Oportunidad de nocaut en el ring judicial

Por tercera vez consecutiva, y con cierta sensación de déjà vu, el pasado 1° de marzo presenciamos los intentos del Presidente de impulsar modificaciones en el Poder Judicial. Haciendo honor a su costumbre, detrás de frases loables y grandilocuentes como la necesidad de “despolitizar el Consejo de la Magistratura” y que el Poder Judicial “recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”, nuestro jefe de Estado sigue escondiendo sus oscuras intenciones de colonizar la justicia.

Afortunadamente, sus artilugios para confundir a la ciudadanía no han sido efectivos. A pesar de haber tenido mayoría en el Congreso, durante sus dos primeros años de gestión no logró la sanción de los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, escondiendo ambos sendos caballos de troya. Los intentos se vieron frustrados por una oposición activa y la mirada de ciudadanos alertas. En la actualidad, el primero de estos proyectos perdió estado parlamentario, no se vislumbra que el segundo llegue a buen puerto.

Tampoco pudo imponer a Daniel Rafecas como Procurador General ni remover al actual, Eduardo Casal, y fue admirable el respaldo de la sociedad civil en defensa de los camaristas Bruglia y Bertuzzi que resisten hasta hoy en sus cargos, ya que el kirchnerismo no ha logrado los votos en el Consejo de la Magistratura para aprobar las ternas de candidatos en el plenario.

Hoy ese Consejo debe recuperar su equilibrio gracias al fallo de la Corte Suprema del pasado diciembre, que entendió que, en ese órgano bastardeado por nuestra actual Vicepresidente de la Nación hace más de 15 años, “el sector político puede tomar por sí mismo decisiones de significativa trascendencia en numerosos aspectos del funcionamiento del Consejo y, en especial, en cuestiones estrechamente vinculadas con los procedimientos de nombramiento y remoción de magistrados.”

Los jueces de la Corte exhortaron al Congreso a que sancione una nueva Ley en un plazo razonable que garantice el equilibrio entre estamentos. Y, hasta que ello no suceda, fijó un plazo de 120 días para que el Consejo la Magistratura se integre con los 20 miembros que preveían las leyes 24.937 y 24.939, en donde el Presidente de la Corte Suprema de Justicia debe actuar en simultaneo como Presidente del Consejo.

Hubiera sido interesante retratar la reacción de la Vicepresidente al leer la decisión del más alto tribunal. Si hasta ahora, la destitución de jueces “incómodos” estaba trabada, con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, sus sueños de dominación quedan definitivamente frustrados.

La frustración de Cristina Fernandez de Kirchner explica cómo, sin ningún pudor, el kirchnerismo impulsa marchas exigiendo la renuncia de los jueces de la Corte mientras el Presidente insiste en modificar el funcionamiento y la integración de la Corte Suprema de Justicia. No es más que un intento de vengar a su jefa.

Hoy tenemos la oportunidad de darle al kirchnerismo un golpe de nocaut en el ring judicial. La oposición debe enfocar sus esfuerzos en el Congreso para lograr sancionar una ley que garantice un Consejo de la Magistratura donde ningún estamento prevalezca sobre otro. Y, aun cuando la Corte no ha dicho nada al respecto, en dicha ley también se debe recuperar la conformación del primigenio Jurado de Enjuiciamiento que demostró ser mucho más independiente y eficaz que el actual. Esto es fundamental porque no debemos olvidar que, si bien el Consejo de la Magistratura inicia el procedimiento de remoción de jueces, ordena la suspensión y formula la acusación; es el Jury quien tiene a cargo su juzgamiento.

Mientras esperamos esta Ley, los ciudadanos debemos demandar que todas las partes involucradas en el proceso pongan su mejor esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con el fallo de la Corte. Las sentencias deben ser cumplidas si queremos instituciones fuertes. El próximo 16 de abril, un Consejo de la Magistratura integrado por 20 miembros y presidido por el Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, debe comenzar a funcionar en pos de un objetivo claro: robustecer el Poder Judicial y trabajar para garantizar su independencia, y así tal vez, los ciudadanos tengamos finalmente un servicio de justicia eficiente y eficaz. De nosotros depende.

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