El peligroso legado del doctor Zaffaroni

La pandemia no puede utilizarse como excusa para liberar masivamente a condenados por delitos violentos. Lo ocurrido en la cárcel de Devoto, donde nuevamente se empoderó a delincuentes con la anuencia del Gobierno, no puede continuar sucediendo, sin tener que lamentar un espiral de violencia e inseguridad.

El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos.

En el año 2017 sancionamos una modificación a la Ley de Ejecución de la Pena -de mi autoría- con el apoyo de Patricia Bullrich, que además de prohibir las salidas anticipadas a delincuentes violentos, en casos tales como homicidios, violaciones y robos con armas, le reconocía a la víctima la posibilidad de dar su opinión al juez de ejecución ante cualquier planteo hecho por el condenado respecto a sus salidas transitorias; libertad condicional o la prisión domiciliaria, sea porque se trata de supuestos anteriores a la sanción de la ley, o por tratarse de delitos leves. Asimismo, se estableció que los jueces que incumplan y omitan la participación de la víctima, incurren en falta grave. Hoy exigimos que los jueces cumplan con la ley y que las víctimas sean escuchadas como prevé la norma.

Es imprescindible, asimismo, que todas la unidades penitenciarias cuenten con atención médica y protocolos que garanticen la seguridad, el orden, la alimentación y el saneamiento, a fin de impedir el contagio intramuros de COVID-19.

También es necesaria la adopción de medidas para evitar el hacinamiento, habilitando nuevos pabellones dentro de los establecimientos. En el Sistema Penitenciario Federal, las últimas estadísticas dan cuenta de que no existe superpoblación, sino que por el contrario, se encuentran plazas liberadas respecto del total, lo que supone un dato alentador en este sentido. Por otro lado, la construcción de hospitales modulares en apenas semanas demuestran que, existiendo decisión política, la situación de hacinamiento de las cárceles en las provincias, puede resolverse en el corto plazo.

La crisis por la liberación de presos en la cárceles fue autogenerada por el Gobierno, fruto de sus concepciones ideológicas y los compromisos con los compañeros caídos en desgracia en causas de corrupción.

Hay que recordar que desde diciembre, mucho antes de la pandemia, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires vienen alentando la liberación anticipada de presos, adhiriendo a los postulados y recomendaciones de Zaffaroni.

Además, el motín de Devoto tuvo como antesala el pedido del secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamado la libertad de Ricardo Jaime, Luis D’Elia y Lázaro Báez, mientras Amado Boudou recuperaba la suya, pese a tener una condena confirmada en segunda instancia. Esos hechos, claro está, no podían pasar inadvertidos por los “presos comunes”, quienes ante esos injustificados pedidos reclamaron igualdad de trato.

El propio Presidente de la Nación se ha mostrado a favor de las prisiones domiciliarias en épocas de pandemia, lo que supone el más fuerte aval político al reclamo por la liberación de quienes se encuentran en los penales. De hecho, el secretario de Justicia de la Nación, habilitó la convocatoria a una mesa de diálogo integrada por el Poder Ejecutivo, la Justicia y los presos donde, entre otros temas, se comprometieron a abordar: la ley de cupo, la compensación de pena y su conmutación. Negociar con presos condenados, condiciones de liberación, es inaceptable en un estado de derecho.

Es incomprensible el accionar del Gobierno que, por un lado, aísla y encierra en sus casas a millones de personas, deja varados a miles de argentinos en el exterior, sin posibilidades de ingresar al país, y por el otro, propicia la libertad delincuentes condenados, colocando en situación de riesgo a la población en general y a las víctimas en particular, dándose casos aberrantes como la de violadores retornando a domicilios cercanos a los de sus víctimas. La pandemia no puede transformarse en el salvoconducto para obtener la libertad anticipada de quienes violaron o mataron.

No podemos perder de vista que el fin y justificación de las penas es, en definitiva, proteger a la sociedad frente al crimen, como postula la regla 58 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas de Mandela”, que -para nuestro país- conforman el estándar de trato digno, exigido por el artículo 18 de nuestra Constitución, conforme ha dicho la Corte Suprema de Justicia.

La pandemia ha modificado nuestros hábitos de vida, donde hemos aceptado restricciones a nuestras libertades individuales, en pos del bien común y a fin de evitar un mal mayor, como lo sería el contagio masivo de las personas de riesgo. Donde incluso, el incumplimiento a las normas de aislamiento, está penado con prisión.

Las decisiones del Gobierno nos llevan a tener, paradójicamente, victimas e inocentes encerrados y delincuentes en libertad fuera de las cárceles, algo que anticipaba el tango Cambalache cuando cerraba diciendo que “es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley”. Cuando se incumplen las condenas, cuando se libera anticipadamente presos desprotegiendo a la sociedad, no hay otra cosa que impunidad. Esa es, nuestra pandemia de todos los días.

El autor es diputado nacional (UCR)