A 10 años del fallo Arriola, nada ha cambiado

En agosto del año 2009 se podía leer en los principales titulares de los diarios de la Argentina que la Corte había declarado inconstitucional un artículo de la ley de drogas 23.737 y, por ende, despenalizaba la tenencia para consumo personal mientras no afectara a terceros y fuera mayor de edad.

En los años siguientes fueron presentados en el Congreso de la Nación distintos proyectos que buscaban cumplir con el fallo de la Corte y así lograr una ley de drogas que se ajuste a nuestra Constitución. Desde las bancadas del Frente Para la Victoria, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y desde el Generación para un Encuentro Nacional se presentaron iniciativas que buscaban dejar de castigar y penalizar al consumidor.

Por el año 2012 se llegó a redactar un proyecto consensuado entre todos los que habíamos presentado propuestas en la Cámara de Diputados de la Nación. Todo hacía suponer que nuestro país iba a ser uno más dentro del concierto internacional que no persigue y estigmatiza a los usuarios. Se decidió antes de la discusión en comisiones realizar jornadas abiertas donde todos pudieran dar su visión sobre el tema. Durante tres días, distintos actores sociales, religiosos, políticos, jurídicos y especialistas expusieron ante los legisladores sus distintas miradas sobre las políticas de drogas y sobre la despenalización en particular.

Como resultaba imposible sostener o argumentar que a un consumidor se lo debe encarcelar, perseguir, castigar o estigmatizar, los argumentos de los opositores al proyecto despenalizador fue: "Hay que despenalizar pero no es el momento".

Entonces se impuso el "despenalicemos pero no ahora". Rescato de las muchas declaraciones de aquellos días las de un defensor del paradigma represivo (la guerra a las drogas), el entonces diputado Eduardo Amadeo, quien decía: "Estamos buscando una solución que despenalice, pero a la vez que promueva un rol del Estado en tema de salud y prevención".

Entonces tomó fuerza la idea y logró imponerse que para despenalizar se debía primero contar con mecanismos de prevención y asistencia que en ese momento no existían. Producto de ese razonamiento, se aplazó el debate despenalizador y se comenzó a trabajar en la elaboración de un proyecto que propiciara las circunstancias para así después sí despenalizar.

Saltamos, entonces, al año 2014, cuando se sancionó la ley 26.934, el Plan Integral para Abordaje de Consumos Problemáticos (IACOP). Una muy buena ley que establecía acciones preventivas, de asistencia y de reducción de daños muy interesantes que por supuesto requerían de la decisión política de desarrollarlas y del presupuesto correspondiente.

Desde entonces pasaron 18 meses del gobierno de Cristina Kirchner y 44 del de Mauricio Macri. Ninguno ni siquiera reglamentó dicha ley. Haber ignorado la norma es en sí un claro mensaje político. No les interesó avanzar en los mecanismos que la legislación fijó.

Hoy, a 10 años del fallo Arriola, se sigue persiguiendo y estigmatizando a los consumidores. Seguimos abriendo causas judiciales a ciudadano que solo tienen cantidades para el consumo personal. Seguimos haciendo estadísticas y seguimos gastando recursos económicos y humanos en causas que se archivan. Según el informe presentado por el fiscal federal Federico Delgado, casi el 65% de los expedientes abiertos durante un turno con las fuerzas de seguridad son por "consumo personal" de drogas.

No conformes con perseguir a los consumidores, también perseguimos y encarcelamos a madres que plantan cannabis para poder suministrarles a sus hijos una medicina que mejora radicalmente su calidad de vida. Siempre se puede ser más inhumano e irracional en la lucha contra las drogas.

Es hora de sincerar el debate. Los que se opusieron en 2012 a cumplir con un fallo de la Corte son los mismos que no quieren que se reglamente la ley que implementa el Plan IACOP. No tuvieron ni tienen la voluntad de dejar de perseguir y estigmatizar a los consumidores, en especial a los que pertenecen a los sectores más humildes de la sociedad.

Lo expuso recientemente la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al afirmar: "Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo".

Es el Congreso, son nuestros legisladores quienes deben, con honestidad intelectual, protagonizar un debate que nos lleve a una nueva política de drogas. Donde pensemos en los sujetos de derecho y no en las sustancias. Donde además de cumplir con el fallo de la Corte Suprema (ese solo objetivo bastaría) dejemos atrás la política represiva que solo trajo aumento de los consumos, del narcotráfico y la violencia, clandestinidad, y avasallamiento de los derechos humanos.

El autor fue diputado nacional (2007-2015). Ex presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico (2009-2011). Actualmente integra la Asociación Civil Miradas-Para una Nueva Política de Drogas.