Histórica receta para el desastre

Restringir actividades productivas y controlar precios fracasó antes, hoy y lo hará siempre. El Gobierno debería ponerse a fortalecer los resortes institucionales y así generar confianza a quienes buscan invertir y generar empleo

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EFE/Presidencia Argentina
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La receta de restringir actividades productivas y controlar precios fracasó antes, hoy y lo hará siempre. Desde el inicio de la pandemia, no solo aumentaron gravemente los precios, sino que hay 72% menos de variedad de productos en las góndolas. Buscan frenar los engranajes de la producción, cuando el kirchnerismo debería, de una vez por todas, ponerse de cabeza a fortalecer los resortes institucionales y así generar confianza a quienes buscan invertir y generar empleo. Esto requiere un esfuerzo político, articular soluciones con todos los sectores y establecer un plan para poner al país de pie. Sin embargo, es difícil que eso suceda cuando en el Gobierno ni siquiera están alineados con su propio ministro de Economía (no lo dejan ni siquiera amonestar a un subsecretario), o cuando oficialmente reconocen a un presidente y extraoficialmente tienen otro líder. ¿A qué tipo de trastornos de identidad obedecen estas aberraciones políticas?

De acuerdo a datos del FMI, Argentina tendrá la tercera inflación más grande del mundo en el 2021, bastante peor que países destruidos por hambruna y guerras, como es el caso de Yemen, o por desastres climáticos o gobiernos populistas como Haití, o como Sudán del Sur, con guerras civiles eternas. Todos sabemos que el aumento sostenido de los precios es una enfermedad endémica de nuestro país, que tiene orígenes multicausales. Es un impuesto más que recae sobre los argentinos, en un país tributariamente asfixiante.

La primera herramienta de control de precios es la disciplina fiscal de un Gobierno. ¿Por qué no se enfocan en eso? Durante el gobierno de Cambiemos se aprobó el Pacto Fiscal en 2017 con ese fin. Se les impidió a las provincias aumentar impuestos distorsivos que encarecen la vida de los ciudadanos, obligando a los gobiernos a ser austeros. Hace unos días, aprobaron una norma que representa la demolición de aquella herramienta pensada para equilibrar las cuentas y crear espacio fiscal para la inversión estatal, para generar bienes públicos de mayor calidad. Con la nueva norma, a contramano, impidieron la reducción progresiva de impuestos tales como ingresos brutos, nómina salarial en las provincia, impuesto inmobiliario e impuesto a los sellos, entre otros.

Pero además, amenazan industrias enteras con leyes retrógradas como la prohibición de las exportaciones de carne, que equivale a entregar nuestros mercados a otros competidores como Brasil y Uruguay. Esta medida fracasó porque la carne nunca bajó y seguirá subiendo, no hay dudas. Otro sinsentido es el jaque a la industria de biocombustibles. Plantean una reducción del corte de bioetanol y del biodiesel, a contramano de la economía, del mundo y del medioambiente. Desde mi banca nos manifestamos en contra y propusimos lo opuesto: aumentar esos cortes para que la matriz energética evolucione, la producción aumente y se diversifiquen los beneficios. El objetivo es que se pueda agregar valor en refinerías de origen y exportar para ganar relevancia global.

También hemos propuesto normas que impulsan exportaciones en las industrias del agro como el caso de la alfalfa y el maní, que desde Córdoba se han llegado a convertir productos clave, diferenciados, altamente demandados, que potencian nuestra identidad, nos hacen parte de una interesante cadena de valor global que genera más y mejor empleo.

El kirchnerismo invirtió el rol del Estado y cada vez entiende peor la función gubernamental. Se trata de establecer y acatar un plan de gobierno en vez de improvisar. Se trata de crear certezas para quienes pretenden invertir en vez de cambiar las reglas del juego a casa rato. Se trata de potenciar el comercio internacional para crear empleo y controlar la inflación mediante el ingreso de divisas en vez de prohibir las exportaciones. Se trata de ajustar el gasto y limitar los impuestos distorsivos en vez de asfixiar a los argentinos con más presión fiscal. En definitiva, se trata de combatir la pobreza en vez de llevarla a la mitad de los argentinos.

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