Transparencia, más allá de publicar información

Con frecuencia, la transparencia se asocia a responder solicitudes de acceso a la información. Pero esa mirada hoy resulta insuficiente. La experiencia del Consejo de la Magistratura de la Nación muestra que la discusión ya no pasa solo por cómo responder pedidos, sino por cómo construir instituciones capaces de organizar, publicar y hacer efectivamente accesible la información que la ciudadanía demanda conocer.Ese cambio de enfoque es especialmente relevante en el ámbito judicial, donde la apertura enfrenta complejidades particulares. La gestión de información suele estar atravesada por altos niveles de tecnicidad y por lógicas de reserva vinculadas con la naturaleza de muchas funciones jurisdiccionales. Pero reconocer esas particularidades no debería operar como límite para la transparencia, sino como punto de partida para pensar cómo hacerla efectiva.

En esa dirección pueden leerse algunos procesos desarrollados en el Consejo de la Magistratura en los últimos años.La creación de la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana, la implementación del régimen de acceso a la información pública, la consolidación del Portal de Transparencia y el desarrollo de políticas de transparencia activa en línea con la Ley 27.275, orientadas a garantizar la publicación de información institucional básica —como nómina de personal, escalas salariales, presupuesto y declaraciones juradas— expresan una evolución que excede el cumplimiento formal de obligaciones legales y muestra la construcción progresiva de una política institucional de apertura.Ese proceso se tradujo, además, en medidas orientadas a ampliar información disponible en áreas particularmente relevantes para la ciudadanía, como los procesos de selección de magistrados, las denuncias disciplinarias, las contrataciones y las auditorías. A ello se sumaron otras herramientas, como el fortalecimiento de información estadística, mejoras en los sistemas de consulta documental y la creación de un registro de datos de género aplicable a esos procesos de selección.

En conjunto, estas iniciativas reflejan no solo mayor disponibilidad de información, sino también una mejora en las condiciones de acceso.Ese avance no es neutro. Para el periodismo, el acceso a información sistematizada y actualizada permite investigar, contextualizar y dar seguimiento a decisiones públicas con mayor precisión. Para organizaciones de la sociedad civil, facilita el monitoreo de la gestión judicial, el desarrollo de diagnósticos y la formulación de propuestas basadas en evidencia. En ambos casos, la disponibilidad y accesibilidad de la información amplía las posibilidades de control, participación y uso efectivo del derecho de acceso.La disponibilidad y accesibilidad de la información amplía las posibilidades de control, participación y uso efectivo del derecho de acceso.

Podría suponerse que, cuanto más información se publica, menos solicitudes de acceso deberían presentarse. Sin embargo, la experiencia del propio Consejo muestra que esa relación no necesariamente funciona así. En los últimos años aumentaron las solicitudes formales de acceso a la información. Este crecimiento se dio, además, en un contexto de bajos niveles de conflictividad y sin judicializaciones en la materia.Ese incremento también puede leerse como expresión de una política de apertura que habilita nuevas demandas: una ciudadanía que, al contar con más información disponible, formula preguntas más específicas, exige mejores datos y utiliza más activamente las herramientas de acceso.

Cada vez más, las solicitudes buscan acceder a datos que permitan entender tiempos de tramitación, desempeño institucional, funcionamiento de procesos y producción de información judicial en un sentido más amplio. Bajo esa lógica, el aumento de solicitudes puede ser también un indicador de maduración institucional.Además, esas solicitudes no solo demandan respuestas; también ofrecen información valiosa para mejorar las propias políticas de transparencia. Un ejemplo es que alrededor del 32% de los requerimientos se concentra en información estadística. Ese patrón permitió identificar una demanda concreta y orientar nuevas respuestas, entre ellas la aprobación del Plan Estadístico del Poder Judicial.Sobre esa base, hoy emerge una nueva agenda.

Los desafíos ya no pasan exclusivamente por ampliar información disponible, sino también por mejorar su navegabilidad y accesibilidad efectiva. En esa dirección se inscriben herramientas actualmente previstas, como soluciones conversacionales para facilitar búsquedas de información y espacios de diálogo con la sociedad civil y la academia para identificar nuevas necesidades y ajustar respuestas.Ambas iniciativas expresan una misma lógica: entender que mejorar la transparencia también requiere escuchar cómo la ciudadanía busca, usa y demanda información.

Porque la transparencia no es una política estática. Supone revisar, ajustar y mejorar continuamente las herramientas de acceso en función de cómo evolucionan las demandas sociales.La transparencia no se mide solo por lo que se publica, sino por lo que la ciudadanía efectivamente puede conocer.Y una política de transparencia madura no es simplemente la que amplía información disponible, sino la que aprende de la demanda, mejora sus mecanismos de acceso y evoluciona junto con las necesidades de una sociedad cambiante.