Todo el espectro político argentino -igual que todos los países democráticos occidentales- salieron contundentemente a respaldar al Presidente Lula y las instituciones republicanas brasileñas.
Hemos visto en los medios a un grupo pequeño de personas - entre 200 y 500, en su riñón más violento, con varios miles de comparsa - en actitudes violentas, destruyendo la propiedad pública en las sedes de los 3 poderes, alrededor de la plaza que los concentra en el centro de Brasilia, la Capital Federal brasileña.
Una clara expresión de fanatismo marginal -aunque organizado- que será investigado por la justicia brasileña.
Sera esa justicia la que investigará las responsabilidades materiales e ideológicas al frente y detrás de los acontecimientos.
Esta investigación incluirá al expresidente Jair Bolsonaro que ignoró el resultado de las elecciones y nunca reconoció el triunfo de su rival, el presidente electo Lula da Silva. Durante los últimos 60 días, Bolsonaro convocó a a sus partidarios a movilizarse contra -lo que el consideró- un “robo” a la voluntad popular.
Su pronunciamiento público, por tuit desde los EEUU- no es ni remotamente claro en cuanto a repudiar los acontecimientos ocurridos en Brasilia el domingo pasado. La justicia dará su veredicto final sobre su eventual involucramiento con los hechos subversivos ocurridos.
Estos deberían hacer recapacitar a la vicepresidente y al Presidente de la República Argentina para retirar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Si es grave que una turba de desarrapados ocuparan los edificios físicos de los 3 poderes en Brasil, más grave es que la máximas autoridades del poder ejecutivo nacional, acompañados por 11 gobernadores, desconozcan una orden judicial emanada del más alto tribunal de Justicia de la Nación.
Los que produjeron los disturbios en Brasilia serán identificados, juzgados y condenados.
En cambio, el “conflicto de poderes” en Argentina destruye el sistema republicano y quita toda credibilidad interna y externa a las autoridades nacionales (y a varias provinciales).
Esperemos que este grave hecho ocurrido en Brasilia sirva para que los argentinos acordemos un programa de transición para los 11 meses que restan al mandato de Alberto Fernández, que nos permitan, en lo posible, estabilizar las principales variables económicas y políticas así como la contención de los altos costos sociales que produce la falta de credibilidad -inflación, inestabilidad y todo tipo de especulaciones de corto plazo- que no pueden esperar un año para empezar a resolverse.
Estoy seguro que podemos contar con el apoyo y la compresión de todos nuestros socios y vecinos sudamericanos.
Quien puede dudar que, después de lo ocurrido en Brasil, el primer interesado en la estabilidad de mediano y largo plazo en Argentina, es el Presidente Lula da Silva.
(*) Diego Guelar es exembajador argentino en Brasil, EEUU, UE y China
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