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El alarmante aumento de la pobreza registrada en el último año constituye un alerta para desentrañar uno de los grandes dilemas de la Argentina, que trasciende los gobiernos y se perpetúa por décadas. Actualmente los esfuerzos estatales no parecen ir en una dirección de combate a la pobreza, en tanto la evolución de los principales indicadores económicos revelan que, de continuar por este camino, la pobreza podría incluso crecer todavía más: de 2015 a la fecha, el desempleo pasó del 5,7% al 12%; el salario mínimo, de 589 a 277 dólares; el PBI per cápita cayó siete puntos porcentuales; la inflación se duplicó y los niveles de endeudamiento externo ya prácticamente superan el producto bruto. En este contexto, la tan promocionada "pobreza cero" de campaña emerge como uno de los grandes pendientes de la gestión actual.

Sabido es, de todas maneras, que abordar una problemática tan compleja implica encarar otros fenómenos vinculados, aún más difíciles de resolver. En general, hoy se asocia la pobreza a la desigualdad y se entiende que, en la medida que no se actúe sobre esta, será difícil mostrar resultados que impliquen mejoras sensibles en esta realidad tan dramática y penosa.

La desigualdad tiene diversas facetas y son un subproducto de la pobreza. Basta profundizar en los últimos datos contrastados para reflejarla: el noreste (Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas) es la región del país más comprometida, donde la pobreza alcanza el 40,4% (desigualdad territorial). La brecha promedio a nivel nacional de la pobreza por hogares, es decir, lo que ganan en promedio los hogares pobres versus lo que deberían ganar para no ser pobres trepó al 38,9% (desigualdad de ingresos). El impacto de la pobreza es relativamente más alta en niños y niñas: el 46,8% de los menores de 14 años hoy en Argentina es pobre (desigualdad etaria). En nuestro país, además, las mujeres ganan en promedio un 26% menos que los hombres, con tendencia creciente en cargos jerárquicos y mayor incidencia en provincias como Jujuy, La Rioja, Santa Cruz o Chubut (desigualdad de género).

En suma, hablar de pobreza implica reconocer la desigualdad y las maneras que en que se expresa. La clave para encararla más decididamente —y pensar políticas públicas que actúen en consecuencia— pasa por empezar a incorporar como prioritario tema de agenda el abordaje de la desigualdad en sus múltiples dimensiones.

¿Cómo diferenciamos pobreza de desigualdad? Efectivamente, la desigualdad revela la forma en que un elemento se encuentra distribuido más o menos uniformemente (ingreso, educación, servicios sociales) y refiere a medidas relativas de bienestar (ingresos salariales, educación superior, incidencias de enfermedades, etcétera). La pobreza, a su vez, aparece como un concepto más descriptivo del estado de falta o carencia, mientras que la desigualdad es un concepto relacional y dinámico. Permite ver las relaciones entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, y pone hincapié en las causas y los factores que generan ese proceso de desigualdad. A su vez, se manifiesta incluso en las actividades económicas más prósperas que tiene nuestro país, aquellas donde concentra buena parte de sus esperanzas de futuro promisorio, de ahí que sea más difícil de ver y, por tanto, de operar sobre ella.

El ejemplo más claro es Vaca Muerta: aún con toda la potencialidad que representa, su desarrollo ya está generando impactos sociales y una estratificación muy marcada entre los petroleros y el resto de los trabajadores. Y se da una paradoja: así como en Neuquén el complejo hidrocarburífero hace subir la tasa de empleo más marcadamente que en otros distritos, también dispara el nivel de pobreza, en tanto crece el piso de la canasta básica y los precios se mueven "a nivel petrolero", relegando a una parte importante de la población que no trabaja directamente en este sector.

Estos niveles de desigualdad son preocupantes por razones de equidad y de eficiencia. Una alta desigualdad reduce el crecimiento económico debido a que: 1) motiva en parte los marcados índices de delincuencia y violencia en los países de la región, lo que, a su vez, afectan su crecimiento; 2) ello se traduce en mayores niveles de pobreza (con un mismo ingreso per cápita), lo cual limita la acumulación de capital físico y humano, y, por tanto, reduce de manera indirecta las tasas de crecimiento; y 3) al ampliar el efecto de las conmociones externas, eleva la volatilidad del producto, lo que perjudica el crecimiento económico de varias maneras.

Las consecuencias de esta desigualdad son muchas. La desigualdad obstaculiza la necesaria cohesión y dificulta el crecimiento económico sostenible. No solo tiene impactos estrictamente económicos, sino que perjudica el fortalecimiento de los sistemas democráticos, la participación e identificación de la mayoría de la población con sus instituciones (la proliferación de partidos antisistema o dirigentes que concitan apoyo popular sobre la base de posiciones maximalistas y hasta antidemocráticas son una preocupante manifestación en este sentido). Tal como sostiene Naciones Unidas: "Los hechos demuestran que, por encima de un determinado umbral, la desigualdad perjudica al crecimiento y la reducción de la pobreza, a la seguridad, a la calidad de las relaciones en los ámbitos público y político de la vida, y al sentimiento de realización y autoestima de las personas".

América Latina en general y Argentina en particular tienen un enorme desafío a encarar incorporando estos temas en agenda y consagrando medidas de largo plazo sobre la base de amplios consensos políticos.

La autora es coordinadora académica del Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flacso. Investigadora visitante del Instituto Gino Germani de la UBA y Directora del Cedep.