El 10 de diciembre de 2023 comenzó un nuevo gobierno, con características muy distintas a todos sus predecesores. El nuevo camino es sobre todo duro y difícil al inicio, como cualquier cambio de fondo que pretende ser permanente y no transitorio.
Las economías principalmente se sostienen, y sobre todo al principio de procesos de cambios profundos, por la confianza y el apoyo de los ciudadanos, inversores, empresarios, y trabajadores. Esta variable resulta una condición necesaria, aunque no suficiente, para comenzar el período de transición. El Gobierno no tiene mucho tiempo y lo sabe.
El capital político ganado en las elecciones, con el pasar de los días se va diluyendo, el voluntarismo, los ideales y el sacrificio por los cambios tienen un límite para aquella parte de la sociedad que depende de ingresos fijos que comienza a percibir constante pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno se apura para lograr que los cambios se gesten lo antes posible, por ello el mega DNU 70, y la bautizada “Ley Ómnibus”. En términos generales, busca sentar las bases de una Argentina más libre en términos de las elecciones entre privados con un Estado menos presente, que no es lo mismo que un Estado ausente.
Los próximos 4 meses estarán conjugados por una serie de desafíos muy relevantes para este proceso de cambio, el cual ya está denotando resistencia.
Luego del incremento del tipo de cambio oficial y el comienzo de un proceso de ajuste de precios relativos energéticos, de servicios, obras sociales y prepagas, productos de consumo masivo con precios atrasados, importados, exportables como los alimentos, principalmente, y demás, se ve que el impacto en la inflación que en diciembre fue de 25,5%, y se estima entre 20% a 23% en enero, 15% a 18% en febrero y 15% en marzo, aproximadamente.
Ese ritmo de aumento del Índice General de Precios al Consumidor del Indec sin lugar a duda impactará negativamente sobre los ingresos reales de toda la sociedad, especialmente en los sectores de menores ingresos.
Perspectivas del consumo
El impacto sobre el consumo tendrá tres efectos importantes a considerar:
1) la caída en el próximo trimestre/cuatrimestre;
2) un cambio en los tipos de productos que se demanden. Las segundas y terceras marcas y productos más económicos comenzarán a tener mayor participación; y
3) por la selectividad que genera en los consumidores una caída de ingresos, se verán mucho más meticulosos en sus compras.
Las empresas que no anticipen y, por ende, no se adapten a estos movimientos estarán en serios problemas, por supuesto con las particularidades y los matices propios de cada mercado.
El Gobierno enfrenta una disyuntiva interesante. La devaluación del peso, en la franja oficial, dejó en términos reales un tipo de cambio real competitivo, y generó importantes incentivos para que los exportadores incrementen sus liquidaciones, no obstante, si persiste con su política de mantener una crawling peg de 2% mensual, dejará rápidamente fuera de juego la ganancia de competitividad si se verifican las estimaciones privadas de inflación.
El mercado del dólar futuro revela que en febrero se espera un incremento del tipo de cambio oficial cercano al 6%/7% y para marzo de 22%/23% respecto de enero.
El frente cambiario exige bajar la brecha y unificar, para lo cual el BCRA precisa imperiosamente acumular reservas, para normalizar la economía respecto de la cadena de importaciones, que constituye la otra cara de la misma moneda, porque reactivaría el ingreso de insumos necesarios para los procesos industriales, como así también de bienes y servicios que se demandan para el consumo final.
Las perspectivas para las exportaciones en términos agrícolas son buenas al superarse el efecto de la sequía.
El plano fiscal constituye la base de sustento en la estabilización de la economía, que pretende lograr superávit primario y equilibrio financiero en 2024, el cual recae mayormente sobre el sector privado.
”Sabemos a dónde queremos ir, los vientos nos llevarán, el camino no será fácil”.
El autor es Economista, director de Authentica Consulting
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