La Defensa y su aporte a nuestro país

Argentina, a través de los primeros pasos de su nuevo Gobierno Nacional, demuestra que está decidida a cambiar su historia. Lo hace a partir del reconocimiento de que el sistema que nos ha gobernado durante décadas está agotado y que sólo nos conduce a una constante decadencia: con más pobres, débiles y divididos, como así también con menos seguridad, salud, sentido de pertenencia y calidad de vida. Aspectos que nos dejan más expuestos a amenazas que buscan degradarnos como Nación.

El deterioro es tan grande y generalizado que requiriere de soluciones complejas que exigen, una vez más, el sacrificio a toda la sociedad, ya cansada de tanta desilusión y fracaso.

Cuando más del 40% de la población de nuestro país es pobre, quien debe administrar los pocos recursos con los que se cuenta podría preguntarse si estamos en guerra. Entonces, de manera rápida y superficial, justificaría que no son necesarias las Fuerzas Armadas o, dicho de otra manera más elegante, no son prioridad. Ante semejante escenario, es lógico pensar que se releguen los problemas de la Defensa.

Las instituciones de la Defensa (el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina), al igual que las instituciones de la educación, de la salud, entre otras, están conformadas por personas con valores y una profunda vocación de servicio y amor por el prójimo y la Patria, reconocidas y apreciadas por la gran mayoría de la sociedad. Las primeras, las de la Defensa, hoy constituyen unas de las pocas estructuras organizadas y disciplinadas, listas a responder al llamado que la urgencia amerite, en el lugar y momento que sean.

Pero, entonces, ¿necesitamos o no nuestras Fuerzas Armadas? La respuesta requiere de un análisis más profundo. El país hoy exige poner orden y seguridad a su presente, al igual que previsibilidad y proyecto de crecimiento a su futuro. Dos objetivos en los que nuestra Defensa debería ser un actor principal.

Podríamos, sin exigirnos exactitud, ordenar a los temas del presente como de “corto plazo” (hoy y hasta cuatro años - una gestión de gobierno), y aquellos del futuro como de “mediano y largo plazo” (5 a 10 y más años - varias gestiones de gobierno).

La pandemia, las campañas sanitarias en la hidrovía, el apoyo a nuestra presencia en la Antártida, la protección de nuestro mar, el control de nuestro espacio aéreo, la presencia en los lugares más recónditos de nuestro país reafirmando nuestra soberanía, la seguridad de los actos eleccionarios, el apoyo ante catástrofes naturales (ej. el temporal en Bahía Blanca), son algunos ejemplos del accionar permanente y de la pronta y eficaz respuesta de nuestras instituciones militares al auxilio de la comunidad. En el corto plazo, la sociedad cuenta con ellas.

Es válido también, en el corto plazo, argumentar la necesidad de revalorizar la profesión militar, adecuando los sueldos del personal, actualizando su plexo legal y visibilizando los valores y calidad moral de sus integrantes, lo cual sería inspirador para una sociedad que necesita volver a creer.

Arrastramos desde hace mucho tiempo la urgencia, hoy ya impostergable, de la optimización de los medios militares para poder defendernos de amenazas que pongan en riesgo nuestra integridad nacional. Ello nos exige: asegurar la presencia y capacidad de movilidad y despliegue de medios militares terrestres para garantizar la protección de nuestra soberanía territorial en toda su extensión, recuperar la capacidad submarina y de los medios navales, aeronavales y de infantería de marina, para asegurar la protección de nuestros intereses en el mar, la hidrovía y los espacios marítimos asociados, recuperar la capacidad de nuestra fuerza aérea para ejercer el control efectivo de ese ambiente operacional y potenciar el desarrollo espacial y ciberespacial para garantizar su empleo en beneficio del país.

Pero entonces, por qué le cuesta tanto a la Defensa optimizar sus recursos y contar con medios modernos e infraestructura en condiciones, por qué se tarda tanto tiempo en resolver temas absolutamente consensuados y de máxima prioridad. ¿No será que estamos desde hace décadas entrampados en el lodo del corto plazo, viviendo y ocupando casi todo nuestro tiempo embarrados por los problemas del día a día?, ¿no será que vivimos una perpetua política de defensa subordinada al interés del gobierno de turno, en lugar de tratar la misma como una Política de Estado? Es inobjetable la mediocridad de una dirigencia a cargo que, con una tibieza irresponsable justificada en la falta de recursos, ha asegurado la continuidad de una gestión ineficiente.

Un país y su sociedad que se precien evolucionados, con calidad de vida, pertenecientes al “primer mundo”, son el resultado de una construcción pensada y desarrollada en el tiempo de una Nación. (Según la RAE: “Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”, y bajo el término de Patria: “Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”). Esa construcción requiere de la definición del “qué queremos” y del “cómo lo hacemos”.

Cuando el Presidente Milei nos habla de llevar a la Argentina a ser una potencia mundial dentro de 35 años, nos está proponiendo una visión estratégica de largo plazo. Es importante comprender que a esa condición no se llega por arte de magia. Se hará realidad, si o si, si hacemos cumplir en el tiempo el Proyecto de Nación que definamos.

