Desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) venimos llevando adelante un proyecto sistemático de investigación sobre las finanzas públicas a nivel municipal en el Gran Buenos Aires, en sus múltiples dimensiones, es decir, tanto en la comparación entre comunas, provincias-municipios y GBA-Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En agosto de 2017, presentamos una primera aproximación al estudio del gasto público en los municipios que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En ese caso, encontramos que las capacidades públicas en términos de recursos a nivel comunal lucen altamente dispares en el AMBA, lo que induce un desbalance estructural de un lado y el otro de la avenida General Paz.

Partiendo de esta última observación, en abril de este año presentamos un trabajo cuyo principal foco de atención fue comenzar a profundizar el análisis respecto de las fuertes heterogeneidades que existen al interior de los municipios que componen el GBA, fundamentalmente, en lo que hace a la generación de recursos a nivel municipal.

Encontramos que los municipios del Conurbano bonaerense muestran enormes disparidades, tanto entre sí como con el resto de las comunas de la provincia de Buenos Aires. En un contexto de atraso relativo considerable, el actual esquema de coparticipación tiende a poner en una situación de potencial fragilidad financiera a las administraciones municipales, en un espacio de elevadas y crecientes demandas de parte de la población.

Más recientemente, presentamos una nueva investigación donde buscamos dar una primera aproximación a la estructura del gasto municipal durante el año 2017. Ante la falta de información consistente y actualizada de organismos provinciales, recurrimos a fuentes municipales para construir nuestra base de datos.

Con base en información de 20 municipios (sobre 24 posibles) del GBA encontramos, una vez más, que no existe una política común para el gasto entre las diferentes administraciones. En promedio, los municipios del GBA aplicaron el 43,4% de sus erogaciones para cubrir gastos de personal. Este valor está en línea con el porcentaje que destinó a esta partida la administración provincial (AP, 45,7%), aunque en algunos casos el elevado nivel del gasto en personal caracteriza la gestión municipal (por ejemplo, Moreno, Merlo o Quilmes), mientras que en otros se otorga alguna mayor prioridad a la obra pública (por ejemplo, Lanús, San Fernando, José C. Paz, Malvinas o Ezeiza).

Estilizadamente, podemos decir que existe una relación negativa entre el pago de salarios y la ejecución de obra pública, aunque esta realidad debe ser tomada con alguna precaución. Por ejemplo, para algunos municipios (como Lanús) el impulso inversor parece provenir fundamentalmente de los aportes que realiza el Gobierno nacional, lo que da espacio a marco institucional débil a la hora de discutir mecanismos de asignación de recursos.

Lo anterior llama, nuevamente, la atención sobre la discusión respecto del actual sistema de coparticipación municipal y su desfase temporal, cuestión que desde el CEM hemos mencionado en diversas oportunidades.

En efecto, la realidad fiscal del Conurbano bonaerense luce compleja, trazada por inequidades productivas y sociales, en un contexto de abiertas divergencias en la estrategia fiscal de las diferentes comunas. Definir un marco adecuado para las finanzas municipales implica necesariamente rediscutir la relación fiscal entre provincias y municipios, las potestades de recaudación a nivel comunal y las obligaciones de gasto que recaen.

El autor es coordinador área de estudios fiscales del CEM.