Milei contra el Congreso: ¿Táctica o estrategia?

A un mes de haber asumido el gobierno en una atípica ceremonia simbólica y fácticamente celebrada de espaldas al Congreso de la Nación, el inesperado presidente Javier Milei, sin resignar ni el voluntarismo ni su impronta eminentemente rupturista, se va topando progresivamente con los límites que habitualmente la realidad le impone a las ideas.

Si bien su controvertida “revolución liberal” impulsada “desde arriba” por la vía normativa ya se ha encontrado con varios obstáculos y restricciones en el orden judicial y en el propio campo de una economía sumida en una profunda crisis que ha comenzado a acelerarse como consecuencia del shock de ajuste, es hoy en el Congreso de la Nación donde se levantan algunas vallas que podrían poner a prueba la flexibilidad de un gobierno que desde la narrativa apela al “todo o nada”.

En este contexto, y tras una semana de tratamiento de la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara baja, el oficialismo aún no tiene en claro si Milei está dispuesto a ceder y, en caso de que así sea, hasta dónde y en qué temas. Esta falta de claridad a la hora de trazar las líneas que podrían definir los contornos de una negociación posible desconcierta a la oposición, preocupa a potenciales aliados y exaspera a los legisladores oficialistas encargados de defender una iniciativa tan compleja como polémica.

Así las cosas, cabría preguntarse si detrás de la intransigencia presidencial se esconde una estrategia para forzar una negociación en los mejores términos posibles y sin resignar su centralidad ni propia iniciativa, o si realmente entraña una intención deliberada por provocar un choque frontal con el Congreso para sostener esta suerte de cruzada fundacional para producir un “cambio cultural” que termine con el supuesto siglo de decadencia argentina.

Una maniobra tan peligrosa como temeraria que se insinúa en algunos gestos y actitudes con las que el presidente busca identificar al Congreso (in totum, no solo a los legisladores) como la manifestación más acabada de la “casta empobrecedora”, asignándole así a los legisladores la responsabilidad por el agravamiento de la crisis, la disparada del dólar, la persistencia de la inflación, entre tantas otras expresiones de la “decadencia” argentina.

Lo cierto es que resulta altamente improbable -por no decir imposible- que el proyecto pase incólume el filtro del Congreso y, mucho menos aún, que lo haga en los exiguos tiempos que el mismo presidente se autoimpuso en el decreta de convocatoria a sesiones extraordinarias (31 de enero). En este sentido, resulta llamativa la falta de previsión al respecto, o ¿alguien esperaba un trámite express para una ley de casi 650 artículos que avanza sobre las más diversas facetas de la economía, la política, la educación, la salud y la cultura? Porque tal como aparece planteado el debate y cómo se posiciona el gobierno en el escenario, el presidente pareciera no ser capaz de discernir entre lo urgente, lo necesario, lo importante, y lo accesorio, según los objetivos y prioridades de su propio programa.

No es un tema menor para un oficialismo parlamentario que carece de interlocutores de peso y con respaldo político de la Casa Rosada y que, por momentos, parece actuar con ciertas dosis de improvisación y amateurismo, como ocurrió esta semana en el Senado de la Nación con la firma en comisión de los dictámenes de boleta única de papel, una iniciativa con media sanción que, por forzar tiempos y desdeñar o minimizar las negociaciones, podría fracasar antes de llegar al recinto.

En el Gobierno confían en los altos índices de imagen positiva que -según la mayoría de las encuestas- ostenta el presidente, y en que la profundidad de la crisis coadyuve a una actitud “responsable” en las filas opositoras ante la posibilidad de una hecatombe.

Por ello, pese a las descalificaciones y diatribas del presidente contra los legisladores (lo que no solo genera malestar en la oposición sino fundamentalmente en los aliados), es bastante probable que el núcleo del proyecto -el paquete fiscal, la moratoria y una delegación de facultades más acotada que la solicitada- termine por ser aprobado, y que el resto de las propuestas queden a merced de cómo soplen los vientos políticos más adelante o se conviertan en una suerte de declaración de principios y programa de máxima.

Es que por el mes de marzo o abril, tras un tórrido y aún incierto verano, el gobierno deberá enfrentar un desafío aún más importante: el test social, con el gran interrogante de cómo reaccionará la opinión pública -incluso quienes hoy lo apoyan- ante el pleno y descarnado impacto del ajuste y la recesión. Y si se le complica ese test, ese mismo Congreso que hoy Milei parece subir al ring de una batalla de legitimidades, puede convertirse en el espacio para la reconfiguración de liderazgos en un peronismo perfilado como principal oposición.