Dolarizar, liberar los cepos y recortar las funciones del BCRA

Multitudes dicen estar de acuerdo con el cambio del régimen monetario, pero “no hay dólares suficientes para cambiar los pesos en circulación, a un valor razonable”, sostienen muchos economistas. Así, para convertir los pesos existentes a un tipo de cambio de $800 por dólar se requerirían unos USD 35.000 millones. No obstante, si hubiera tantos dólares, muchos afirmarían que ya no haría falta dolarizar.

Siempre surgen inconvenientes, aunque algunos podrían alumbrar un proyecto mejorado. Milton Friedman, mi querido profesor en la Universidad de Chicago, insistía en sus clases, para grabarlo: “lo óptimo es enemigo de lo bueno”.

Si hubiera seguridad de poder cerrar el grifo a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, a partir de cierta fecha, se podría implementar el congelamiento del monto total emitido y suprimir las impresoras de pesos. Una suerte de “quemar las naves” de Hernán Cortés. De ahí, en adelante, todo crecimiento de las necesidades monetarias sería cubiertas con las ofertas de dólares de los privados y entes públicos, por medio de los ingresos obtenidos con la venta neta de bienes, servicios, privatizaciones, y de activos varios.

De tal modo, la cantidad de dólares en los negocios locales iría en aumento continuado, en tanto la cantidad de pesos quedaría fija, congelada a la fecha establecida; y los individuos emplearían sus tenencias particulares libremente, sin corralito ni restricción a disponer de los pesos y divisas extranjeras.

De ese modo, la dolarización tendría el ritmo pautado por las negociaciones generales, tanto privadas como públicas, y los pesos en circulación no generarían riesgos de hiperinflación, porque nunca ocurrió con la cantidad de dinero congelada para el fisco.

Al compás de la expansión económica, la nueva realidad alentaría las libertades de comerciar. Y habría dos tasas de inflación: una en pesos, que cesaría con la estabilidad monetaria en pesos, una vez comprobado el congelamiento de la base monetaria, de las Leliq y otros pasivos del BCRA; y otra en dólares, resultante de condiciones internas e internacionales.

El cese paulatino de las actividades del BCRA se iniciaría con la eliminación inmediata del cepo cambiario. Las autoridades declararían la libertad de cambios, de utilizar sus habilidades y capacidades financieras de la forma que mejor convenga a cada uno.

A partir de ahí, quien quiera importar deberá conseguir las divisas necesarias y pagar los impuestos vigentes. Lo mismo para quien desee exportar concertará su negocio y obtendrá las divisas correspondientes, también pagando los tributos pertinentes.

La AFIP seguiría con las tareas de comprobar la veracidad de las declaraciones impositivas y fiscalizar el cumplimiento.

El conjunto de las iniciativas individuales se beneficiará impactadas con las contundentes liberaciones de regulaciones implementadas y compromisos con la seguridad de los derechos privados. El nuevo encuadre de libertades sustentará un ciclo de bonanza desconocidos y añorados desde el golpe de Estado de 1930, porque liberaría de la tiranía de la falta de recursos, esto es, de la escasez de acuerdos, contratos, coordinaciones productivas causados por el espanto a la discreción estatal acechando tras la permanente redistribución de patrimonios con la confusión inflacionaria.

En la permanente destrucción de libertades y derechos particulares, en la Argentina, muchos políticos se acostumbraron a defaultear, violar convenios, incluso en los acuerdos entre particulares en que no participaban y hasta con efecto retroactivo. Ninguna sociedad puede progresar con esas limitaciones, porque la discreción estatal es el mayor enemigo de las libertades individuales y patrimonios privados.

La Argentina, el país más floreciente del mundo al comienzo del siglo XX, que atrajo a millones de inmigrantes y gigantescas capitalizaciones, inversiones, terminó descartando ocupaciones productivas y cebando pobrezas explosivas, y cayendo decenas de puestos sucesivamente.

Para el éxito del programa es decisivo afianzar las libertades personales. John Stuart Mill insiste en un principio anti casta: si algunas personas están sometidas a la voluntad de otras, se violarían libertades. Este principio va contra las formas arraigadas de desigualdad basadas en apropiaciones forzadas y diferencias físicas. Los liberales están comprometidos con la dignidad individual.

El estado de derecho es fundamental y requiere normas claras, generales y de acceso público establecidas de antemano; que la ley sea prospectiva, que permita planificar a las personas, en lugar de retroactiva, frustrando las expectativas privadas.

Días atrás, Cass Sunstein destacó, en The New York Times: “Los liberales entienden la democracia como una obligación de rendir cuentas al pueblo”.

Dolarizar, liberar el comercio de obstáculos arbitrarios y disminuir las interferencias del BCRA es viable desde el inicio del nuevo gobierno.

El autor es director de BG Consulting