
La iniciativa de la diputada Victoria Villarruel de homenajear a víctimas de atentados de organizaciones armadas en los 70 puso en evidencia los yerros de la política desarrollada en los últimos años respecto a la violencia insurreccional y a la represión ilegal.
Los profesionales de los derechos humanos y los funcionarios oportunistas pusieron el grito en el cielo sin ver que el acto en la Legislatura se legitima en el sectarismo con el cual a lo largo de estos años se afrontó el balance del pasado, en la pretensión de mantener abiertas las heridas in eternum -con fines de recuperación política- siempre de modo unidireccional y maniqueo.
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Los organizadores del acto del pasado 4 de septiembre fueron tildados de negacionistas, pero hubo y sigue habiendo muchos negacionistas respecto de lo sucedido en aquellos años. No habrá reconciliación hasta que no se reconozca el rol que le cupo a cada uno y, más importante aún, hasta que no se admita la colusión entre la política de unos y la réplica de otros, cuya desproporcionalidad no autoriza a un sector a sólo victimizarse para eludir responsabilidades.
La Argentina es un todo y quienes fueron parte en modo alguno pueden erigirse en jueces, como lo han venido haciendo en la última década, al amparo de un relato faccioso.
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Resulta como mínimo curioso observar el entusiasmo compulsivo de algunos muchachones setentistas por manifestarse contra el “negacionismo”, a la vez que se han vuelto amnésicos sobre la estrategia que desplegaron en las organizaciones de las que fueron jefes para facilitar el golpe militar de 1976 con el argumento de que “cuanto peor, mejor”.

¿A qué intereses sirvió el “pase a la clandestinidad” de Montoneros en plena democracia -8 de septiembre de 1974- equivalente a una declaración de guerra al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón -otra víctima de negacionismo-, sino a los de quienes querían interrumpir a toda costa la legalidad democrática?
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Lo dejó documentado Rodolfo Walsh -muy citado pero poco leído por el negacionismo progresista- en un documento (23/11/1976) dirigido a a la conducción de Montoneros: “En 1974, cuando murió Perón, queríamos el golpe de Estado para evitar la fractura del pueblo y en 1973 sosteníamos que las armas principales del enfrentamiento serían las militares”.
Entre las víctimas olvidadas o negadas por el relato kirchnerista está ni más ni menos que el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, asesinado por Montoneros a pocos días del triunfo electoral de Juan Perón, el 25 de septiembre de 1973.
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Pero para el binarismo kirchnerista hay negacionistas malos y negacionistas buenos; con estos últimos vale la pena abrazarse. ¿O no fue Fidel Castro el primer gran negacionista cuando instruía a su embajador en la ONU para que obstruyera toda investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina durante la dictadura?

Negacionismo que el gobierno de facto retribuyó al votar en defensa de Cuba en la ONU y al no interrumpir el envío de granos a la entonces Unión Soviética -de la que la isla de Castro era satélite-, a pesar del embargo cerealero promovido por EEUU con motivo de la invasión de la URSS a Afganistán.
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Basta mirar con ojos de argentinos de bien nuestro pasado reciente, para observar la connivencia en el plano político, la coincidencia de objetivos y el concurso brindado por la táctica de unos a la estrategia de los otros. Las cúpulas guerrilleras militarizaron la lucha y facilitaron de hecho que el otro bando pudiese militarizar la respuesta. Cada sector le dio política y argumentos al otro. Y en el medio fueron sacrificadas las esperanzas de un pueblo, la institucionalidad política, la paz social, la unidad nacional y miles de vidas fueron cegadas.
Fue un drama en el que no actuaron dos demonios. Hubo un solo demonio, pero con dos cabezas. De ambos lados desataron violencia contra los argentinos y sirvieron a un fin común: la división nacional.
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Ahora bien, el justo recuerdo de las pérdidas sufridas por tantas familias argentinas en virtud de la violencia guerrillera tampoco debe llevar a un sectarismo de signo contrario que profundice la división de los argentinos. Es correcto evocar a las víctimas de la violencia terrorista. Pero no se puede responder a la “memoria” parcial e incompleta de estos años con otra “memoria” sectaria.

De lo contrario, significaría que no se ha comprendido que ambos sectores fueron vehículos para enfrentar a argentinos con argentinos, quizás incluso conducidos, en aquella época, por una misma potencia mundial, que a unos les daba armas y a otros les compraba el trigo.
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Por lo tanto es necesario un acto de contrición y reconocimiento de las acciones pasadas para que los deudos puedan tener un mensaje certero del destino de sus familiares desaparecidos y haya un lugar donde llevar una bendición o una flor; a la vez que es necesario que los promotores de juicios eternos no utilicen el eventual suministro de información para ahondar en una política que mantiene las heridas abiertas impidiendo que surja la verdad que dicen buscar.
La única justicia posible para los estragos que causó la violencia en el pasado es un acto institucional que coloque en situación de igualdad a todas las víctimas para cerrar definitivamente esa etapa y encaminarnos en el sentido de la unidad nacional porque es imposible integrar a la Argentina al mundo si primero no se integra a sí misma. Hay que dejar de ofrecer flancos débiles a los lobbys internacionales que apoyan a unos u otros -y a veces a ambos a la vez-, para seguir enfrentándonos por otros medios.
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Por último, se necesita un nuevo estatus legal que reconozca a todos los muertos por actos de violencia política, y capaz de promover una ley para la pacificación de los espíritus y la reconciliación nacional.
Y para que finalmente podamos decir “Argentina, ¡levántate y anda!”
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