La escuela es para todos

Todos los niños y niñas deben estar dentro de la escuela. El Estado, garante de la educación de todos/as y cada uno/a de los ciudadanos/as, debería asumir el caso como un grave problema a resolver ya que el nivel educativo de un país es un indicador de su grado de desarrollo social y humano. Y, por el contrario, la ausencia de oportunidades de acceso y permanencia en la educación, redundan en una vida enmarcada en la pobreza, no sólo con consecuencias personales, sino también sociales. Por lo tanto, es el responsable de diseñar políticas públicas que permitan acceso a una vida digna; esto es, acceso al mundo del trabajo, a una vivienda, a agua potable, a salud pública, a educación, entre otros derechos fundamentales. De lo contrario, la marginación se convierte en un círculo vicioso que se perpetúa, a menos que cambien las condiciones que lo generan.

Los tratados internacionales de derechos humanos prohíben toda forma de exclusión o limitación de las oportunidades educativas en virtud de diferencias socialmente atribuidas o percibidas. Esto significa que un país debe velar para que no se limiten las oportunidades educativas de nadie. Sin embargo, hoy en día, en todo el mundo, millones de niños, jóvenes y adultos siguen padeciendo diversas formas y manifestaciones de exclusión de la educación.

De los 260 millones de niños que no están escolarizados en el mundo, según datos de UNESCO previos al confinamiento por el Covid, unos 60 millones no ingresaron a la escuela primaria, otros 60 millones aún no comenzaron el secundario y unos 140 millones de jóvenes entre 15 y 17 años, quienes deberían estar cursando la educación secundaria, no lo hacen. Cabe aclarar que la mayoría son niñas que no acceden al sistema educativo; es decir, se acentúa la desigualdad de género.

En referencia a la pandemia mundial vivida durante el 2020, los datos indican que 1.300 millones de niños, niñas y jóvenes, 11 millones específicamente en nuestro país, quedaron fuera del sistema educativo durante el año pasado.

Y, si bien en la Argentina, la escuela secundaria es un derecho, garantizada por la Ley de educación N° 26.206, del año 2006, es también es un deber garantizarla. Por lo tanto, si los sectores excluidos del sistema no acceden por los problemas de pobreza, no podrán tener un buen empleo ya que la educación media es un requisito indispensable a la hora de acceder a un trabajo en blanco.

En consecuencia, garantizar el derecho a la educación es necesario, pero especialmente, tal como planteara Piaget hace ya cuatro décadas, hay que distinguir entre el derecho de frecuentar una escuela organizada y el derecho a encontrar en ella todo lo que supondría el pleno desarrollo de la personalidad humana.

Por lo tanto, es clave para un país, determinar cuándo se puede estar produciendo la exclusión y quiénes la padecen porque ayuda a centrar o direccionar sus intervenciones en esos momentos específicos.

Obtener el título secundario no puede ni debe depender del nivel socioeconómico de la familia. Las desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo son sociales, por lo tanto, con políticas focalizadas implementadas a tal fin, se podrían revocar las condiciones y garantizar el acceso a la educación; luego, la escuela, con tutorías y trabajo interdisciplinario, podrá ocuparse de la enseñanza y del aprendizaje, su función primordial.

Una vez claro eso, luego, la escuela podrá crear proyectos institucionales y de aula que valoren los saberes locales, que rescaten las subjetividades de niños y jóvenes, que articulen la escuela primaria con la secundaria o elaborar programas específicos para que para sectores más vulnerables accedan plenamente a la escuela y logren un mínimo capital cultural; es decir, un núcleo de saberes y de habilidades fundamentales y obligatorias que deben alcanzar todos los ciudadanos.

Muchos de los chicos que asisten a la escuela en condiciones adversas no son héroes, sino víctimas de un sistema que, en algún momento, los dejó afuera y, a veces, ni siquiera los incluyen en sus discursos.

Algunos políticos y/o funcionarios deberían tomar conciencia de lo que significa ser representante de otros compatriotas, saber que al llevar a cabo determinadas políticas incluyen o excluyen y, en consecuencia, deberían hacerse cargo de esas decisiones ante la Justicia porque fueron ellos quienes sentenciaron a otros.

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