Vivir en emergencia: salud, crisis y medicina prepaga

Argentina es un país acostumbrado a vivir en emergencia. No es un decir, es la brutal realidad con la que lidiamos silenciosamente desde hace años. Mientras el gobierno y la oposición debaten sobre los alcances de una eventual emergencia en materia de Salud -entre otras tantas emergencias-, pocos parecen advertir que nuestro país ha prorrogado la Emergencia Sanitaria desde el año 2002. Gobierno tras gobierno, sin distinción de símbolo político, han naturalizado las alertas rojas y nosotros, los ciudadanos, hemos asistido a esa decadencia con algo de resignación y una buena dosis ignorancia útil.

Allá por el 2002, en una Argentina aún electrizada por un diciembre trágico, el Decreto 486/2002 declaraba la Emergencia Sanitaria Nacional a efectos de garantizar a la población “el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud” con la mira puesta en cuatro ejes: “restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas con servicios de internación”; “garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social”; “garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas” y “asegurar a los beneficiarios” del PAMI “el acceso a las prestaciones médicas esenciales”.

Ese decreto, que pretendía ser un parche urgente con fecha de vencimiento el día 31 de diciembre de 2002, fue prorrogado trece veces consecutivas -en algunos casos, con salvedades a la norma original- hasta llegar a la actualidad: el artículo 113 de la Ley 27.431 resolvió que entre el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, seguiríamos entre los algodones de una emergencia sanitaria jamás resuelta. No solo nos hemos acostumbrado a vivir en la emergencia sino que hasta nuestros dirigentes han consentido “atar con alambre” una situación que debería ser un mal trago del que hay que reponerse, un accidente catastrófico que requiere una solución y no un mero paliativo.

Los cuatro lineamientos que inspiran el Decreto 486/2002 gozan de dolorosa vigencia. ¿Qué cambió de aquella época a hoy en lo que respecta a la salud? Hemos sumado un Programa Médico Obligatorio que da un piso de coberturas médicas básicas, una Ley de Medicina Prepaga y otras tantas leyes como de Trasplantes de Órganos y Tejidos, de Reproducción Médicamente Asistida, de Trastornos Alimentarios, entre otras.

Lo cierto es que pese a la compleja ingeniería jurídica -que representa un inexorable avance en materia de derechos para los ciudadanos-, la emergencia se deja ver con flagrancia en Tribunales: alcanza con acercarse a los escritorios de la Cámara Civil y Comercial Federal, en la planta baja del Palacio de Justicia, para advertir la preocupante cantidad de amparos de salud que se inician por día. No es culpa de la “industria del juicio” -estigma con barniz político que sirvió de palanca para modificar criterios favorables al trabajador en los juzgados laborales- sino de la falta de controles, escasas herramientas estatales y del avance de las empresas de medicina prepaga y obras sociales incumplidoras.

Civil y Comercial Federal, un fuero que se preciaba de ordenado y de llevar expedientes con disputas marcarias o litigios de particulares contra empresas con participación del sector público, hoy continúa teniendo competencia en esos asuntos pero principalmente se ve abarrotada de pedidos de cartas de ciudadanía y de amparos de salud. La superpoblación de las acciones de amparo con el fin de obtener medicamentos para un abuelo, lograr la reafiliación de un paciente necesitado o el tratamiento de una persona con discapacidad, habla a las claras del detrimento en la calidad de vida de los que tienen el privilegio de contar con el respaldo de una obra social o prepaga.

El desastre de Incluir Salud (Ex PROFE)

Pero la emergencia, cuándo no, golpea de forma despareja. Los que no cuentan ni con una empresa de medicina prepaga ni con una obra social que los respalde, son los principales objetivos a apuntalar: personas que, por ejemplo, deben recurrir a los hospitales públicos para recibir atención médica. Si bien las medidas que hoy se evalúan contemplan mejorar la calidad de vida de ese sector, existe otra franja que se encuentra en estado de abandono y nadie parece advertirlo (o aún peor, interesarse en ello): aquellos que poseen pensiones no contributivas y cuentan con el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), una precaria cobertura médica que es evitada por numerosos prestadores atento al atraso en los pagos y a la deuda arrastrada por dicho programa. En este espectro se encuentran miles y miles de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos, personas con discapacidad, sin más recursos que una pensión: a ellos, el Estado les viene fallando desde hace años.

El gobierno de Mauricio Macri agravó esa situación: hoy, el programa Incluir Salud es un incumplidor consuetudinario de sus obligaciones. Vale decir, un incumplidor que se sabe privilegiado y con inmunidad, ya que es sabido de lo complejo -por no decir imposible- de embargar las arcas públicas frente a una contienda judicial; los abogados que representan al Estado no tienen facultades para realizar acuerdos y en caso de multas e intimaciones, Incluir Salud hace caso omiso.

