La tragedia educativa es responsabilidad del Congreso, no de los maestros

En mayo de 2016 publiqué en este mismo espacio la primera de cinco notas que sostenían que resultaba indispensable modificar el Artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, a los fines de generar las condiciones para que la indignación de los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que vivía nuestro país le proveyese al Gobierno de turno el apoyo sin el cual era imposible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.

Dicho artículo les impide a los padres conocer cómo le está yendo a la escuela donde se educan sus hijos, al establecer que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y docentes, pero no así de las instituciones educativas. No era posible enfrentar la tremenda situación que ya vivía por ese entonces la educación argentina, y que su desmanejo durante la pandemia deterioró aún mucho más, sin la participación activa de los padres. El hacer público el resultado, a nivel escuela, de las evaluaciones, despertaría a muchos de ellos, los indignaría y los haría reaccionar.

Es difícil encontrar una evidencia más clara de este hecho que la proporcionada por la reapertura de las escuelas el año pasado. Sin el incansable accionar de organizaciones como Padres Organizados exigiendo el retorno a la presencialidad, el mismo se hubiese llevado a cabo mucho más tarde, dada la oposición de los sindicatos docentes. Recordando a Winston Churchill, “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”.

El 1° de marzo de 2018, el por entonces presidente Mauricio Macri hizo público, en su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, su deseo de que el Poder Legislativo considerase la modificación del artículo 97. En sus palabras: “Para poder involucrarnos, (los padres) tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”. Un año después, al abrir las Sesiones Ordinarias en 2019, Macri repitió dicho pedido. Es claro que la iniciativa quedó en el olvido.

Hoy, el Congreso tiene nuevamente la oportunidad de cumplir su rol, a partir del proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados el 2 de marzo pasado por Ricardo López Murphy, el cual propone la modificación del Artículo 97, permitiendo hacer público el resultado de las evaluaciones a nivel escuela.

Es claro que, si deseamos enfrentar la difícil situación que transita la educación argentina y que afecta mucho más a aquellos niños y jóvenes de las familias económicamente más desfavorecidas, son nuestros representantes en el Congreso quienes deben asumir su responsabilidad y tomar la iniciativa.

Muchos maestros son tan víctimas del sistema, como lo son los alumnos, y arriesgan hasta su integridad física para educar a nuestros hijos. No olvidemos que muchos de ellos han realizado esfuerzos sobrehumanos, durante el insensato cierre de las escuelas, para impedir que una multitud de estudiantes abandonaran su educación.

Modificar el artículo 97 de la Ley 26.006 es imprescindible. Ojalá nuestros representantes en el Congreso también lo entiendan y comprobemos que la educación les importa en los hechos y no tan sólo en tiempo de enfervorizados discursos electorales.

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