Acoso fiscal

Empiezo esta nota con una anécdota personal que ilustra la voracidad fiscal del Estado argentino en todos sus niveles. Guardaba en mi biblioteca unos 30 ejemplares del libro “La hiperinflación del 89″, escrito por mi padre y que habían quedado remanentes de una edición de hace unos años. Con el propósito de difundir ideas y, a la vez, liberar parte del estante, decidí hacer una publicación por internet para venderlos.

Tras algunas ventas -no sorpresivamente el tema sigue interesando- recibí con un día de diferencia sendas comunicaciones de la AFIP y de la AGIP CABA. En la primera me decían que mi situación fiscal respecto de las percepciones de IVA podía cambiar. La segunda era de tono similar. Se me informaba que debía inscribirme en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y que comenzarían a realizarme percepciones. Esto fue así, aun cuando la venta de libros está exenta tanto de IVA como de Ingresos Brutos. Teniendo en cuenta lo difícil que es liberarse una vez que una persona empieza a ser objeto de retenciones, aunque injustamente, decidí retirar la publicación, quedando unos 10 ejemplares del libro todavía en mi biblioteca.

Este y tantos otros ejemplos ilustran cómo el Estado destruye la iniciativa. Una PyME tiene que organizar una estructura administrativa, pasar por la odisea de inscribirse en estos y muchos otros impuestos nacionales y provinciales y presentar permanentemente declaraciones juradas que tengan en cuenta los constantes cambios normativos. Como si este esfuerzo fuera poco, se le realizan retenciones y percepciones, normalmente en exceso, que generan créditos irrecuperables. Esta política de los fiscos redunda en trabajo improductivo y en un aumento de las alícuotas no legislado, por lo tanto, ilegal.

Algo similar sucede con las tasas municipales las cuales deberían pagarse solamente como contrapartida de algún servicio. Esto no es así. Muchas se pagan a cambio de nada como, por ejemplo, la tasa por publicidad por exponer el nombre del negocio, la guía de transporte de hacienda (que se creó en la época de los malones para proteger los arreos de ganado), o la que “caza” todo lo que no está explícitamente gravado como la “Tasa por Servicios Municipales sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios” que grava a cualquiera que venda dentro de un municipio, aunque no tenga local u oficina alguna.

Ánimo, que no todas son malas noticias. Recientemente hubo un fallo que obligó al municipio de Carlos Casares a devolver a una productora rural la tasa por mantenimiento de caminos. Fue porque los vecinos debían mantener el camino a su costo para poder sacar a la ruta la producción de leche. Lo triste es que el juicio demandó nueve años durante los cuales la perjudicada debió seguir pagando la tasa y también arreglando el camino. Ahora deberá ver cómo recupera lo pagado en exceso y el resto de los vecinos tendrá que realizar otro juicio, esperemos que más breve, para recuperar lo compulsiva e ilegalmente cobrado por el municipio.

Para terminar, las personas físicas también son acosadas aunque no tengan actividad comercial. Aunque más subrepticiamente ya que los impuestos están, mayormente, escondidos dentro del precio final. Dos ejemplos: cuando una persona tiene la suerte de poder comprarse un automóvil cero kilómetro no siempre sabe que al mismo tiempo le está pagando al Estado el equivalente a otro auto. Lo mismo sucede con los pasajes de avión. Con lo que se paga un pasaje se podría llevar también a un invitado al viaje y sobraría plata para el hotel. Pero no, es el Estado el que se lleva ese dinero. En una proporción algo menor, pero también abusiva, lo mismo sucede con cualquier bien o servicio, hasta con el pan y la leche.

Esta larga letanía, que podría seguir casi eternamente, muestra la urgencia por bajar el gasto público, los impuestos y simplificar todos los regímenes impositivos. Si no lo hacemos, seguiremos como hasta ahora, matando la producción y el trabajo y siendo un país cada día más pobre.

Seguir leyendo: