La defensa de la democracia en la región debe ser un pilar de la política exterior

El asalto a los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial en Brasilia es la muestra más reciente y contundente del déficit democrático que vivimos en la región. Fuerzas que surgen desde distintos puntos del espectro político deciden no aceptar las reglas de juego democráticas, poniendo en riesgo las instituciones que tanto nos costaron construir. Líderes de todo el mundo condenaron lo que sucedió en Brasil y llamaron al pronto restablecimiento del orden. Biden, Trudeau, Macron, Lacalle Pou y Boric, por nombrar solo algunos, brindaron su respaldo al gobierno constitucional y repudiaron los actos de violencia. Hechos como estos ponen de manifiesto, una vez más, la importancia de proteger los consensos democráticos y nunca darlos por sentados. Por eso, la defensa de la democracia y el respeto por los derechos humanos en la región debe ser un pilar fundamental de la política exterior argentina.

Uno de los acuerdos más fuertes dentro de Juntos por el Cambio es la visión compartida sobre la inserción internacional del país, desde una región cuya mayor fortaleza es ser una zona de paz, comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos, tal como lo establecen el Protocolo de Ushuaia (1998) y la Declaración Política del MERCOSUR como Zona de Paz (1998). Por esa razón, desde JxC no dudamos en condenar categóricamente cada una de las acciones contra el orden institucional y la violencia populista que ponen bajo asedio la democracia: hemos tenido una postura clara que se reflejó en el accionar y posicionamiento frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela; el fallido intento de autogolpe en Perú y los recientes disturbios antidemocráticos en Brasil. Un signo de madurez política que caracteriza a la coalición tanto en su rol actual de oposición, como también siendo gobierno.

De hecho, la política exterior durante el gobierno de Mauricio Macri demostró coherencia en su compromiso con la democracia y los DD.HH. en Venezuela, al condenar al gobierno de Maduro en la ONU y, en paralelo, apoyar la aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de Alberto Fernández desanduvo ese camino con posiciones contradictorias e ideologizadas, y pronunciamientos ambiguos respecto de las violaciones a los DD.HH. en países vecinos: votó contra Venezuela en la ONU pero no en la OEA y se abstuvo de condenar el encarcelamiento de opositores en Nicaragua. También utilizó su rol de presidente de la CELAC para defender a dichos países en la Cumbre de las Américas, solo por tratarse de gobiernos afines ideológicamente.

Nuestra región se ve perjudicada si hay grupos de países dispuestos a tolerar los déficits democráticos manifiestos. La Argentina debe ser implacable en la promoción y defensa de la democracia y los DD.HH. en la región, no solo en solidaridad con nuestros países hermanos, sino también porque impacta de lleno en el bienestar nacional y regional. Por eso, resultan inadmisibles las declaraciones del gobierno argentinor, junto con Colombia, Bolivia y México, sobre lo que pasó hace tan solo un mes en Perú, o las acciones diplomáticas que pretendieron entorpecer los procesos de enjuiciamiento de la corrupción en Ecuador.

La defensa de los derechos humanos en América Latina ha sido un pilar de la política exterior argentina y, como tal, no debe admitir reparos que descansen en afinidades ideológicas con ciertos gobiernos. Las contradicciones e inconsistencias en los posicionamientos del actual gobierno desacreditaron el liderazgo que nuestro país supo construir en la materia. En un mundo y una región convulsionados, la Argentina debe reafirmar su compromiso con los valores democráticos y recuperar la credibilidad internacional y el prestigio perdido como punto de partida para desarrollarse y crecer.

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