La extensión del régimen industrial de Tierra del Fuego puso de nuevo sobre la mesa el debate en torno al rol de las políticas públicas en la promoción/protección de determinados sectores de actividad en general y de la industria en particular.
El debate, que por cierto también sucede a escala global, puede abordarse desde dos puntos de vista: 1) desde el desarrollo industrial como precondición para el desarrollo económico sostenido de un país y 2) desde cuáles son las mejores políticas para alcanzar dicho desarrollo. En ninguno de esos aspectos, hay un modelo único.
Además, la Argentina ya pasó por una etapa de industrialización y de maduración de su estructura productiva, una estructura que desde hace varias décadas ya tiene las características de la de un país desarrollado. En todo caso, el debate por estos lares es más de reindustrialización que de industrialización como estrategia de crecimiento y desarrollo productivo.
La evidencia empírica indica que todos los países que hoy son avanzados pasaron, primero, por una etapa de desarrollo industrial (aumento de la participación de la industria en el producto y en el empleo). La explicación es que la industria es el sector que más aporta a la productividad, a partir de la incorporación de tecnología y la innovación. Sin embargo, hay países que han apostado a los recursos naturales y a los servicios y que también han logrado incrementar su productividad y muestran dinámicas de innovación y de avance tecnológico que nada tienen que envidiarle a las de los que basaron su estrategia en el desarrollo industrial.

No se trata de rechazar de plano la promoción o la protección de ciertos sectores. De hecho, la industria aceitera y la automotriz son ejemplos de sectores que crecieron y desarrollaron su potencial exportador bajo diversos esquemas de protección.
El complejo oleaginoso hoy explica una cuarta parte de las exportaciones totales de la Argentina y es claramente superavitario. Por su parte, el automotriz apunta de nuevo a alcanzar el 10% de las exportaciones totales para transformarse en el segundo complejo industrial exportador argentino (si bien utiliza divisas para importar algunos de sus componentes, en materia de vehículos las ventas externas superan ampliamente a las compras en el resto del mundo).
La especialización del sector en la producción y exportaciones de vehículos pick-up es un claro ejemplo del aprovechamiento de las ventajas competitivas del país. Esta es una cuestión central.

El régimen de promoción de Tierra del Fuego está por cumplir 50 años y sus exportaciones son prácticamente nulas, con un aporte claramente deficitario a la balanza comercial y con un costo fiscal (gasto tributario) que según el proyecto de Presupuesto de 2022 alcanzaría a $220.000 millones.
Modelo de desarrollo
Ahora bien, ¿tiene la Argentina alguna posibilidad de iniciar un proceso de reindustrialización que contribuya al desarrollo de todo el país? La respuesta probablemente sea sí, pero la clave pasa por no pensar la industria como “industria pesada” (fierros), que es lo que usualmente viene a la mente cuando se habla de desarrollo industrial. La promoción de dicho desarrollo no es una tarea fácil, en buena medida por las dificultades inherentes a la elección de qué o cuáles sectores deberían ser objeto de la promoción.
Si se elige el camino de impulsarla mediante políticas públicas, la estrategia debería contemplar el desarrollo de los sectores industriales que “están más cerca” de donde están las ventajas competitivas del país y que tienen potencial exportador: la industria de alimentos, las biorefinerías y los biocombustibles, la maquinaria agrícola y los vehículos utilitarios y de carga, y ahora con el gas de Vaca Muerta, las industrias petroquímicas y otras intensivas en energía.
Pero cuidado, no se trata sólo de crear regímenes especiales o subsidios u otras intervenciones con costo fiscal (y de divisas), sino de promover reglas del juego claras y estables en materia tributaria, laboral y de comercio exterior.
Pero no sólo esas políticas deben tener presente la estrategia de desarrollo elegida: las políticas educativas también son cruciales. La India, por ejemplo, ha decidido saltear la etapa de desarrollo industrial y volcarse al desarrollo del sector servicios, pero encuentra la limitante -tal como lo tuvo China en su momento- de la disponibilidad de capital humano con las habilidades necesarias.

Este es otro tema central. Porque los servicios, tal como otras industrias de punta, requieren niveles de capacitación y habilidades que no siempre están disponibles en el stock de mano obra (sobre todo de la desempleada). No se puede pensar en abstracto los sectores que pueden liderar un proceso de industrialización o reindustrialización. Contar con el recurso humano adecuado resulta imprescindible para el éxito de ese proceso.
En el caso argentino, resultará clave volver a formar un stock de recursos humanos con estándares mínimos de capacitación, algo que podría alcanzarse por ejemplo a través del desarrollo de escuelas técnicas o de mecanismos que favorezcan el entrenamiento y la educación en el trabajo.
En síntesis, cualquier política de promoción del desarrollo de un sector (o varios sectores) industrial debe ser abordada desde una óptica integral, que contemple todos los aspectos que hacen al aprovechamiento de las ventajas competitivas y a la dotación de recursos disponibles, y que tenga como objetivo la creación de plataformas productivas netamente exportadoras.
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