Tarifas: los aumentos que no aumentan y los funcionarios que no funcionan

La problemática de los precios de los servicios públicos en Argentina siempre fue un tema de discusión y debate. Contratos entre partes muy cortos o inexistentes, rezago en la actualización de las tarifas, principalmente de gas natural y energía eléctrica, y la falta de un sendero previsible de ingresos para toda la cadena de valor de la industria repercuten en futuras inversiones y en calidad de servicio.

Hace un mes se celebraron 3 audiencias públicas en las que se anunciaron incrementos en los valores de la luz y gas cercanos al 20%. Justamente estos porcentajes eran los que el Gobierno nacional a través de sus voceros oficiales y no oficiales ya había dejado filtrar a medios y empresas del sector. Todo el mundo sabía que no era suficiente. Si al menos la pretensión del ministro de Economía era la de bajar de alguna manera la cuenta de subsidios, ya en ese preciso momento la medida tenía sabor a poco.

En el sector energético muchos actores sostienen que lo que el Gobierno no ajusta mediante el cumplimiento de los marcos regulatorios y las leyes, el “mercado” reacciona después. Desde la conducción de la Secretaría de Energía, los Entes Regulatorios y los Agentes del Mercado ignoraron esta premisa fundamental y con la soberbia que los caracteriza pensaron que con esos porcentajes todo iba a marchar sobre ruedas.

Ninguno de los presentes tuvo en cuenta que los precios internacionales de las principales variables energéticas iban en aumento, no se aseguraron el abastecimiento de gas natural para el próximo invierno a precios que, aunque muy superiores a los que se podían obtener el año previo, garantizaban cubrir la proyectada demanda interna. Para colmo de males, estalla la invasión de Rusia a Ucrania, situación que provocó un aumento brutal del gas natural que se comercializa internacionalmente y que pone a toda Europa en alerta debido a sus bajas reservas de almacenamiento y que, en consecuencia, empuja el precio aún más.

Idas y vueltas

En este contexto de gravedad al que se enfrentan las empresas productoras, generadoras, transportistas y distribuidoras, el último jueves, en forma muy desprolija y desde Presidencia se anunció un cuadro tarifario totalmente distinto al que se había propuesto días antes.

Cabe recordar que dicho contexto coloca a las empresas en un umbral cercano al inviable frente al desfase entre el costo de producción y el que realmente pagan los consumidores sin importar su categoría. Lo que es peor aún es que, como no se tomaron las previsiones del caso, hoy salir al mercado internacional a buscar ese ansiado LNG implica primero conseguirlo y luego pagarlo. Téngase en cuenta que Europa está dispuesta a pagar ese LNG a cualquier precio con tal de obtenerlo mientras que Argentina no se puede dar el lujo de desprenderse de los pocos dólares con los que cuenta.

Al día de hoy lo poco que se sabe es que según la última comunicación del Gobierno los incrementos serán fraccionados, con usuarios que dejarán de ser beneficiarios con subsidios, según dijo el Presidente a la Asamblea Legislativa comprende al 10% del total de los consumidores; otros continuarán con la tarifa social que subirá el equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior; y para el resto será en equivalente al 80% CVS, también del año previo. Y se precisó: “Durante 2022-2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para cada una de las categorías de segmentación de usuarios. Y para el 2022 se incluirán para el cálculo los incrementos aplicados durante todo el año calendario”.

Esta solución salomónica de aumentar los precios de la energía sin ningún fundamento técnico o regulatorio, sumado a la imprevisibilidad de abastecimiento de gas natural para el consumo residencial, industrial y de generación, anticipa que probablemente en el próximo invierno no se pueda comprar todo el gas que se necesite.

Quizás la industria se enfrente a precios mayores, muy superiores a los que pagaba el año anterior, y en el peor de los casos se vea obligada a tener que cortar la producción por falta de abastecimiento energético.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, sus entes reguladores y Cammesa, debe entender que la situación es muy grave, que es el momento de dejar las medias demagógicas, que debe establecer un programa de compra de gas natural y fuel oil y programar con la anticipación necesaria los despachos de las distintas fuentes de generación eléctrica previendo un esquema de escasez.

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