
En los últimos tiempos el Papa ha sido objeto de reclamos de una intervención más enérgica en la crisis venezolana.
Los que con mayor vehemencia exigen que Francisco condene al régimen actual son por lo general los mismos que piden una separación Iglesia – Estado; algo que ya existe en los países de mayoría católica. Al Papa se le pide que no se inmiscuya en asuntos que, dicen, son de orden civil o de resorte exclusivo del Estado laico, pero si el asunto se complica, ahí sí se le pide que intervenga e incluso resuelva crisis que son de Estado.
Son reclamos que suenan más a excusa para criticar que a un verdadero deseo de que El Vaticano intervenga de algún modo.
De hecho, la crisis de Venezuela no es la única en el mundo que está generando enfrentamientos civiles, represión sangrienta, pobreza y refugiados; y el Papa ha intervenido en todas en la medida de sus posibilidades.
La autoridad del Sumo Pontífice es de orden moral; no tiene resortes de orden físico para ejercer presión sobre un gobierno, en el supuesto de que considerara que corresponde hacerlo. "El Papa no tiene divisiones", diría Stalin. Tiene algo más importante que el poder material que es la autoridad espiritual. Pero si los actores en el terreno no se remiten a ella, esa autoridad queda en el plano potencial. No se ve, pero está allí como recurso de última instancia, como una reserva a la cual apelar en caso de extrema necesidad. Puede transformarse en un poder incluso mayor que el de otros Estados.
Históricamente, la Santa Sede mantiene una actitud de prudencia y de equidistancia para actuar con el mayor grado de ecuanimidad cuando la circunstancia lo amerite. En estos días, no faltó quien comparara a Jorge Bergoglio con Karol Wojtyla. Juan Pablo II sí habría sido un Papa valiente y duro en sus definiciones, afirman algunos, como si en vida no lo hubieran criticado con los mismos parámetros con los que lo hacen hoy con Francisco.
En tiempos de la dictadura argentina (1976-1983), Paulo VI intervino en favor de varias víctimas de la represión -entre ellos, el hermano del Che, como surge de la apertura de los archivos vaticanos- y Juan Pablo II medió entre la dictadura argentina y la chilena para frenar una guerra fratricida.
Pero ninguno de los dos Papas condenó públicamente ni rompió relaciones con esos regímenes de facto, porque El Vaticano tiene la responsabilidad de mantener abierto un canal de diálogo, por estrecho que sea. La Santa Sede, por ejemplo, nunca interrumpió sus lazos diplomáticos con Cuba, pese a que el régimen castrista prohibió hasta la Navidad.
El estatus de la diplomacia vaticana es único. No se puede analizar la "política exterior" papal con los mismos parámetros que la de cualquier mandatario de otro Estado. La Santa Sede tiene feligreses -"ciudadanos"- en todo el mundo y eso es determinante en su diplomacia.
El Estado Vaticano tiene representantes -nuncios- en más de 170 países. Un nuncio puede ser expulsado, pero rara vez retirado. No es un simple embajador: cumple una función diplomática pero también otra más importante que consiste en ser el nexo entre las congregaciones locales y Roma.
El equilibrio y la prudencia que suelen ser la regla en la política exterior de la Santa Sede tienen dos objetivos: proteger a la grey local de eventuales arbitrariedades, y a su vez evitar ser parte de las fracturas político-sociales. Porque, de hecho, la feligresía católica es heterogénea, tanto en lo social como en lo ideológico. La Iglesia católica por definición es ecuménica.
La diplomacia vaticana es una diplomacia "desarmada". Pero por eso mismo suele tener un importante protagonismo en las negociaciones de paz; además de la ya citada mediación entre Argentina y Chile, pensemos en la ex Yugoslavia, en Burundi (donde la negociación le costó la vida al nuncio Michael Courtney, asesinado en una emboscada en 2003), en Cuba o más pronto que tarde en Corea.
Ahora, Nicolás Maduro ha apelado a esa intermediación. Y Francisco ha respondido que está dispuesto, a condición de que el pedido venga también de Juan Guaidó.
El carácter moral de la autoridad papal es precisamente lo que habilita a que las "partes" puedan remitirse ante un "todo" respecto del cual es posible reconocerse.
Pretender que, para contentar a un puñado de personalidades que sólo militan indignación mediática, el Vaticano sacrifique ese potencial de autoridad en el altar del corto plazo es absurdo y contrario incluso a los intereses del país y del pueblo en cuestión.
Finalmente, la prudencia en el caso venezolano no ha sido sólo pontifical, contra lo que puede parecer a primera vista.
Estados Unidos es el país que más herramientas de presión tiene sobre Venezuela por la simple razón de que es su primer socio comercial: compra algo más del 40 por ciento de su producción petrolera. Sin embargo, recién el 28 de enero pasado Washington aplicó, por primera vez en todos estos años, sanciones a PDVSA y su filial en Estados Unidos, Citgo: congelamiento de los activos por valor de 7.000 millones de dólares y derivación de los ingresos por ventas a un fideicomiso del que no podrá disponer Venezuela mientras siga Maduro como presidente.
Es decir que, pese a las reiteradas provocaciones del gobierno bolivariano, a un Hugo Chávez llamando "diablo" al presidente George Bush en la ONU, a las diatribas de su sucesor y al agravamiento de la crisis en el plano económico, social, político e institucional, Estados Unidos se tomó todo el tiempo necesario para sopesar la conveniencia de dar un paso tan drástico.
Las sanciones aplicadas por Barack Obama en años anteriores estuvieron dirigidas a algunos altos jerarcas del régimen en forma particular pero no al estrangulamiento de la economía del país. Algo que debió haber sido positivamente valorado por la internacional de simpatizantes chavistas siempre lista para denunciar "bloqueos" de los "poderosos".
Esta paciencia ha servido para poner en evidencia la inoperancia del régimen que no puede alegar un boicot externo como justificativo al desastre actual.
Y la actitud del Papa, criticada desde la ignorancia histórica, le ofrece hoy un mayor abanico de posibilidades a Venezuela.
El eventual diálogo entre las partes podrá ser patrocinado por otros Estados que pueden imponer un orden físico o realizarse en el contexto de una autoridad espiritual.
Los dirigentes tienen la palabra.
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