
La moratoria previsional más utilizada por las mujeres para jubilarse vence el próximo 31 de diciembre. Ni la Anses ni el presidente Alberto Fernández parecerían haber llegado a un acuerdo sobre una prórroga a su plazo de vigencia. Por otra parte, la nueva moratoria, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, ha naufragado por falta de quórum en la última sesión extraordinaria de diputados. Desde el primero de enero, 8 de cada 10 mujeres, muchas de ellas incluso ya con turno para presentar sus papeles, se quedarán sin la posibilidad de obtener su jubilación.
Para los que no cumplen con el requisito de años de aportes, periódicamente han entrado en vigencia moratorias previsionales. Se trata de planes de facilidades de pago que otorga la AFIP y que permiten a los contribuyentes regularizar aportes. El 65% de los beneficios jubilatorios ordinarios que se dan de alta anualmente incluyen moratorias previsionales. Solo el 35% corresponden a personas que han cumplido con la totalidad de los servicios requeridos por ley. Cuando se analiza la situación específica de las mujeres, las jubilaciones con moratoria alcanzan el 81 por ciento.
La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. En términos históricos solo seis de cada diez trabajadores lo hacen en regla. El empleo no registrado tiene como contrapartida que el trabajador, al cumplir la edad jubilatoria, no alcanza el piso de 30 años de aportes. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria. La informalidad laboral golpea más a las mujeres que a los hombres, dificultando sus posibilidades de insertarse en forma continua en el mercado laboral o de hacerlo bajo la modalidad registrada.
Recordemos que desde 2016 se restringió el acceso a las moratorias, dejándolas exclusivamente para los segmentos de mayor vulnerabilidad. Por eso quienes deseen regularizar aportes, deben superar una evaluación socioeconómica, que implica demostrar ingresos inferiores a un determinado monto (el valor máximo de ingresos que habilita el cobro de asignaciones familiares), no poseer aeronaves, embarcaciones, no contar con inmuebles ni automóviles que superen una determinada valuación, ni consumos de tarjeta de crédito superiores a determinados montos.
Es cierto que las moratorias previsionales distan de ser el modelo ideal para un sistema jubilatorio que sea sostenible en el tiempo. No obstante, es socialmente inviable pretender eliminarlas en forma intempestiva. Desde su aparición en el año 2005, cada vez más personas necesitan de ellas en alguna proporción para poder jubilarse. Tal como surge del gráfico a continuación, en el año 2007 el 61% de las mujeres se jubilaba con moratoria y 15 años después ese porcentaje alcanzó el 81 por ciento.

Esto significa que durante muchos años se implementó la moratoria como un parche frente a la informalidad laboral y la inequidad de género, pero no se tomaron medidas de fondo para transformar esa realidad. No se ha generado aún el escenario en el que las moratorias previsionales puedan ceder protagonismo paulatinamente. Miles de mujeres tienen sus turnos para iniciar los trámites jubilatorios en enero y febrero. No obstante, la improvisación de la política argentina las dejará con la carpeta en la mano, esperando que la Anses emita una resolución para prorrogar el plazo de la actual moratoria, que el presidente Alberto Fernández dicte un decreto que extienda su vigencia o que la oposición de quorum para poder aprobar la nueva (y seguramente última) moratoria previsional. El sistema previsional menos previsible del mundo.
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