Datos y ciudadanos: las claves para la resiliencia de los gobiernos post COVID-19

Las sociedades actuales presentan día a día mayores complejidades y por ende desafíos cada vez más complejos. Estos desafíos muchas veces son resueltos por privados, que brindan soluciones y nos simplifican “tareas” para que podamos destinar nuestro tiempo a otras actividades. Los servicios brindados por privados innovan y dan nuevas mejores soluciones día a día. Pero no pasa así con aquellos servicios que debe dar el sector público. El sector público se caracteriza por ser mucho menos innovador que el sector privado. Quizás sea por la falta de competencia o por no ser resilientes a los cambios que el mundo digital nos propone. En ese sentido, los ciudadanos están cada vez mas insatisfechos con los resultados que obtienen por parte de los gobiernos. Como dice Quim Brugué, “no es sólo que lo hagan mal sino que, peor aún, lo que hacen no sirve de nada.”

La fórmula para resolver estos problemas cada día más complejos y que los ciudadanos crean en la eficiencia de la administración pública radica en los mismos ciudadanos y en los datos.

Los gobiernos antes de tomar decisiones deben consultarles a los ciudadanos qué opinan. En definitiva son los usuarios finales de las políticas que ellos habrán de implementar, y nada mejor que la experiencia de los usuarios como inputs para formularlas. Por ejemplo, en Francia realizarán un proceso de democracia por sorteo para construir un plan de acción frente al cambio climático. Son varios los gobiernos que establecen esta clase de procesos participativos para tratar temas complejos y entender que están esperando los ciudadanos e involucrarlos en el proceso decisorio. Es clave que las temáticas para involucrar ciudadanos sean interesantes, ya que, como dijo Oscar Oszlak, “solo se involucran cuando se ven afectados directamente”. Los ciudadanos son parte de este mundo complejo y su interés por participar en procesos como estos radicará en que su aporte pueda ser sustancial, por eso no debe ser masivo. Por otro lado, es fundamental la relevancia de la temática, ya que ser convocados para votar el nombre de una plaza quizás no resulta tan atractivo como una agenda de cambio climático.

El otro punto fundamental para provocar un cambio en los servicios y políticas públicas es el uso de datos. A fines de 2018 la revista The Economist tituló que los datos eran el nuevo petróleo. El sector privado a lo largo de estos años ha evolucionado y desarrollado competencias en el proceso de uso y explotación de datos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la calidad de los servicios. El sector público tiene el desafío de profundizar el uso de los datos para basar sus decisiones en evidencias, diseñar mejores políticas y brindar servicios centrados en el ciudadano.

La pandemia del COVID-19 pone de manifiesto esta situación. Mientras muchas empresas se adaptaron al mundo digital o de hecho ya lo eran, los gobiernos vieron sus capacidades limitadas. Por ejemplo, desde el Poder Judicial, que sigue de feria extraordinaria desde que empezó la cuarentena, o decisiones tomadas por la imagen pública que generan y no a partir de datos y evidencia. Es fundamental poder contar con datos para poder analizar reaperturas de comercios, movimientos y flujos de personas e incluso para poder analizar historias clínicas de pacientes a fin de encontrar una cura para esta enfermedad.

A su vez, esta situación de pandemia nos está llevando a dejar de usar billetes, pasando a usar mas las tarjetas o incluso el telefono móvil para pagar. La app Mi Argentina por suerte digitalizó muchos documentos personales como el DNI, el registro de conducir o la cédula verde, lo cual simplifica mucho. Pero cuán lejos estamos de poder simplificar los trámites y hacerlos todos de forma digital. Muchos trámites que solo representan ir a un mostrador a llevar papeles que el mismo Estado está otorgando, como un DNI, partida de nacimiento, certificados, etcétera.

A nivel mundial hay diversas iniciativas para dotar a los gobiernos de mayor capacidad para utilizar datos de forma segura, respetando los datos personales y sobre todo que garanticen mejores resultados.

La OCDE tiene un área dedicada a dar recomendaciones para uso y gobernanza de datos en gobiernos, pero además ahora realizó junto al GovLab de la Universidad de Nueva York una convocatoria para que gobiernos muestren políticas de uso y apertura de datos como respuesta a los desafíos que presenta el COVID-19.

Por otro lado 14 gobiernos nacionales, entre los que se encuentran incluidos los miembros del G7, lanzaron la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, donde además de promover esta tecnología para dar mejores servicios, se crearán comisiones de trabajo junto a especialistas de la industria, académicos y sociedad civil para abordar el uso ético y la gobernanza de los datos entre otros.

Algo similar está haciendo el Gobierno de España, que convocó a 17 especialistas para escribir la carta de derechos digitales. Esta herramienta de cocreación colaborativa es fundamental para trazar una hoja de ruta de las respuestas digitales que el gobierno debe darle a los ciudadanos.

La resiliencia digital de los gobiernos será fundamental para el futuro. Los ciudadanos quieren más y mejores soluciones. Para poder darlas, los gobiernos tendrán que aprender de esta crisis y prepararse mejor para lo que viene. Para eso hacen falta datos e involucrar a los ciudadanos para poder tomar mejores decisiones, escuchar a los usuarios expertos y además justificar las medidas con evidencia. De esa forma los ciudadanos confiarán en las decisiones.

El autor es profesor titular de la cátedra de Gobierno Abierto de la Universidad Austral y director de Gobierno Abierto del GCBA