgo de estas crisis.
Hoy más que nunca, es imprescindible planificar con el fin de prevenir y reducir los riesgos, y de esa manera, lograr cerrar la brecha educativa en América Latina y el Caribe. Fortalecer los sistemas educativos y con ello, su capacidad de resiliencia es el único modo de cumplir, aún ante escenarios adversos, el objetivo de asegurar que el derecho a la educación de todos los niños y niñas sea una realidad.
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