Violencia política contra Cristina Kirchner: el gatillo no es fácil, hoy decimos “Nunca más” y “Ni Una menos”

A partir del 1 de septiembre Argentina es una democracia menos democrática. Es un país que generó una confrontación inviable, una violencia política contra las mujeres intolerable (pero que era naturalizada y minimizada) y que rompió su pacto de “Nunca más” (el gran logro posterior a 1983) con discursos de odio, promoción del armamentismo, negacionismo de la memoria y de la violencia de género y que cavó una tumba que hoy agradece no tener cuerpo que llorar pero que saca al cuerpo democrático del país a la calle y en las redes para expresar que no queremos perder lo que lo gramos construir: una democracia sin rasgos de dictadura y el derecho pleno para ejercer la política, sin un gatillo en la cabeza.

Argentina generó una de las democracias más sólidas de América Latina (junto con Uruguay) y con más garantías para protestar sin ser asesinado, violada, golpeado o que las balas vayan directo a los ojos para no poder mirar. No es idealizar Argentina, sino dejar de mirarnos separados de América Latina entender que se construyeron bases para una democracia plena con libertad de expresión y posibilidades de participación política y movilización sin miedo a pagar la vida por hablar. El 1 de septiembre se gatilló contra la vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se gatilló solo contra ella. Se gatilló contra las mujeres que se animan a hacer política y contra la población que manifestaba su opinión por una gobernante que va a contramano de un discurso mundial de más endeudamiento, más dependencia y menos distribución del ingreso. Sí, una mujer que también genera críticas, demandas y controversias. Las críticas, las demandas y las controversias son legítimas y democráticas. Hasta que dejan de serlo. Con gatillo, nada es legítimo.

Aún con tantos muertos que duelen y desaparecidos que faltan (Jorge Julio López, Teresa Rodríguez, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Gastón Rivas, Carlos Fuentealba y más) los recordamos por su nombre y por los hechos: el 2001, la protesta docente, las declaraciones en los juicios contra los genocidas, el corte del puente Pueyrredón y los reclamos en Tierra del Fuego en los noventa. No son pocos. Nos duelen cada una y cada uno. Pero también marcaron, ante cada ausencia y cada bala, un dolor que generó un consenso social. La inadmisibilidad de la represión a la protesta social, el costo político para los políticos que mandan a matar, el duelo social por cada uno de los que nos faltan, la sociedad movilizada por sus desaparecidos para que nadie falte.

En Colombia la dictadura y la democracia conviven entre urnas y balas. Los paramilitares ejercen (todavía) una presión a sangre que marca el miedo y la falta de participación. Hoy se abre la esperanza de paz en un país que vivió acorralado por el miedo. En la asunción de Gustavo Petro la banda se la colocó María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico e hija de Carlos Pizarro Leongómez que fue candidato presidencial (para el periodo 1990-1994) que estaba altamente custodiado por el importante número de amenazas en su contra y, sin embargo, el 26 de abril de 1990, en un vuelo, a Barranquilla, Gerardo Gutiérrez Uribe alias “Jerry”, sacó del baño una ametralladora y le disparo al líder político que murió, unas horas después, en la clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión Social.

En una entrevista realizada el 1 de septiembre, al mediodía, la cantante y referente social colombiana Adriana Lucía contaba de su trabajo por la paz y que mientras hacía vivos de Instagram en la protesta social del 2019 ayudaba a visibilizar a los estudiantes para defenderlos de las balas estatales o paraestatales y que por su labor recibió amenazas (que “en Colombia se tienen que tomar en serio”, explicaba) y en sus redes les mandaban fotos de muertos para acorralarla en el miedo y la culpa por exponerse. “Ahora tengo un sabor dulce”, rescataba porque su valentía ayudó a salvar vidas y a volver a un país con una democracia a medias más plena y a la palabra paz una posibilidad que no puede ser puesta en duda ni plebiscitada.

En Argentina, en cambio, la noche nos dejó, el 1 de septiembre, un sabor amargo en todo el cuerpo. Los juicios de lesa humanidad que son ejemplo para todo el mundo, la búsqueda de cuerpos del Equipo Argentino de Antropología Forense (que trabaja en Guatemala y México) donde desaparecen a los estudiantes, a las mujeres, a los periodistas y a las buscadoras de cuerpos; las Madres de Plaza de Mayo; las HIJAS e HIJOS de desaparecidos forjaron un piso: los métodos de la dictadura no eran tolerables en democracia. Ese acuerdo social garantiza elecciones transparentes, recambios políticos y partidarios y movilizaciones sin represión ni que cuesten vidas.

