El presidente Javier Milei se reunió con los gobernadores para examinar la derogación de las modificaciones en el impuesto a las ganancias que había impulsado el gobierno anterior y que afectan la coparticipación de impuestos nacionales destinados a las provincias. Cada año, la lucha por los recursos conduce a estas negociaciones entre la Nación y las provincias. Quizás sea posible aprovechar las tecnologías basadas en inteligencia artificial para buscar un método de reparto más flexible, que se ajuste con diversos indicadores.
Hoy en día, la recaudación de impuestos nacionales se distribuye entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un sistema de coparticipación general (ley 23548). Los porcentajes de distribución, fijados en 1988, han permanecido sin cambios. Además, existen asignaciones específicas de impuestos –como el impuesto al cheque que se destina en su totalidad a la Anses– que se distribuyen según porcentajes fijos por un periodo determinado.
Aunque los porcentajes de distribución son fijos tanto en el sistema general como en las asignaciones específicas, la modificación de estos difiere en cada caso. Para los primeros, se requiere un consenso unánime de las provincias y la Nación formalizado en una ley convenio; mientras que para los segundos, solo se necesita una ley del Congreso aprobada por la mayoría de sus miembros. Esta diferencia hizo que el sistema general se mantenga sin cambios desde 1988; mientras que se han aprobado asignaciones específicas para ir adaptando el reparto de la recaudación a las circunstancias políticas y económicas del país.
La distribución de la coparticipación no siempre se realizó mediante porcentajes fijos. Por ejemplo, entre 1973 y 1988, la ley 20221 vigente establecía que la distribución entre las provincias se basara en índices variables. Estos índices incluían factores como la población, brecha de desarrollo (que medía la diferencia de riqueza de cada provincia con respecto a la del área más desarrollada del país) y la dispersión geográfica de la población. Sin embargo, debido al atraso en las estadísticas, este prorrateo variable se abandonó para pasar a los porcentajes fijos.
En la actualidad, las tecnologías de explotación de datos abren la posibilidad de explorar nuevas alternativas en la distribución de la coparticipación. Podría pensarse en el diseño de un sistema basado en indicadores sociales y fiscales para la asignación de recursos. Los sociales podrían abarcar aspectos relevantes para el bienestar social, como por ejemplo, los índices de pobreza multidimensional, de carencias múltiples y de riesgo infantil, entre otros. Los fiscales podrían comprender tamaño del estado, ingresos y gastos, endeudamiento y equilibrio fiscal.
Este sistema tendría la capacidad de ser dinámico y adaptativo, pues se ajustaría automáticamente mediante algoritmos en respuesta a las variaciones de los indicadores elegidos. De esta forma, la distribución de la coparticipación no sería estática, sino que reflejaría las necesidades cambiantes de cada provincia, contribuyendo a la reducción de las desigualdades regionales. Por lo tanto, la inteligencia artificial podría ser una herramienta para mejorar la distribución de la coparticipación.
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