
Por primera vez en mucho tiempo, el país empieza a pensar en un escenario de pospandemia. La caída en los casos y el mayor grado de movimiento en las calles permiten ver un gradual, aunque lento, regreso a esa vieja normalidad que teníamos antes de la llegada del Covid-19. Las discusiones legislativas dejan a un lado la crisis sanitaria y uno de los puntos que comienza a aparecer en agenda es la nueva ley de hidrocarburos, que delinea el panorama del sector para los próximos veinte años. Una ley clave, vital, a la que le hace falta todavía la voz de las Estaciones de Servicio, que en definitiva son las que van a hacer llegar al consumidor final, al ciudadano argentino, el hidrocarburo transformado en combustible líquido o gaseoso.
El sector de los estacioneros brinda empleo de calidad a más de 65.000 personas y sus familias en las 5.015 estaciones de servicio. Ofrece sueldos muy competitivos y durante los últimos diecisiete meses hemos puesto el hombro a la pandemia, trabajando desde el primer día como servicio esencial, cargando los tanques de ambulancias y camiones cuando las calles estaban desiertas. Hemos contribuido con mucho esfuerzo desde nuestro lugar para poder colaborar en este momento tan complejo, manteniendo abiertas nuestras playas con ventas que se desplomaban hasta un 92% durante el principio del aislamiento. Para la enorme mayoría, han sido meses a pérdida. Algunos han tenido que endeudarse para mantenerse abiertos. Desde Cecha, la Confederación que nuclea a las federaciones y cámaras de todas las provincias, trabajamos a destajo para llegar al día de hoy sin estaciones cerradas, un éxito que se logró con muchísimo esfuerzo e ingenio.
Los números de ventas muestran que comienza a verse el rebote y mejores perspectivas. Además de la Ley de Hidrocarburos, hay enormes debates que comienzan a tomar forma sobre el futuro de nuestra actividad, algunos tan revolucionarios como el desembarco de los autos eléctricos o a hidrógeno hasta el cambio de matriz energética. Como estacioneros, queremos tener voz en todas esas discusiones. Estar sentados en las mesas donde se toman las decisiones que afectan nuestra actividad y al público general, ese que conocemos mejor que nadie porque confía en nosotros a diario para cargar combustible.
Pedimos discutir la rentabilidad de nuestro sector, pensando estrategias que permitan mirar hacia delante y mejorar los márgenes de ingresos para ponernos nuevamente de pie. Precios competitivos, sin congelamientos y descongelamientos que finalmente terminan perjudicando tanto al estacionero como al ciudadano. Antes de la pandemia arrastrábamos dos años de recesión, y hoy todavía no podemos recuperar los volúmenes de venta previos a la llegada de la pandemia. Es un escenario complejo, pero tenemos ideas para salir adelante.
Invitamos a las petroleras, al Estado, a los sindicatos y los entes reguladores a imaginar el futuro, que se acerca rápidamente y nos obliga a pensar escenarios disruptivos, donde habrá que apostar. E invertir. Lo único que no puede ocurrir es agarrarnos con el tanque vacío.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Presupuesto ocioso en Municipalidades del Perú
En el primer cuatrimestre de 2024, menos del 20 por ciento del dinero asignado a las municipalidades ha sido destinado a proyectos en infraestructura y servicios, mientras la demanda de mejoras públicas se mantiene elevada

Servicios profesionales o gestionados: ¿cómo identificar cuál responde a las necesidades de la empresa?
La elección entre diferentes esquemas de soporte depende del grado de especialización interna, la necesidad de respuestas inmediatas y la orientación que la empresa busca mantener respecto a la operación o al desarrollo estratégico de su actividad principal

Por qué cada vez más inversores argentinos miran a España
Más de 400.000 argentinos residen allí, consolidando una comunidad que facilita las redes de confianza y negocios

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores
Por qué el país debe asumir un rol protagónico

La odisea de la ley de financiamiento universitario
La defensa del financiamiento universitario se consolidó como causa social, con gremios, instituciones y la justicia respaldando el acceso a la educación pública, la ciencia y la igualdad en Argentina