El movimiento NI Una Menos nace de ese acuerdo democrático, de un país con ejercicio de protestas masivas, de la gimnasia de pedir y de no aceptar la muerte y de los aprendizajes de las exiliadas en Francia, España y México. Nace de una historia que se construyó con orgullo y compromiso de una ciudadanía activa. Las mujeres que ejercen la política toman decisiones que van más allá de su género y que tienen reglas más allá del sexismo. Pero, sin lugar a dudas, los discursos de odio tienen en la palabra “yegua” que es el gran insulto contra Cristina Kirchner el veneno de volverla animal, quererla domar y odiar su sexo si va en calzas, si se la representa agachada asimilando su posición al sexo oral (que no tiene porque ser sinónimo de derrota) contra el juez (Thomas Griesa) que definía el juicio por los fondos buitres en Nueva York, si se la retrata con un ojo morado como el símbolo clásico de las mujeres golpeadas por la violencia doméstica, si se representa su cuello arqueado en posición de orgasmo y se califica a su goce por el poder como perverso o si se asimila su gestión a una sobre responsabilidad ejemplificadora para que las demás no se animen ni a nacer ni a seguir en la administración pública.

La justicia, las diferencias políticas y la lucha contra la corrupción no deberían quedar mezcladas en este abismo en el que Argentina se tira solo y amplifica sus problemas mucho más de lo que los problemas solos admitirían. El gatillo no puede ser una forma de disciplinar a las mujeres para que no hagan política, una amenaza contra la vida y, tampoco, negar las diferencias y causas que sean legítimas y que admitan un curso democrático que hoy parece fuera de cauce. No toda causa judicial es lawfare (la guerra de la ley), no toda denuncia de corrupción es verdad o mentira solo por las causas que tiene la oposición o el oficialismo, sea cual sea, en cada momento histórico, el oficialismo y la oposición o quienes oficien esas causas. No todo ataque a una mujer política es machista. Pero intentar gatillar contra la primera presidenta electa de Argentina y la única mujer en América Latina que ocupa el Poder Ejecutivo por tercera vez consecutiva es una tentativa de femicidio político.

Se enmarca en la violencia política de América Latina. Hay que salir de la polarización y permitir discusiones democráticas. Pero, para eso, el intento de gatillar contra una mujer que esta semana fue propuesta para la presidencia en el 2023 por el Senador José Mayans que, el 31 de agosto dijo: “Creo que la Argentina merece otro Gobierno de la compañera” es inadmisible. Es desaprender del camino de violencia de Colombia e ir a contramano de la historia de construcción de Argentina. Es quitar las posibilidades de la discusión legítima y meter bala en una sociedad que acorrala contra el paredón a quienes quieren pensar sin sentirse acorraladas.

En Brasil mataron a la concejala Marielle Franco, el 14 de marzo del 2018, por mujer, lesbiana, negra y representante de las favelas. Su hermana Anielle Franco lo considera un feminicidio político y se convirtió en la mayor luchadora contra la violencia política en América Latina. “¿Si no podemos asegurar la vida de las mujeres para que vamos a entrar a la política?”, se preguntó Anielle en el encuentro “Semillas de resistencia”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en abril, en Salvador, Brasil.

El Instituto Marielle Franco realizó una investigación sobre violencia política de género y raza, en Brasil, en el 2021, coordinado por Fabiana Pinto, en el que se sentenció: “Electas, o no, las mujeres siguen desprotegidas”. El 98,5% de las candidatas entrevistadas se vieron afectadas, por lo menos, por dos tipos de violencia política de género y raza, durante las elecciones del 2020: 8 de cada 10 postulantes negras sufrieron violencia virtual, 6 de cada 10 fueron afectadas por violencia psicológica y 5 de cada 10 sufrieron violencia institucional. El 32,6% lo denunció pero el 70% de las políticas (afectadas por la misoginia y el racismo en Brasil) denunció, a su vez, que la denuncia no ayudo a encaminar los episodios de violencia y el 71% que no tenía ninguna medida de protección y seguridad.

En Argentina estos datos parecían lejanos. Ahora la bala nos toca demasiado cerca. Hay que escuchar a Anielle. ¿Qué hacer? El informe del Instituto Marielle Franco recomienda: “La seguridad es una cuestión de vida o muerte. Hay que asegurar la vida de las mujeres políticas. Las personas que participan en política no pueden correr riesgos. Hay que tomar medidas de prevención de la violencia política. Hay que medir los riesgos y los riesgos dependen del contexto político que es dinámico y hay que generar medidas de autocuidado”.

Hay que aprender de las experiencia de Brasil y de Colombia para ir hacía la paz y no retroceder hacía la guerra o el armamentismo. Hay que rescatar lo mejor de nuestra historia y de nuestros pactos para decir “Nunca Más” y “Ni Una Menos”. El gatillo no es fácil, es femicida. Y en nuestra democracia no pueden entrar las balas.

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