El fallo de la Corte vuelve a equilibrar al Consejo de la Magistratura

En los cuerpos colegiados es lógico y hasta es saludable que existan tensiones. El Estado republicano se nutre de las diferencias y por eso existe un complejo entramado de pesos y contrapesos que permite que el sistema funcione. El Consejo de la Magistratura, una institución profundamente republicana, fue creado con el propósito de evitar, a partir de la representación de todos los sectores involucrados en la actividad judicial, que un estamento tenga predominio sobre otro.

Eso no significa que no puedan existir diferencias en el número de representantes de los distintos estamentos. Pero esas diferencias no significan que algunos tengan mayores prerrogativas que los demás o que sus intereses se impongan sobre el resto, porque eso configura una composición desequilibrada, que afecta la salud integral de la institución.

Y esto es, precisamente, lo que sucedió en 2006, cuando la reforma de la ley corrió de su eje a la idea inicial del Consejo. Tal es así que la Corte decidió volver a la conformación inicial debido a la vulneración del “equilibrio entre los representantes políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, que establece el art. 114 Constitución Nacional.

Para la Corte, equilibrio -en este caso- es sinónimo de calidad en la representación. Es más, el replanteo funcional no sólo debe acotarse a la relación de fuerzas entre estamentos, sino hacia dentro de cada uno de ellos. Cada representante tiene que comprender que no está allí para defender lo propio, sino que está en función de la calidad general del sistema. El equilibrio no se da nunca por la suma de protecciones de intereses individuales: la atomización de sectores, o de líneas internas de sectores, siempre van en contra de cualquier equilibrio institucional.

Por eso, desde un punto de vista técnico, jurídico y desde la noción misma de Justicia -lo que es justo y corresponde- el fallo de la Corte es positivo y contribuye a crear las condiciones para que Argentina tenga un mejor Consejo de la Magistratura. Pero generar las condiciones es tan sólo el primer paso: en los próximos cuatro meses, el Consejo deberá reorganizarse y volver a su funcionamiento inicial, lo cual impone un desafío interno; pero “en un plazo razonable” la Argentina deberá discutir seriamente cómo debe funcionar este Cuerpo fundamental para la calidad de su sistema judicial.

Esta discusión debe contemplar el tiempo que vivimos. Debe incluir aspectos que hace casi tres décadas no estaban en la agenda pública. Debe tener una mirada amplia, democrática y representativa de todos los estamentos intervinientes y contemplar las complejidades de cada uno. Debe consolidar el rol de los actores técnicos y articularlos adecuadamente con los actores políticos. Debe revisarse todo, y generar una propuesta superadora, teniendo en cuenta que, en la historia de un país 27 años es muy poco tiempo, pero de las experiencias y, más aún de los errores, se aprende cuando hay voluntad de hacerlo.

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