La situación en Venezuela

Los partidos políticos son garantes del buen funcionamiento de la democracia. Su compromiso con la construcción de una región libre y democrática es imprescindible. Por eso, desde sus inicios, el PRO y sus principales referentes han alzado la voz contra el régimen venezolano.

Desde las diferentes esferas de influencia política, en su papel comprometido con los derechos humanos y la democracia, el PRO fue pionero en denunciar a Venezuela por la situación de los presos políticos, y en asistir a los venezolanos que empezaban a llegar a la Ciudad de Buenos Aires, expulsados por la realidad en su país natal.

Desde entonces y hasta la actualidad, más de 7 millones de personas se vieron forzados a dejar Venezuela, escapando de lo que con el tiempo se convertiría en la mayor crisis humanitaria de su historia.

El partido continuó con su postura firme respecto a la situación venezolana. Por ejemplo, tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la posterior elección general, se reclamó una transición democrática y ordenada del poder, respaldando al opositor Henrique Capriles en su pedido de recuento de votos. Luego, entre 2014 y 2015, repudiamos la expulsión de María Corina Machado del Parlamento y denunciamos sistemáticamente los encarcelamientos arbitrarios a líderes opositores contrarios al chavismo como Leopoldo López y Antonio Ledezma.

La situación en Venezuela no hizo más que agravarse con el paso de los años: crisis económica, hiperinflación, y escasez de productos básicos que sumieron a la mayoría de los venezolanos en la miseria y pobreza. Esto, sumado a una grave crisis política e institucional marcada por la concentración de poder en el Ejecutivo, las violaciones de derechos humanos, la influencia del narcotráfico, la corrupción y la falta de separación de poderes.

Este panorama crítico ha sido ilustrado y convalidado en los múltiples informes presentados por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, desde su establecimiento por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019.

Es más, en sus últimos informes la Misión señaló que se intensificaron los ataques sobre el espacio cívico y democrático a través de la estructura represiva del régimen, así como las violaciones graves de derechos humanos en contra de personas opositoras.

Durante la Presidencia de Mauricio Macri, Argentina lideró la iniciativa que activó la cláusula democrática del Mercosur, lo que llevó a la suspensión de Venezuela por la ruptura del orden democrático. Asimismo, Macri reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela, adoptando una fuerte postura de apoyo con su causa, y colaborando activamente en el plano internacional.

Nuestro país fue parte del grupo de Estados que solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) la apertura de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista, al mismo tiempo que le facilitó a los venezolanos que escapaban del régimen ingresar a la Argentina con pasaportes vencidos. Además, entre otras iniciativas, se le retiró la condecoración de la Orden San Martín a Nicolás Maduro (otorgada por Cristina Fernández de Kirchner).

Cuando el kirchnerismo volvió al Ejecutivo en 2019, revirtió este legado, retirándose de la denuncia conjunta contra Venezuela ante la CPI, y buscando legitimar a la dictadura de Maduro en foros internacionales. Estos intentos de legitimación por gobiernos cómplices del régimen no hicieron más que empeorar la situación para los venezolanos que buscan un cambio, y apañar los vicios del proceso electoral en Venezuela.

Este año, por primera vez en mucho tiempo, tras un proceso que culminó en el Acuerdo de Barbados, la oposición decidió presentarse a elecciones y competir por la presidencia. Sin embargo, revalidando sus credenciales antidemocráticas, las irregularidades fueron evidentes desde el principio.

María Corina Machado, victoriosa en las internas opositoras, fue inhabilitada para postularse. Así, las elecciones que debían llevarse a cabo en un clima de institucionalidad y paz, fueron contaminadas por las permanentes trampas y dilaciones.

Las amenazas de Maduro sobre una posible guerra civil y “baño de sangre” en caso de derrota de su partido, atentaron de modo permanente contra la libertad democrática. También se dificultó la participación de testigos electorales de la oposición (quienes actúan como fiscales), y la mayor parte de los venezolanos en el extranjero no fueron habilitados para votar ante las trabas impuestas por las autoridades venezolanas (por ejemplo, menos del 1.5% de los venezolanos en Argentina estaban empadronados).

Finalmente, la jornada electoral estuvo marcada por numerosas irregularidades y el chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) demoró el anuncio de los resultados hasta la madrugada, cuando declaró la reelección de Maduro con el 51.2%, sin publicar las actas de escrutinio con los resultados detallados. La oposición, cuyo candidato es Edmundo Gonzalez Urrutia, rechazó estas cifras denunciando inconsistencias en los comicios.

María Corina Machado afirmó la necesidad de “defender la verdad”, anunciando que poseían más del 80% de las actas electorales, habilitando una página web para su verificación. Estas dan una victoria arrolladora de González Urrutia con el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro.

Esta situación de masivo y evidente fraude electoral llevó a grandes movilizaciones y, lamentablemente, a violentos enfrentamientos que resultaron en al menos 12 muertos y 700 detenidos. Maduro ordenó la detención de los líderes de la oposición, responsabilizándolos de la violencia postelectoral.

El Presidente Javier Milei, junto a otros líderes de países de la región, afirmó que no reconocería el resultado. Tras este anuncio, la dictadura de Maduro anunció la ruptura de lazos diplomáticos con Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay y ordenó desalojar la embajada argentina, donde se encuentran seis opositores desde marzo de este año, y cerró la sede diplomática venezolana en Buenos Aires.

De cara a los desafíos que se presentan para el funcionamiento de nuestra sede diplomática y garantizar la presencia argentina en el terreno, seguiremos trabajando por una presencia robusta y soberana de nuestro país en el exterior.

Asimismo, desde el PRO, junto a partidos políticos aliados y con el apoyo de cada uno de sus dirigentes, continuaremos denunciando el manejo fraudulento del proceso electoral en Venezuela, pidiendo el respeto de la voluntad popular, y sumando nuestras voces a las de la comunidad internacional para presionar al régimen y evitar que esta dictadura perdure en el tiempo.

¡El dictador Nicolás Maduro debe dejar el poder!