Dicho esto, mientras se resuelven los desafíos del presente, ya tendríamos que avanzar sobre la definición de nuestras aspiraciones futuras. No podemos dilatar esta discusión, porque identificadas y consensuadas las mismas, deberían ser las orientadoras de las decisiones del presente.

Es ahí donde nuestra Defensa, al igual que el resto de las Instituciones o Áreas del Estado argentino deberían activarse y tener una participación protagónica.

Resulta auspicioso observar como el Poder Ejecutivo en su “Ley ómnibus” elevada recientemente al Congreso de la Nación, en su art.347, llama a conformar una comisión especial auditora para evaluar la Defensa, su estado de alistamiento y capacidad para cumplir con su misión.

No debemos perder de vista la razón de ser primaria de la existencia de nuestras FFAA, como herramientas del Estado para la defensa de los intereses argentinos. La Defensa es, junto a la Economía y la Justicia, entre otras, un vector de poder que le da físico y reconocimiento al País para posicionarse en el marco internacional e influir sobre el mismo buscando favorecer el logro de nuestros intereses. Entonces, es válido decir que, para llegar a ser un gran país, necesitamos sumar poder.

Una acción necesaria que el presente Gobierno se encuentra realizando es definir nuestra alineación política internacional como país, visión estratégica que nos debería encontrar como un actor defensor de los valores y cultura occidentales y co-responsable de la protección de la paz, la libertad y la custodia de los recursos naturales en Sud América, el Atlántico Sur y la Antártida.

La Defensa debe apoyar a nuestra Cancillería en hacer efectiva esa alineación, y, en consecuencia, proteger nuestros intereses ante el mundo.

Desde el punto de vista geopolítico, las dimensiones y heterogeneidad de nuestro territorio, sumado a la proyección de nuestros intereses en el Atlántico Sur y Antártida, requieren, para su protección soberana o el reclamo pacífico creíble sobre los territorios marítimos ocupados por el RUGB, así como para la contribución al logro del resto de los objetivos estratégicos definidos por nuestra Nación, de la definición de un plan contribuyente de la Defensa de mediano-largo plazo, asociado al desarrollo deseado por el país.

En la misma “Ley ómnibus” mencionada, se definen los siete sectores (agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, forestal y gas y petróleo), cuyas inversiones son consideradas de “interés nacional” para el desarrollo del País. La Defensa debería considerar su contribución, para su protección y participación industrial.

A modo de ejemplo, si definiésemos como objetivo estratégico constituirnos en líderes mundiales energéticos, basados en la extracción, proceso (valor agregado), transporte y comercialización al mundo de litio, el gas natural y el petróleo, etc., el país orientaría su esfuerzo al desarrollo de una infraestructura asociada, la cual debería asegurar el negocio y protección ambiental que reditúen en crecimiento y calidad de vida. ¿Quién debería velar por esto? La Defensa.

Y si el país definiese transformarse en líder mundial del sostenimiento logístico antártico, objetivo ligado estrechamente al desarrollo del potencial de nuestra región patagónica y nuestros intereses soberanos sobre el continente blanco, sería la Defensa la que debería garantizar la protección y el apoyo de las actividades relacionadas.

Y si el país definiese paralelamente, en vistas del agotamiento del recurso no renovable, sumado a la necesidad de hacer más viable la vida en el mundo, el desarrollo energético basado en fuentes renovables (energía eólica, hídrica, solar, bioenergías), su despliegue físico y aplicación, así como el cuidado de los reservorios de agua potable, también deberían ser protegidos por la Defensa.

Así, podríamos seguir describiendo posibles objetivos estratégicos vinculados a nuestras potenciales capacidades naturales, intereses geopolíticos, entre otros, que justifiquen la necesidad de asegurar su protección o la optimización de la Defensa.

Es que la Defensa está conectada a todo lo que contribuya a garantizar el ejercicio soberano de nuestra Nación, su desarrollo y el cumplimiento de sus intereses.

Cuidado entonces, la Defensa no es un “fin en sí mismo”. No solo el hecho de tener grandes extensiones de mar, aire, tierra y ciberespacio define qué buques de guerra, aviones de combate, tanques y equipos de ciberdefensa tengo que tener.

Su diseño y los medios materiales y humanos asociados deben ser definidos para proteger / cumplir los Objetivos Estratégicos fijados por el País, en el marco de un Proyecto de Nación, y desarrollados, actualizados y aplicados a través de una Política de Defensa, que asegure continuidad de gestión y eficiencia.

La madurez como Nación nos tiene que permitir integrar la Defensa a la discusión de qué país queremos y cómo hacerlo. De allí, fácilmente acordaremos cómo defenderlo. En definitiva, sería un “contrato”, una “decisión consensuada” que deberíamos firmar todos los argentinos, nuestras instituciones y sus dirigentes, comprometiendo su continuidad en el tiempo como una verdadera Política de Estado.