La Argentina y la defensa nacional en el siglo XXI

El presidente Mauricio Macri ha dejado muy en claro cuál es el objetivo del plan de reforma y reorganización del sistema de defensa nacional: "Saldar la deuda que la República Argentina tiene con las Fuerzas Armadas democráticas".

En el año 2006, durante el kirchnerismo, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré dictó el decreto 727. Por este decreto, la intervención de las Fuerzas Armadas solo era posible si provenía de una agresión estatal militar externa, impidiendo por consiguiente el accionar de estas ante agresiones de otro origen, lo que es a todas luces insostenible teniendo en cuenta el flagelo del terrorismo en el mundo y el fenómeno creciente de las guerras asimétricas. Se limitaba así inexplicablemente el cometido previsto por la ley de defensa y la Carta de Naciones Unidas.

Dicho marco jurídico dispuesto por el decreto 727 fue acompañado por desfinanciación y desinversión, lo que ocasionó un profundo deterioro de nuestras Fuerzas Armadas, que quedaron incapacitadas de hecho para cumplir con el cometido establecido en la legislación vigente y la manda constitucional.

La reforma propuesta por el Ejecutivo retoma el verdadero alcance y sentido de la ley de defensa, pero además introduce la doctrina empleada en los países más desarrollados del mundo a la hora de profundizar y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales e incluir al ciberespacio como nueva dimensión de la defensa nacional.

Con ello se busca que las Fuerzas Armadas colaboren y apoyen logísticamente con Gendarmería y Prefectura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en zonas de fronteras. Pero además como parte del sistema de defensa intervengan en la custodia de objetivos estratégicos de interés para la nación, como yacimientos hidrocarburíferos y represas hidroeléctricas, por citar algunos ejemplos.

El "apoyo logístico" al que se hace referencia implica la colaboración en materia de transporte y movilización, mejora de caminos, construcción de puentes y accesos. Es decir que las Fuerzas Armadas no abandonarán sus funciones principales ni se involucrarán en tareas propias de seguridad interior.

Desde la oposición quienes critican olvidan en algunos casos sus acciones de Gobierno —como el kirchnerismo que desplegó más de cinco mil hombres en el operativo Escudo Norte e intentó que el ejército ingresara en las villas— y en otros sus promesas de campaña —el Frente Renovador anunciaba un ejército a la par de las fuerzas de seguridad combatiendo el narcotráfico. También olvidan que designaron al frente de las Fuerzas Armadas a una persona sospechada de haber cometido delitos de lesa humanidad y que firmaron un repudiable memorándum de impunidad con Irán en lugar de buscar justicia y condena a los responsables de actos terroristas en suelo argentino.

Cuando se trata de combatir delitos que trascienden las fronteras y de organizaciones criminales cuyo poder pone en riesgo no solo la seguridad de la población sino la soberanía misma del Estado o su integridad territorial, los métodos tradicionales de prevención no resultan suficientes. La persecución del crimen organizado transnacional requiere de un incremento de los recursos operativos en el marco de las leyes vigentes. A ello se suma la modernización, la desburocratización, la formación y la especialización profesional de las Fuerzas Armadas.

Es fundamental que la República Argentina pueda consolidar un sistema de defensa acorde a las necesidades y las amenazas del siglo XXI. La reforma propuesta sienta las bases para ello.

El autor es diputado nacional, miembro de la Comisión de Defensa.