“Hace cuatro años que luchamos por el traslado de un paciente a otra institución”, me confesó hace pocos días personal de una Defensoría, y enfatizó: “Dos multas le pusimos. No hay forma de que cumplan”. ¿Podrá el nuevo ministro sacar al Programa Federal Incluir Salud del estado de abandono en el que se encuentra y, por ende, a todos esos beneficiarios que permanecen sometidos frente a un Estado que les dio la espalda?

Prepagas: grandes ganadoras

No es sencilla la tarea que Ginés González García tiene por delante: además de mejorar la atención de los usuarios que reciben cobertura del sistema público, deberá atender la voracidad de las empresas de medicina prepaga, que en 2019, con la venia del gobierno, lograron cobrar aumentos a sus clientes por un acumulado de 60,67%, es decir que en el último año de Cambiemos al frente del Poder Ejecutivo, las prepagas impusieron aumentos holgadamente superiores a la inflación. Entre enero de 2015 y diciembre de 2019, la cuota de los planes de medicina prepaga aumentó un 448,02%, según datos recabados por la Defensoría del Pueblo de CABA. En el medio, los usuarios, que para no perder tratamientos, consultas médicas y coberturas de medicamentos, debieron ajustarse para conservar la cobertura de salud.

No conforme con haber establecido aumentos que estuvieron por encima de la inflación -recordemos: aumentos siempre autorizados y acordados con el oficialismo de entonces-, el gobierno premio por decreto (el nº 66/2019) a las compañías que brindan servicios de salud con una normativa inconstitucional e irresponsable, que pretende cambiar ciertas reglas del marco legal de la Medicina Prepaga. Más allá de ir en flagrante contradicción con el Derecho de la Salud, pretende acercar cuantiosos beneficios a las empresas en desmedro de los millones de usuarios que cuentan con una prepaga en Argentina. A principios de año, el 22 de enero, cuando aún los más afortunados se sacudían la arena de los pies en algún rectángulo vacacional, Macri hizo un guiño definitivo a las empresas de medicina prepaga, facilitándoles la posibilidad de que aumenten las cuotas a los usuarios en razón de su edad.

Esto implica que más allá de los aumentos autorizados -que como dijimos, en 2019 implicaron un acumulado del 60,67%-, según el decreto de la discordia, las empresas de medicina prepaga podrían elevar sus cuotas a los usuarios al llegar a una determinada edad, una práctica tan utilizada por las coberturas privadas de salud como repudiada por la Superintendencia de Servicios de Salud -Autoridad de aplicación en la materia- y la Justicia, que al día de hoy, advierten a las compañías que solo pueden aplicar cambios de tarifa al ingreso de la relación contractual con los usuarios (y no durante la vigencia del contrato). González García también deberá atender a esta bomba de tiempo en puerta para no dejar expuesto ese frente contradictorio, que viola desde principios constitucionales básicos en materia de Salud hasta normas vinculadas al consumo, todo en beneficio de las empresas de medicina prepaga, bendecidas por la simpatía empresaria del gobierno anterior.

El Derecho es Política

En su libro “La enseñanza del Derecho como forma de acción política”, el célebre Duncan Kennedy -profesor en Harvard y uno de los máximos exponentes de la corriente crítica del Derecho- afirma que “gran parte del trabajo crítico acerca del derecho ha sido de orden histórico: rastrear cómo las elites utilizaron conscientemente la ley en provecho propio y, al mismo tiempo, ver cómo el pensamiento jurídico menos consciente opera como una visión del mundo que reconcilia a la gente con el statu quo haciéndolo parecer natural y justo, y sobre todo poderoso”.

Kennedy entiende -en pocas palabras- que el derecho es política. El gobierno entrante tiene la oportunidad de definir qué clase de política hará en torno a la Salud, y a la vez, tiene el desafío y la obligación de hacerlo sin demora. La creación de un fuero Federal de Salud puede ser un gran punto de partida para comenzar a descomprimir la asfixia sobre la Justicia. Estudiar e incorporar criterios internacionales en relación a medicamentos aún no aceptados por nuestros protocolos locales, aceitar los engranajes del Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis, facilitar la representación de familiares de pacientes para peticionar en su nombre por coberturas médicas, imponer sanciones más duras a las prepagas y obras sociales incumplidoras, dotar de herramientas sancionatorias eficientes a la Superintendencia de Servicios de Salud, son algunas de las opciones que pueden servir para dar una batalla seria a la emergencia sanitaria que aún hoy nos sacude. De otra forma, sin decisión política, seguiremos repitiendo y legitimando los errores que nos trajeron a este presente postergado.

El autor es abogado y periodista