Impuesto a las Ganancias: cuando la simplicidad hace a la equidad

El proyecto del Impuesto a las Ganancias convertido en ley recientemente es una buena noticia para algunos empleados en relación de dependencia y jubilados, pero se trata de una verdadera pesadilla para los que deben liquidar el gravamen todos los meses.

Por empezar, hablamos de una deducción especial variable que tiene como parámetro una cifra que no varía, ya que los $150.000 brutos mensuales (o sea, unos $124.500 netos mensuales) no se moverán hasta dentro de un tiempo.

Esto le quita progresividad al tributo, ya que mientras más cerca se encuentre un empleado o jubilado de esos $150.000 brutos mensuales, mayor será la deducción que podrá computar.

Algunos ejemplos pueden ayudar para mostrar fehacientemente esta rotura en la progresividad. Consideremos un empleado soltero, sin hijos y sin más deducciones que la ganancia no imponible y la deducción especial.

Puesto en números: considerando que la ganancia no imponible es de $167.678,40 y que la deducción especial es de $804.856,32, podemos decir que las deducciones que puede computar un empleado en estas condiciones es igual a $74.810,36 mensuales.

Ahora bien, si este empleado cobra $80.000 netos mensuales, la nueva deducción variable tendrá que ser igual a un valor que le permita que su base imponible igual a cero. Por ende, esta cifra deberá ser de unos $5.200 mensuales.

vLa proporción de la deducción respecto del sueldo mensual, en este caso, es del 6,5 por ciento. Sin embargo, esto cambia radicalmente si consideramos un mayor ingreso por mes.vv

Así, si el empleado cobra $124.000 netos mensuales, su deducción especial variable será de poco más de $49.000 mensuales. La proporción, en este caso, es superior al 40 por ciento.

Por otro lado, el hecho de que la norma establezca montos brutos en vez de netos (que es como está determinado hoy en día), no hace más que entorpecer la determinación del impuesto. Más considerando que el SAC queda eximido sólo para los que cobren menos de $150.000 brutos mensuales.

Los menos beneficiados

La flamante ley tampoco es tan buena para aquellos que no fueron alcanzados, ya que la norma no ajustó más que algunas deducciones y, por lo tanto, puede que no los afecte en absoluto este nuevo parche.

No hay que perder de vista que alguien que supera apenas por $1 el nuevo piso, quedará en un nivel cuya alícuota es del 27% y deberá afrontar un impuesto anual de poco más de 115.000 pesos.

Esto mientras que el Poder Ejecutivo no determine una nueva deducción. Recordemos que la norma le permite al Gobierno elevar las deducciones de quienes se encuentren entre los 150.000 y los 173.000 pesos brutos mensuales.

En definitiva, esto no hace otra cosa que establecer una nueva arbitrariedad, ya que ahora no será el Congreso el que decida sobre el devenir del impuesto, sino el presidente de turno el que manejará a discreción estos valores.

Los otros que también se vieron perjudicados fueron los autónomos. A ellos no les corresponderá ninguna deducción variable. Como si se trataran de una especie distinta a la cuarta categoría del gravamen.

Cuando la simplicidad hace a la equidad

Lo que queda claro es que, por más buenas intenciones que existieran a la hora de plantear un proyecto de estas características, no parece que tuvieran del todo claro el objetivo buscado.

Este tipo de reformas que plantean adecuaciones sobre parámetros fijos que se ajustan por indicadores diferentes a los de inflación terminan cayendo en saco roto en el corto plazo.

Es muy probable que los mismos que hoy votaron este alivio, reclamen porque los valores de la nueva ley quedaron desactualizados y quienes hoy festejaron, terminen pagando la fiesta que les habían prometido que era gratis.

Si el verdadero objetivo era ayudar a los trabajadores, lo ideal hubiese sido igualar a los autónomos con los empleados en relación de dependencia y con los jubilados, ya que están en la misma categoría.

A esto habría que sumarle ajustar los parámetros ya existentes por un valor porcentual en base a la inflación de los últimos años y establecer como variable de ajuste para todo concepto el IPC.

De esta manera, se ahorraría el tiempo que hoy se va a invertir en analizar cómo implementar estos cambios, y se permitiría que todas las variables (no solo las deducciones, sino también la tabla que determina las alícuotas) respondan a algo tan palpable como la inflación del momento.

Así, simplificando las cosas es como se puede lograr la equidad. A veces no hace falta más que reconocer lo que pasa en la vida real para poder encontrar una solución simple y eficaz.

Si seguimos gastado el tiempo en intentar ajustar algo a lo que solo le falta reconocer el efecto del aumento de precios constante y damos vuelta las cosas como para ajustarlo a los discursos políticos, nunca vamos a tener tiempo de resolver el verdadero problema, que es la inflación.

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