Cuatro meses sin Maduro, lo que funcionó

La salida del dictador y la administración de recursos petroleros por Estados Unidos abren una etapa inédita, con desafíos complejos y posibilidades de redefinir las bases institucionales y políticas del país sudamericano

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Ilustración de un hombre con bigote y chaqueta beige siendo escoltado por dos agentes. Uno lleva una chaqueta azul con 'DEA' y el otro un casco militar.
Una ilustración muestra a un hombre con bigote y chaqueta beige siendo escoltado por agentes, uno de ellos con una chaqueta de la DEA, durante una operación antinarcóticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de la gente ya no presta atención, pero hay que detenerse y mirar lo que pasó en Venezuela. Nicolás Maduro fue sacado de Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Hoy es 3 de mayo. Cuatro meses. En ese tiempo se han liberado alrededor de 700 prisioneros políticos, Delcy Rodríguez ha purgado a casi la mitad del gabinete original de Maduro, los partidarios de María Corina Machado se organizan en público por primera vez en años, y el petróleo venezolano vuelve a fluir bajo un esquema de custodia administrado por el Tesoro de Estados Unidos.

Este último punto merece subrayarse. Estados Unidos no está tomando el petróleo venezolano. Está administrando los ingresos para que un país con corrupción endémica y estado de derecho colapsado no los vuelva a destruir.

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“Lo que cayó en Caracas el 3 de enero es el último bastión operativo del proyecto bolivariano que intentó capturar el cono sur”.

Donald Trump hizo algo que ningún presidente demócrata se habría atrevido a hacer y que ningún presidente republicano anterior hizo cuando tuvo la oportunidad. George W. Bush no lo hizo cuando Hugo Chávez consolidaba el régimen. Barack Obama trató a Venezuela como un problema de relaciones públicas. Joe Biden negoció licencias petroleras con Maduro a cambio de promesas electorales que nunca se cumplieron. Trump lo sacó. Y el resultado no fue caos. No fue otro Irak. No fue una insurgencia generalizada en Caracas. Fue Delcy Rodríguez negociando por teléfono con Washington la liberación de prisioneros mientras el Tesoro estadounidense descifra cómo desbloquear los pagos a contratistas de PDVSA.

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Para quienes vivimos la región desde adentro esto tiene un peso particular. El chavismo financió al kirchnerismo durante una década. El eje Caracas-La Habana-Buenos Aires no fue metáfora periodística sino arquitectura política con flujos de dinero reales. Las valijas de Antonini Wilson no fueron ficción. Lo que cayó en Caracas el 3 de enero es el último bastión operativo del proyecto bolivariano que intentó capturar el cono sur. Cuba está en colapso terminal. Nicaragua es un cascarón represivo sin ideología viva. Bolivia perdió al MAS. Y ahora Venezuela tiene una transición administrada con Machado moviéndose en el espacio público y cientos de presos políticos volviendo a sus casas.

El detalle del petróleo merece atención porque revela cómo está pensando Trump la política exterior en su segundo mandato. No es ocupación. No es nation-building wilsoniano. Es custodia. Cinco grandes petroleras tienen exenciones de las sanciones estadounidenses que les permiten vender el crudo que bombean y quedarse con su parte de las ganancias antes de remitir el resto al Tesoro de Estados Unidos. Las demás empresas, incluida PDVSA, mandan todos los ingresos directamente al Tesoro, que supervisa cada desembolso con verificaciones de cumplimiento. Es lento. Es burocrático. Los contratistas se quejan de los retrasos en los pagos. Algunas empresas reportan que han dejado de bombear esperando que se procese el papeleo. Pero en un país donde durante dos décadas los ingresos petroleros financiaron narcotráfico, represión política y exportación de la revolución bolivariana, un esquema de custodia con supervisión externa es exactamente la solución de segundo mejor que la situación requiere. La alternativa que defendía la izquierda internacional era dejar que Maduro siguiera robando para que no subieran los precios de la nafta en California.

Hay riesgos reales en lo que viene. Delcy Rodríguez no es santa. Fue vicepresidenta durante los años más oscuros de la represión, conoce íntimamente los mecanismos de tortura del SEBIN, supervisó el aparato de inteligencia que persiguió a la disidencia, y está bajo investigación de la DEA por narcotráfico desde 2018. No es la transición que Machado y los venezolanos merecen después de todo lo que sufrieron. Pero es la transición que existe y que está produciendo resultados verificables medidos en libertades concretas y vidas humanas saliendo de prisión. La pregunta que importa hoy no es si Delcy es la presidenta ideal. Es si el régimen que reprimió, torturó, robó elecciones y vació al país todavía existe como fuerza operativa. La respuesta es que no.

“Cuatro meses atrás eran imposibles. Hoy son rutina”.

Trump removió a Maduro y la prensa internacional dedicó tres días al titular antes de pasar a otra cosa. Si lo hubiera hecho un presidente demócrata habría documentales en HBO el año próximo y libros de historia celebratorios dentro de cinco. Como lo hizo Trump, se intenta enterrar el episodio. Pero los hechos quedan. Y los hechos dicen que la intervención funcionó.

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