Justicia: la agenda disociada del Gobierno

Con más de 70.000 muertos por COVID-19, una economía fundida, un año sin clases y adultos mayores desesperados por que les completen el esquema de vacunación, el Gobierno nacional insiste con reformas en el ámbito judicial.

A pesar de las recientes manifestaciones del ministro de Justicia, Martín Soria, en el marco de un plenario de comisiones, al día de hoy uno de los proyectos propuestos por el oficialismo directamente elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal -responsable de investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado-. El texto prevé que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Congreso pase de alguna manera a cogobernar, situación que contradice expresamente al artículo 120 de la Constitución Nacional, que define al Ministerio Público como un “órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”.

Por otro lado, ese mismo proyecto debilita la figura del Procurador General -jefe de los fiscales que investigan delitos- al eliminar la mayoría necesaria para su designación, pasando de dos tercios de la totalidad de los senadores presentes a una mayoría absoluta.

El proyecto del Gobierno nacional también condiciona a los fiscales en general, ya que le garantizaría una mayoría al oficialismo en el Tribunal de Enjuiciamiento, organismo facultado para suspenderlos y removerlos. De esta manera, el kirchnerismo estaría en condiciones de remover a cualquier fiscal. Es importante recordar que esta iniciativa se da en pleno proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que determina la adopción del sistema acusatorio en la justicia federal y carga sobre los fiscales la conducción de las investigaciones, otorgándoles un rol primordial.

En este contexto, una vez más nuestro país es noticia a nivel internacional por los desmanejos que se pretenden en el ámbito judicial: los once ministerios públicos que integran la Federación Americana de Fiscales manifestaron que los ataques a la independencia e imparcialidad de magistrados en Argentina deben ser expresamente denunciados.

Este proyecto de reforma del Ministerio Público -que ya fue aprobado en el Senado y aguarda en la Cámara de Diputados- junto al de reforma judicial, también impulsado por el Gobierno nacional, son una prueba más de la disociación que existe entre la realidad del oficialismo y la que vivimos los argentinos todos los días.

Mientras con una absoluta falta de autocrítica el Gobierno nacional les sigue pidiendo esfuerzos a los argentinos, encabeza en el Congreso iniciativas que reflejan una agenda que nada tiene que ver con los padecimientos de nuestro país.

No vamos a poder resolver los problemas de los argentinos en la medida en que quienes ocupamos cargos de responsabilidad pública no prioricemos el bienestar general y adoptemos una vocación de consenso.

El Presidente -quien ha pasado de ser un hombre de diálogo a tomar decisiones inconsultas e intempestivas- no debería permitir que las internas de su propio espacio político lo alejen cada vez más de la agenda y los intereses de los argentinos. Hoy más que nunca los ciudadanos necesitan ver a los dirigentes trabajando juntos, poniendo el interés colectivo por sobre el individual. Que así sea.

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