La urgencia de mejorar nuestra legislación laboral

A raíz del DNU 70/2023 y sus repercusiones, se instaló en la opinión pública una discusión que viene gestándose desde hace ya varios años y que puede sintetizarse en la pregunta de si se debe o no modificar nuestro régimen laboral.

El concepto de “reforma laboral” está cargado de una connotación tan negativa que, a lo largo de este tiempo, se le han buscado eufemismos como “modernización”, “mejora” o “actualización” con tal de no caer en la trampa retórica de una palabra que ha sido transformada en un símbolo de la precarización.

Bajo este contexto, es conveniente detallar cuáles son los motivos fundamentales que impulsan a los países a adoptar sistemas laborales específicos, tal como sucede en Argentina. En primer lugar, la historia muestra que, ante un desequilibrio en la negociación entre las partes, es crucial la intervención estatal para emparejar la balanza con normativas especiales. A su vez, existe una segunda razón que consiste en la necesidad de proporcionar dinamismo y previsibilidad al sistema, evitando que los temas entre empleados y trabajadores deban ser resueltos por los jueces. De esta forma, los colaboradores comprenden sus derechos y responsabilidades, mientras que se incentiva a las empresas a invertir y generar empleo.

Sumado a esto, es importante recordar algunas de las reformas que experimentó nuestro sistema laboral a lo largo de más de cuarenta años, para ver cómo se fue modificando desde su redacción original. El cambio más significativo se produjo con la reforma constitucional de 1994 que dotó de jerarquía supralegal acuerdos internacionales. Otros se produjeron mediante leyes, decretos y resoluciones que no tenían relación con los derechos laborales, sino que seguían un patrón común: la introducción de conceptos ambiguos o vagos que erosionaron la claridad de las normas y fomentaron la conflictividad judicial a niveles insostenibles.

Si bien un juicio laboral puede considerarse una anomalía del sistema, la acumulación de estas reformas ha desencadenado una verdadera crisis, afectando la creación de empleo incluso en períodos de crecimiento económico. Podemos decir entonces, que el núcleo de la discusión no pasa por el primer aspecto de la ley laboral, es decir los derechos de los trabajadores, sino por la necesidad de otorgar certeza a todo el sistema.

En la actualidad, como consecuencia de la pandemia y la masificación de conceptos como “escasez de talento”, “near shoring” o “just in case”, los inversores se centran más en la disponibilidad de talento y en la previsibilidad del país que en el costo laboral. Aunque Latinoamérica se percibe como una región atractiva para descentralizar los procesos productivos, una investigación reciente de ManpowerGroup reveló que Argentina presenta las expectativas de empleo más bajas a nivel mundial, en parte debido a la incertidumbre que genera nuestro sistema laboral. Lo mismo ocurre con las PyMES, principales generadoras de empleo del país, que se resisten a contratar nuevos colaboradores por temor a que un conflicto laboral las deje en la ruina.

Por este motivo, es importante contar con una legislación laboral clara, certera y precisa, que nos permitan volver a tener sistemas previsibles que, a su vez, nos devuelvan la competitividad que perdimos.