Más que un ajuste ortodoxo, el país está frente a una licuación del gasto público sin un horizonte de crecimiento del PBI

En algunos medios se lee que el Gobierno decidió aplicar una política económica ortodoxa porque optó por no recurrir más a la emisión monetaria y bajar el déficit fiscal ajustando el gasto. Habría que ver qué se entiende por política ortodoxa, pero en todo caso el Poder Ejecutivo se topa con la dura realidad de haber empeorado la herencia económica que le dejaron a Cambiemos y que Cambiemos se encargó de financiarla con deuda pública y devolverle lo que le habían dejado, salvo en el caso de las tarifas de los servicios públicos, que se había arreglado parcialmente y ahora se volvió al punto de partida con un nuevo retraso.

En lo que hace a la emisión monetaria, el Ministerio de Economía emitió un comunicado unos días atrás en los cuales afirma que dejará de financiarse con la emisión monetaria que hace el BCRA vía los Adelantos Transitorios. Lo que no aclaró es que seguirá financiándose con emisión monetaria proveniente de la transferencia de utilidades del BCRA.

Cabe aclarar que la emisión monetaria para financiar al Tesoro que hace el Central proviene de dos cuentas: 1) Adelantos Transitorios que tienen un límite fijado por ley y 2) transferencia de utilidades surgidas de la creatividad contable por la forma en que el BCRA valúa los bonos que tiene del Tesoro que, por cierto, no sirven para nada. Justamente, en noviembre emitió por ese concepto $60.000 millones.

En lo que va de 2020 y hasta el 20 de noviembre, el BCRA emitió $ 1,7 billones para financiar al Tesoro, de los cuales $1,3 billones se emitieron por transferencia de utilidades y $0,4 billón por adelantos transitorios. De manera que afirmar que la Tesorería no va a recurrir a más adelantos transitorios del BCRA no dice nada respecto a la disciplina monetaria. Es más, el comunicado decía que era hasta fin de año, con lo cual solo queda un mes para “vender” disciplina monetaria. ¿Y después?

Finalmente, en los primeros 10 meses del año, la emisión para financiar al Tesoro fue equivalente al 49% de los ingresos tributarios del fisco, una proporción insostenible. De ahí la decisión forzada de tratar de bajar el déficit fiscal.

Los tres rubros en los que más se disparó el gasto público en ese período en comparación con el año anterior fueron: 1) prestaciones sociales, 75%, no solo por las jubilaciones, sino por el IFE y los ATP; 2) los subsidios económicos, 110%, producto del atraso de las tarifas de los servicios públicos; y 3) transferencia a las provincias, al margen de la coparticipación federal, 201%. En conjunto, sumaron $1,9 billones de los $2,3 billones que aumentó el gasto corriente.

Con fuertes tensiones inflacionarias, el Gobierno va a tener que utilizar menos la emisión monetaria y, aun así, no tiene asegurada la estabilidad de la cantidad de pesos en circulación si llegara a caer la demanda de moneda a niveles más bajos.

Limitado por el lado de los ingresos, a pesar de intentar con el Impuesto a la Riqueza que acaban de aprobar, el Gobierno tiene que recurrir al “maldito ajuste”, pese a que siempre denunció y dice que no se lo va a aceptar al FMI.

Lo cierto es que ya anticipó a través de la presentación al Senado del proyecto de ley de reforma de la fórmula de ajuste previsional que el aumento del 5% que anunció para los jubilados en diciembre será a cuenta del que resulte de aplicar en marzo de la nueva ecuación que combinará la variación de los recursos tributarios destinados a la Anses y el salario promedio de los trabajadores registrados, si es sancionado por el Congreso. O sea, el primer gran ajuste viene por el lado de las jubilaciones, sin distinguir entre los que aportaron al sistema previsional durante su vida laboral y los que no lo hicieron. Iguala hacia abajo.

El otro ajuste pasa por suspender el IFE y la ATP que se establecieron al inicio de la cuarentena y ya no queda margen para sostenerlas, pese a que no se diluyeron los efectos de la crisis sanitaria sobre los sectores más vulnerables.

Además, vienen otros dos ajustes importantes para poder reducir el déficit para tratar de postergar el descontrol total de la economía. La suba de las tarifas de los servicios públicos para achicar la partida destinada a subsidios económicos y reducir las transferencias a las provincias.

En el primer caso, tendría que hacer algo parecido a lo que hizo Cambiemos, pero pagando también el costo político en un año electoral. Y, en el segundo, dependerá de la capacidad de las gobernaciones de equilibrar sus cuentas sin el apoyo extra del poder central.

Causas de la crisis fiscal

El problema fiscal se debe a dos factores: 1) el fenomenal aumento del gasto público que hizo el Gobierno y 2) la caída en los ingresos tributarios, fruto de la cuarentena. De manera que no solo es cuestión de bajar algo el gasto público para reducir el déficit, sino también que se recupere la recaudación, porque los recursos (nacionales y provinciales) son muy muy bajos. Para eso la economía debería tomar una senda de recuperación que es muy tenue por el momento y solo por la menor exigencia de la cuarentena, pero que no permite prever un sendero de reactivación sostenida, según analizó Daniel Sticco en Infobae, en base al desempeño de los indicadores oficiales.

El estimador mensual de actividad económica todavía está 7% por debajo de febrero, el mes anterior al inicio de la cuarentena y 7,5% por debajo de noviembre de 2019, último mes completo de Mauricio Macri en el gobierno.

Por cierto, ese noviembre venía con una economía en caída libre luego de las elecciones. A septiembre, el nivel de actividad estaba igual que en octubre de 2017, que a su vez era similar al de 2007, cuando el gasto público estaba en 33% del PBI, y ahora es 14 puntos porcentuales más alto. Esto da una idea de la magnitud del exceso del tamaño real del Estado que hay que revertir para poder poner orden las finanzas públicas.

Pero, en definitiva, hay dos puntos a resaltar sobre este ajuste que no quiere reconocer el Gobierno: 1) No está enmarcado en un plan económico general que genere confianza. Un plan que incluya reforma monetaria, tributaria, laboral, etc. Por lo tanto, se limita a hacer lo de siempre, cambiar los precios relativos licuando transitoriamente parte del gasto público, atacando el grueso del gasto que son las jubilaciones y pensiones; y 2) No se explicita un programa ordenado para tornar eficiente el gasto.

En síntesis, todo parece indicar que lo que se propone el ministro Martín Guzmán es un ajuste tradicional, licuando algunos gastos, pero de dudoso resultado y corta duración.

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