Los tres problemas del sistema laboral argentino

Argentina tiene severas complicaciones en materia de trabajo y empleo. Estas derivan de normas y principios desarticulados y desactualizados que resultan anacrónicos y son parcialmente responsables de las dificultades que encontramos para desarrollarnos y construir una sociedad de trabajo basada en el bienestar individual y general.

Nuestro sistema de relaciones del trabajo es fruto -especialmente las relaciones colectivas de trabajo- de las decisiones y políticas adoptadas por el primer gobierno peronista.

Ahora bien, mientras los argentinos, o un sector de la sociedad, se empecina en mantener aquel orden histórico, idealizándolo, los países en desarrollo han avanzado con reformas estructurales que les han permitido crecer y modernizarse con la 4° revolución industrial y la era de la tecnología. Son democracias constitucionales modernas y prósperas dentro de una economía de mercado amplia y competitiva.

En Argentina, la acción del Estado en la promoción de políticas de empleo ha sido un fracaso en los últimos 20 años. El rol del Estado desde comienzos del siglo XX a generado un retroceso en material laboral, de generación de empleos e incorporación de de tecnología que hace que, en la actualidad, haya más trabajadores en negros que registrados, y que la mitad de los registrados vivan a costa de un Estado elefantiásico y deficitario.

Uno de tres principales problemas que en la actualidad tiene el mercado del trabajo es la burocratización de las organizaciones sindicales. El monopolio que consagra la personería gremial del unicato sindical, el centralismo unitario y la falta de ideas y revisión de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) han restado a la acción de los trabajadores y han insertado el conflicto en una guerra absurda entre empleadores y trabajadores.

La pobreza de los CCT, muchos de ellos anclados en 1975, la decisión de excluir acuerdos por productividad y la efímera capacitación de sus afiliados, hace que la palabra sindicalismo sea un vocablo demoledor para el empleo.

Debemos enriquecer los contenidos de todos los CCT vigentes, así como fomentar el nacimiento de nuevas unidades de contratación colectiva y la inversión en capital humano junto con el avance de las nuevas tecnológicas. Estas deben ser reformas estructurales fundamentales para el crecimiento del país.

Los otros dos problemas principales del mercado laboral residen en el modelo impositivo y las malas regulaciones laborales.

La estructura institucional de nuestra economía laboral y su funcionamiento práctico obstruyen la creación de empleo, las mejoras de la productividad y el desarrollo económico. En muchos aspectos, nuestras reglas en materia económica hacen que sea el Estado el protagonista y se convierta en una empresa proveedora de recursos para sectores improductivos.

Nuestro sistema jurídico laboral está sobrecargado de normas dictadas sin atender al apego de una democracia constitucional y a la economía del mercado del trabajo. Muchas de las incongruencias del sistema jurídico laboral han nacido con la intención de corregir inequidades y son responsables directas de las injusticias y de las debilidades institucionales que padecemos a lo largo de décadas.

Un marco legal favorable a la generación de empleo puede estimular el crecimiento económico. Regulaciones que fomenten la capacitación, la educación y la formación del capital humano, lo que conlleva a salarios prósperos y de eficiencia cuya única consecuencia es impulsar la productividad.

En Argentina el Estado peca cuando interviene y también cuando no lo hace. Parece una afirmación contradictoria que se saldaría muy fácil. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sin favoritismos ni ventajas con la ley como parámetro. Lamentablemente la política encuentra sus monedas de cambio más miserables en la necesidad y un día ese círculo también se agota.

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